La preocupación no es aislada. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) coincidió en que la reforma, tal como está planteada, amenaza la operación del sector y el suministro de minerales estratégicos. La organización también subrayó que el cambio pondría en riesgo el sustento de alrededor de tres millones de personas vinculadas a la cadena minera.
El debate ocurre en medio de la discusión nacional sobre la gestión del agua. La AIMMGM recordó que la minería utiliza apenas 0.27% del volumen hídrico concesionado en el país, frente a un 76% destinado a uso agrícola, 14% a abastecimiento público, 5% al sector energético y 5% a la industria en general. Desde su perspectiva, la regulación debe partir de datos verificables sobre consumo y manejo del recurso.
La asociación destacó que la minería formal opera bajo lineamientos estrictos establecidos junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que incluye prácticas de confinamiento seguro de residuos y planes de gestión responsable durante la operación y una vez concluida la vida útil de cada mina. Señaló que estos estándares buscan garantizar la preservación del recurso y minimizar riesgos ambientales.
Para el sector, la redacción del artículo 118 desconoce no solo estos protocolos, sino también la complejidad geográfica del país. La Camimex advierte que prohibiciones generalizadas podrían volver impracticables proyectos ubicados en zonas que naturalmente coinciden con cuencas, cauces o áreas de recarga hídrica, lo cual reduciría drásticamente el potencial minero nacional.
En sus comunicados, la cámara llamó a los legisladores a construir una regulación sólida basada en evidencia técnica y en criterios que permitan equilibrar la protección ambiental con la operación de actividades esenciales. Subrayó que México tiene un potencial minero relevante en la transición energética y en cadenas industriales estratégicas, por lo que un marco restrictivo podría acotar inversiones y competitividad.
Los representantes del sector plantearon dos consideraciones clave para revisar el artículo 118: establecer con mayor claridad que los residuos mineros se confinan de manera segura, sin vertimientos a ríos o cuerpos de agua, y reconocer que, dadas las características orográficas del país, algunas prohibiciones resultarían de difícil cumplimiento sin efectos adversos para la producción nacional.
Aun con estas posturas, tanto Camimex como AIMMGM han reiterado que el agua es un bien público y un derecho humano, indispensable para el desarrollo económico, la energía, la producción de alimentos y el equilibrio de los ecosistemas. Sus reservas, señalan, no buscan eludir regulaciones, sino evitar que un marco impreciso derive en impactos económicos y sociales de gran escala.
La AIMMGM añadió que comparte la preocupación de las empresas que operan en México ante la propuesta impulsada en la Cámara de Diputados, debido a los riesgos que implicaría para industrias vinculadas a minerales críticos, especialmente en un contexto global de demanda creciente.
De acuerdo con actores del sector, la discusión de la reforma debería incorporar análisis técnicos sobre disponibilidad hídrica, impacto de cada industria y mecanismos de supervisión que permitan cumplir los objetivos ambientales sin paralizar actividades productivas.
