La medida busca frenar delitos como la extorsión y la trata, un objetivo ciertamente loable, pero una aplicación apresurada podría dejar desconectados a millones de usuarios. Una vez aplicada la norma, toda línea no asociada a un usuario plenamente identificado será suspendida, limitando su uso exclusivamente a llamadas de emergencia o atención ciudadana.
El 17 de octubre, formalmente se integró el pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) con la designación por parte del Ejecutivo de Norma Solano Rodríguez como su Comisionada Presidenta. A partir de ese momento, la CRT tiene un plazo de 120 días para definir cómo hacerlo sin que la búsqueda de mayor seguridad se convierta en la razón para vulnerar la privacidad o desconectar a quienes dependen del teléfono para ejercer sus derechos más básicos. En un país donde el teléfono móvil es un habilitador de derechos, su acceso trasciende lo tecnológico.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (ENDUTIH) 2024, más de 100 millones de personas —el 83.1 % de la población— utilizan internet, y 97 % de ellas lo hace a través de un smartphone. Para cerca de 97 millones de mexicanas y mexicanos, el celular no sólo es un medio de comunicación, sino la puerta de entrada a la educación, el empleo, la salud y los servicios financieros.
Una implementación mal ejecutada podría tanto afectar la continuidad del servicio, como encarecer los costos de cumplimiento, generando presiones económicas que eventualmente recaerían en los usuarios. Al incrementar los costos regulatorios y operativos, el riesgo no es sólo la exclusión digital, sino también una distorsión de la competencia, en la que las empresas más pequeñas quedarían en desventaja frente a los grandes operadores.
México cuenta con diversas bases institucionales que ya reúnen información de identidad de prácticamente toda la población, como las del INE, Salud, Educación, Seguridad Social y el Registro Nacional de Población (RENAPO), entre otras. En este contexto, es fundamental que las y los usuarios tengan plena claridad sobre cómo se llevará a cabo el proceso de verificación. Todo indica que, para validar su identidad, cada persona deberá presentar un documento oficial que contenga su CURP ante su operador de servicios móviles, a fin de confirmar que la línea telefónica corresponde efectivamente a su titular.
Sin embargo, aún no está definido cómo se realizará la conexión entre las bases del gobierno y los operadores, ni qué información específica será consultada o compartida. Permitir que las compañías tengan acceso directo a todas las bases institucionales implicaría un riesgo serio para la privacidad y la protección de datos personales, además de una complejidad técnica que podría poner en entredicho la seguridad del sistema. Como en todo sistema integrado, la seguridad del mismo será la de su parte menos segura.
Una opción para aminorar riesgos sería la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial que actúen como filtros de verificación complementarios, capaces de validar coincidencias entre la información del usuario y las bases oficiales sin exponer datos sensibles. Este tipo de componente tecnológico permitiría acreditar identidad de manera más eficiente y segura, reducir la intervención humana, así como el riesgo de uso indebido de la información personal.
El Registro de Usuarios puede convertirse en una herramienta clave para modernizar la identidad en México, tema cada vez más relevante ante la creciente participación de empresas nativas digitales, como es el caso del sector financiero. Para ello, sin embargo, será vital que su implementación ponga al ciudadano en el centro, priorizando no la velocidad con la que se despliegue el sistema, sino el garantizar que ningún mexicano se quede atrás y pierda la posibilidad de contar con una identidad digital plenamente confiable.
