Un recorte financiero en un momento de ambición espacial
Para 2026, la AEM enfrentará un recorte financiero de 33.1%, luego de que el Presupuesto de Egresos de la Federación le asignara 46,755 millones de pesos, frente a los 69,950 millones aprobados para 2025.
La reducción ocurre en contraste con el discurso oficial que plantea al sector espacial como estratégico dentro del Plan México, una iniciativa que busca fortalecer el desarrollo tecnológico, la innovación y los proyectos satelitales como palancas de competitividad.
Entre los objetivos del Plan se encuentran el desarrollo de un satélite geoestacionario, la constelación Ixtli y una misión espacial con horizonte hacia 2027, proyectos que requieren continuidad técnica, financiera y operativa.
Sin embargo, el análisis funcional programático económico del presupuesto asignado a la AEM revela que 43,102 millones de pesos, equivalentes al 92.1% de los recursos, se destinarán a investigación, estudios y proyectos en materia espacial, sin mayor desglose público sobre su ejecución.
El resto del presupuesto se orientará a gasto administrativo, un esquema que limita la visibilidad sobre la capacidad real de la Agencia para avanzar en desarrollos tecnológicos concretos o fortalecer infraestructura propia.
El escenario se vuelve más claro al comparar a México con otros países de la región. En Brasil, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva aprobó para este año un presupuesto de 134,581 millones de reales para la Agencia Espacial Brasileña (AEB).
Ese monto equivale a 444,217 millones de pesos mexicanos, lo que implica que la AEM operará con apenas 34% de los recursos asignados a su contraparte brasileña.
El presupuesto de una agencia espacial no solo define su operación cotidiana, sino también la capacidad de un país para desarrollar tecnología propia, formar talento especializado y construir proyectos estratégicos de largo plazo.
Valeria Ramos Barba, especialista y consultora del sector espacial, explicó que la inversión sostenida de países como Brasil ha permitido consolidar soberanía tecnológica durante décadas, además de desarrollar capacidades de ensamblaje y fabricación de satélites, principalmente en órbitas LEO, y contar con infraestructura como el Centro Espacial de Alcântara.
En el caso mexicano, la especialista subraya que el financiamiento ha sido históricamente limitado. Durante sus 12 años de operación, la AEM ha recibido en promedio alrededor de 74 millones de pesos anuales, equivalentes a unos 4.5 millones de dólares.
“México es un usuario sofisticado de servicios espaciales (especialmente en telecomunicaciones y observación terrestre para agricultura, servicios cartográficos, recursos naturales, protección civil, entre otros), pero su capacidad de desarrollo, fabricación y autonomía tecnológica lo mantiene en una posición de alta dependencia dentro del panorama espacial global, lo que lo deja rezagado incluso del grupo de países emergentes espaciales”, advirtió Ramos Barba.
Una reestructura institucional que añade incertidumbre
A la presión presupuestal se suma una reestructuración institucional que ha modificado de forma reiterada la ubicación administrativa de la Agencia, añadiendo complejidad a su operación.
En noviembre de 2024, la AEM fue sectorizada dentro de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con el argumento de alinear políticas públicas vinculadas al desarrollo tecnológico y digital.
Un año después, esa decisión se revirtió parcialmente. Mediante un Decreto, las atribuciones de la AEM y del Sistema Satelital Mexicano (Mexsat) fueron transferidas al Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel).
Promtel ha tenido históricamente un enfoque orientado a detonar proyectos de inversión para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, en particular en zonas de difícil acceso, con una vocación distante del ámbito espacial y satelital.
La conducción de estas nuevas atribuciones quedó en manos de Emiliano Calderón, quien dirige el área satelital y espacial tras haber salido de la dirección de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, y cuya cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador es señalada por fuentes con conocimiento del proceso.
Uno de los focos de preocupación entre analistas del sector es el perfil técnico del funcionario, quien cuenta con un certificado en ciencias físico-matemáticas y una licenciatura en administración pública concluida en 2022, según información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Previamente, servidores públicos y especialistas habían advertido que trasladar las facultades espaciales a un organismo con una naturaleza distinta podía dejar fuera elementos sustantivos para el desarrollo de la industria, justo cuando se busca impulsar al sector como estratégico.
“La falta de coordinación institucional eficaz pone en alto riesgo de discontinuidad a proyectos, programas y emprendimientos espaciales en el país”, alertó Ramos Barba.
Mientras otros países consolidan capacidades tecnológicas y una industria espacial propia, la AEM enfrenta el desafío de sostener su viabilidad operativa y estratégica con recursos limitados y bajo una estructura institucional en transición, lo que pone en duda la capacidad del país para materializar sus ambiciones en la llamada nueva economía espacial.