El documento agrega que los magistrados Ana María Ibarra Olguín, Yaremy Patricia Penagos Ruiz y Alfredo Enrique Báez López actuaron “con sesgo y consigna política” y que su decisión “exhibe su alineación con un proyecto político, dejando de lado los derechos de los contribuyentes”. Según Elektra, se ignoraron impedimentos procesales previamente planteados y se omitió aplicar correctamente la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2012.
El monto reclamado por el SAT se suma a otros casos similares en los que el fisco ha exigido pagos retroactivos a grandes contribuyentes. En los últimos años, empresas como Walmart, BBVA México, Grupo Modelo y América Móvil han accedido a saldar sus adeudos, en medio de una política de fiscalización más estricta impulsada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
A diferencia de esos casos, Grupo Salinas ha adoptado una postura abiertamente confrontativa. La relación entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal se tensó cuando el empresario acusó un trato injusto por parte de las autoridades fiscales. En varias ocasiones, ha señalado que el SAT intenta cobrar el mismo impuesto dos veces, aludiendo a una duplicación de ISR derivada de criterios que, asegura, no se apegaban a la normatividad vigente.
“Esta decisión muestra una de las consecuencias más graves de la farsa electoral judicial: resoluciones guiadas por intereses y presiones políticas. Ayer fuimos víctimas de ello”, aseguró la compañía en el comunicado, que también anticipa que agotará todas las instancias legales disponibles para revertir el fallo.
Según la postura del grupo, el tribunal violó el debido proceso al negar el amparo solicitado en lugar de remitir el asunto a otro órgano jurisdiccional, lo cual habría sido procedente por la existencia de presuntos impedimentos procesales. “Seguiremos ejerciendo nuestra defensa dentro del marco legal y conforme a los procedimientos establecidos”, afirmó la empresa.
El caso también refleja el cambio de enfoque que ha tenido el SAT en los últimos años. Bajo la premisa de erradicar los “perdones fiscales” a grandes corporativos, la autoridad ha intensificado auditorías y revisiones a ejercicios fiscales pasados. El gobierno actual ha defendido esta política como un mecanismo de equidad tributaria y fortalecimiento de las finanzas públicas.
Grupo Elektra insistió en que el fallo tiene implicaciones más amplias para el sistema de justicia fiscal. “El sesgo del tribunal confirma un patrón alarmante: aún con pruebas claras de ilegalidad, la postura que prevalecerá será favorecer al SAT, legitimando abusos y permitiendo cobros abusivos y arbitrarios”.
Mientras tanto, el pago de los 2,000 millones de pesos permanece en litigio, y será la Suprema Corte quien tenga la última palabra. “Estamos ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica; pese a presiones políticas y actos de consigna judicial, seguiremos defendiendo nuestras causas hasta las últimas instancias”, dijo Grupo Salinas en su pronunciamiento.
