Cox Energy, que hasta ahora se había enfocado principalmente en energía solar, busca así ampliar su presencia en generación y reforzar su posición en un mercado que ha sido afectado por la salida de jugadores privados ante la incertidumbre jurídica.
Pero no es el único interesado. También existe la posibilidad de que el gobierno mexicano busque adquirir estos activos, como ocurrió con la primera venta de Iberdrola. “Al final, quien se quede con las centrales, se trata de activos rentables, verdes en su mayor parte, y eso es bueno”, señaló Óscar Ocampo, director de desarrollo económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La estrategia de Iberdrola está guiada por una decisión corporativa más amplia: abandonar mercados con señales de inestabilidad jurídica y enfocarse en otros más sólidos y predecibles, como Estados Unidos y Reino Unido. “Están tratando de ir hacia la parte de redes y en México no hay potencial para eso porque la Constitución no lo permite y eso está muy claro”, explicó Pérez Guerra.
La venta aún no ha sido confirmada por Iberdrola, pero todo apunta a que su estrategia de diversificación ya no incluye a México. De concretarse, esta segunda salida marcaría el cierre casi definitivo de la presencia operativa de Iberdrola en el país.
“Parte de esta decisión de Iberdrola podría estar en ese enfoque de mercado, al de baterías y al final es una decisión de negocios. Pudo estar afectado como todos los demás por temas de justicia o certidumbre jurídica y también pudo haber tenido parte de esa justificación su decisión, pero creo que la mayor es la de enfocarse en un mercado diferente”, añadió el presidente de la AMDEE.
La primera desinversión de Iberdrola
La primera gran venta –concretada en febrero de 2024– implicó 13 plantas, principalmente de ciclo combinado y una eólica. Fue presentada por el gobierno como una reconciliación histórica, tras años de confrontación con la empresa española. Pero el proceso estuvo lejos de ser simple.
En ese momento, la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no podía ser la propietaria directa de las plantas, ya que esto la colocaría en posición de monopolio en el mercado de generación. Por ello, el gobierno estructuró la compra mediante vehículos financieros autónomos, con condiciones de operación independiente.
México Infrastructure Partners y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) fueron los vehículos financieros utilizados por el Estado mexicano para llevar a cabo la adquisición. La Cofece entonces recomendó que las plantas fueran operadas de manera independiente en el mercado, a fin de que no hubiera un intercambio de información sensible entre CFE e Iberdrola.
Hoy, con la Cofece ya disuelta y sin un órgano especializado que vigile la concentración de mercado, queda la duda de bajo qué condiciones podría el Estado repetir esa fórmula. La falta de reglas claras podría complicar la transparencia de una eventual nueva operación.
Desde el sector ambiental, también hay voces que interpretan la posible venta como parte de los ciclos normales del negocio. “Lo que estamos viendo en México es un cambio para la toma de decisiones del sector, se están elaborando los reglamentos específicos que van a determinar las condiciones que tendrán que seguir las empresas que deseen invertir en México en materia de renovables”, comentó Adrián Fernández, director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México (ICM).
A pesar del clima de incertidumbre regulatoria, los activos de Iberdrola en México siguen siendo atractivos, en tanto que son plantas en operación, varias con contratos de largo plazo, ubicadas en zonas de alta rentabilidad en la red. De ahí que, aun con los riesgos, empresas como Cox busquen consolidar su participación.
El proceso actual también podría representar una señal para otros inversionistas. “Efectivamente hay más mercados más atractivos como Reino Unido, Europa en general y Estados Unidos, lo que converge en la decisión de Iberdrola de salir del mercado mexicano”, añadió Óscar Ocampo, del IMCO. “Si bien no habla muy bien del país como destino para la inversión, tampoco es algo catastrófico”.
