En los nueve meses de 2025 que contempla el informe, marzo fue el mes con mayor número de tomas clandestinas, con un total de 918; le siguieron abril y mayo, con 871 y 856 piquetes a ductos, respectivamente. En el acumulado de enero a septiembre de 2025 se contabilizan 7,008 tomas clandestinas para el robo de combustibles. En este rubro sí se observa una disminución, pues en el mismo periodo de 2024 se registraron 8,038, lo que representa una caída de 12.81%.
La medición del tiempo también es un parámetro relevante que considera el Observatorio. Por la cantidad de piquetes registrados, se estima que cada 56 minutos y 15 segundos ocurre una nueva toma ilegal en el país.
El robo de combustibles en México no ha desaparecido. Lo que muestran los datos del IGAVIM es una reconfiguración territorial del delito, no una solución estructural, explicó Marcial Díaz, socio de la consultora Qua Energy Consulting.
“Es cierto que a nivel nacional las tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos bajaron alrededor de 13%, pero ese dato, aislado, puede ser engañoso. Cuando uno observa la frecuencia, seguimos hablando de una toma ilegal cada hora, lo cual nos dice que el problema sigue siendo sistémico”, explicó Díaz.
Estados con más huachicol
Hidalgo es la entidad que más sufre el robo de combustible desde los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Entre enero y septiembre del año pasado registró 1,918 tomas ilegales, lo que equivale a una cada 3 horas y 25 minutos.
Le sigue Jalisco, con 1,325 piquetes a los ductos para la extracción de petrolíferos y un promedio de 4 horas y 57 minutos para detectar una nueva toma ilegal. En tercer lugar se encuentra Guanajuato, con 652 tomas clandestinas, con un intervalo de 10 horas y 5 minutos entre cada una. En cuarto sitio está Querétaro, con 503 tomas ilegales y un tiempo promedio de 13 horas y 4 minutos entre eventos.
Los estados con menor incidencia son San Luis Potosí, con tres tomas clandestinas, así como Campeche y Tlaxcala, con una cada uno.
Así como existen entidades con alta incidencia de huachicol, en gran medida debido a que por su territorio atraviesan ductos de combustibles, hay estados que quedan fuera de este delito, como Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Zacatecas.
El socio de Qua Energy explicó que es clara la presencia de focos rojos regionales, siendo Hidalgo el caso más evidente, pues la incidencia se concentra en municipios específicos que coinciden con infraestructura estratégica de transporte y distribución.
“Hidalgo concentra más de una cuarta parte de todas las tomas clandestinas del país y, además, presenta un ligero crecimiento, a pesar de la baja nacional. También vemos incrementos preocupantes en estados como Querétaro, Guanajuato, Tabasco y Chihuahua, lo que indica que el delito se está desplazando hacia nuevos corredores logísticos”, señaló.
La estrategia gubernamental
Desde el gobierno federal se han establecido diversas estrategias para combatir el huachicol tradicional —el piquete de ductos para la extracción ilegal de combustibles—, pero las cifras ponen en duda su efectividad.
Se anunció una estrategia integral que contempla trazabilidad digital, fiscalización reforzada y cooperación interinstitucional. Entre las medidas destaca la implementación de códigos QR obligatorios para las unidades de transporte, con los que se verifica el origen y destino de los combustibles, así como los permisos asociados.
También se prevé la creación de bases de datos unificadas para vigilar las importaciones y el movimiento de combustibles. Desde la administración pasada se estableció un plan de vigilancia por parte de las autoridades para monitorear ductos e, incluso, se recurrió al traslado de combustibles vía pipas para frenar el flujo en los ductos con mayor incidencia de ordeña.
Para las empresas formales, este contexto implica mayores riesgos regulatorios, operativos y reputacionales. “Hoy más que nunca, la trazabilidad del combustible, la documentación logística y el control de la cadena de suministro no son solo temas regulatorios, sino mecanismos de protección empresarial. El huachicol no es solo un delito, es un indicador de fallas estructurales, y combatirlo requiere datos, coordinación institucional y un enfoque integral que vaya más allá de operativos reactivos”, puntualizó.
