Se trata de dispositivos que ingresan al país por vías no autorizadas y que no necesariamente cumplen con las disposiciones técnicas exigidas para operar correctamente en las redes de telecomunicaciones nacionales, lo que abre la puerta a fallas desde el primer encendido.
El atractivo del precio frente a los riesgos técnicos
Los riesgos van más allá de una simple mala cobertura. La American Chamber of Commerce of Mexico advirtió en su reporte “Piratería, diagnóstico empresarial” que estos dispositivos pueden generar problemas de conectividad, carecer de garantía, presentar riesgos eléctricos y quedar expuestos a vulnerabilidades de ciberseguridad.
Pese a estas advertencias, en México se estima que este tipo de teléfonos alcance una participación de mercado de 3%. El crecimiento se explica por un entorno de inflación desacelerada, pero con ingresos aún presionados, que vuelve más atractiva la opción de adquirir equipos más baratos, aunque ello implique renunciar a certidumbre técnica y legal.
El canal digital ha sido clave para esa expansión. De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la compra de teléfonos se ubica como el sexto artículo más consumido en plataformas de comercio electrónico.
Este mayor flujo de operaciones en línea ha ampliado también la exposición de los consumidores a dispositivos que no cumplen con los estándares de homologación, sobre todo en temporadas de alta demanda como el cierre de año.
A ese escenario se suma un vacío regulatorio que ha dejado sin un freno efectivo a este mercado. Antes de ser extinguido, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impulsó la creación de un sello que acreditaría el cumplimiento de los estándares técnicos y el funcionamiento óptimo de las terminales móviles.
Ese distintivo debía entrar en vigor el 1 de julio de este año, pero los cambios de política pública en el sector obligaron al exregulador a aplazar su implementación hasta el 1 de julio de 2027, abriendo un periodo de indefinición que hoy es aprovechado por los distribuidores de equipos no homologados.
Vacío regulatorio, bloqueos y una nueva autoridad en puerta
Ahora la responsabilidad recae en la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que deberá decidir si retoma el esquema del sello o si adopta un mecanismo distinto para ordenar el mercado de dispositivos móviles en el país.
Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, la falta de reglas claras eleva el riesgo de que los usuarios enfrenten fallas graves de conectividad. “Sin la especificación es probable que más usuarios queden desconectados, ya que mantienen su apuesta por adquirir dispositivos móviles por canales no oficiales por ser más asequibles, respecto a los centros de distribución autorizados”, afirmó.
El problema no es solo técnico. En el último año, algunos fabricantes comenzaron a bloquear equipos identificados como grises. Moreno Loza recordó que “como pasó el año pasado, cuando empresas como Samsung inhabilitó algunos teléfonos y Motorola advirtió que haría lo mismo”.
En su opinión, el instrumento diseñado por el regulador era una pieza central para ordenar el mercado. “El sello IFT era un modelo que daría certeza al manejo de los equipos, y desplazar del mercado aquellas terminales no compatibles con las redes del país”, dijo el especialista.
Desde la perspectiva empresarial, la falta de control también agrava el problema de la piratería digital. La American Chamber of Commerce of Mexico alertó que “la piratería digital ha crecido significativamente, 91% de las empresas reporta haber detectado productos apócrifos en canales de comercio electrónico, superando con creces al comercio informal físico (72%) y al formal (63%)”.
Ante la ausencia de una regulación activa, la organización considera necesario desplegar campañas de información al consumidor sobre los riesgos de adquirir equipos no homologados, así como reforzar la exigencia de certificados en aduanas y puntos de ingreso al país.
El debate, sin embargo, no está exento de matices. Para Rolando Alamilla, especialista independiente en telecomunicaciones, la compra de dispositivos por vías digitales no debe prohibirse ni catalogarse como comercio ilegal, ya que ello afectaría a un número considerable de consumidores.
En lugar de restricciones, el analista plantea que la nueva autoridad retome el esquema de certificación como vía de ordenamiento. “Debe privilegiarse la libertad del consumidor para adquirir dispositivos donde prefiera, siempre que se garantice que no se trate de teléfonos ingresados de manera ilegal al país”, afirmó.
