José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de Semarnat, recordó que existe una relación “prácticamente lineal entre las concentraciones de gases de efecto invernadero y el aumento de la temperatura en el mundo”. Señaló que superar ciertos niveles de concentración comprometería el objetivo de limitar el incremento térmico global a entre 1.5 y 2 grados.
El funcionario explicó que existe una creencia generalizada de que más crecimiento económico significa automáticamente mayores emisiones. “Si pensamos que el crecimiento va totalmente acoplado a las emisiones, efectivamente hay una contradicción. Pero si pensamos que puede haber un crecimiento desacoplado de la intensidad carbónica, ahí sí tenemos una solución”, comentó.
Según Samaniego, la clave está en encontrar un equilibrio entre inclusión social, dinamismo económico y huella ambiental. Esto requiere políticas estratégicas que permitan mantener la competitividad industrial sin comprometer los objetivos de mitigación climática.
Para lograrlo, Semarnat propone dos vías principales: la primera, mediante opciones tecnológicas, que incluyen eficiencia energética y la sustitución de equipos por tecnologías menos intensivas en emisiones.
La segunda vía consiste en restaurar ecosistemas y explorar oportunidades de descarbonización en sectores donde reducir emisiones resulta más complejo. Esta estrategia combina medidas directas y compensatorias para alcanzar metas de sostenibilidad.
“Estamos trabajando con una combinación de políticas que opera a nivel mundial, apoyada por el artículo 6 del Acuerdo de París, que contempla mejoras tecnológicas y compensaciones entre sectores que no pueden reducir más sus emisiones”, añadió Samaniego durante el foro Energy Talks, organizado por Expansión y Siemens Energy.
En el caso de México, el diseño de políticas públicas busca integrar tres elementos clave para reducir emisiones de manera efectiva. El primero es la regulación estricta de sectores específicos, como la industria automotriz, donde se establecen límites de emisiones para vehículos nuevos.
El segundo componente es un sistema de comercio de emisiones, un mecanismo económico que asigna cuotas de reducción a sectores regulados y que decrecen progresivamente para alcanzar la meta nacional de reducción del 35% de emisiones para 2030.
El sistema busca incentivar a las empresas a invertir en eficiencia y en tecnologías bajas en carbono, permitiendo que quienes logren reducir más puedan vender sus excedentes de reducción a otros sectores que tengan mayor dificultad para disminuir emisiones.
El tercer elemento reconoce que no todos los sectores pueden cumplir plenamente con sus metas de reducción de emisiones. Por ello, se prevén mecanismos de compensación que permiten cumplir objetivos alternativos mediante inversiones en proyectos sostenibles o captura de carbono.
Samaniego enfatizó que la transición energética y la descarbonización requieren una coordinación estrecha entre política pública, inversión privada y participación de todos los sectores económicos. “No es un desafío solo de un país o un sector, sino una acción colectiva”, subrayó.
La combinación de regulación, mercados de carbono y compensaciones sectoriales forma un esquema integral que busca mantener la competitividad industrial, al tiempo que reduce la intensidad de carbono de la economía mexicana.
Analistas coinciden en que el éxito de estas políticas dependerá de la claridad regulatoria, la adopción tecnológica y la colaboración público-privada. México enfrenta el reto de cumplir compromisos internacionales sin frenar el crecimiento económico ni la expansión industrial.
En este contexto, la COP 30 se perfila como un escenario crucial para definir estrategias globales de descarbonización, en el que México pretende contribuir con un marco regulatorio y económico que pueda ser replicable y eficiente para la reducción de emisiones en todos los sectores productivos.
