PDVSA, Petrobras y Pemex enfrentan el mismo dilema entre control estatal y capital

En Venezuela, la transición del poder abre una etapa incierta para PDVSA, que mantiene joint ventures con socios extranjeros como Chevron, Repsol y empresas chinas, pero arrastra infraestructura deteriorada, sanciones y una frágil certidumbre jurídica que limita la llegada de nuevas inversiones.

En México y Brasil, los caminos fueron distintos, pero el desafío es similar. Pemex volvió en 2024 a un modelo de control estatal reforzado, mientras Petrobras consolidó una estructura de capital abierto tras una profunda reestructuración financiera, dos respuestas opuestas a una misma pregunta sobre el futuro de las petroleras públicas.

Más allá de sus trayectorias específicas, las tres petroleras enfrentan condiciones similares para atraer inversión en un entorno cada vez más exigente.

“Sea cual sea la petrolera estatal que se analice, todas deben cumplir con condiciones de competencia, certidumbre jurídica y condiciones contractuales que permitan inversiones convenientes para los privados que apuesten sus recursos económicos y tecnológicos y en general beneficiosos para ambas partes”, aseguró Leonardo Beltrán, non-resident fellow del Instituto de las Américas.

El especialista subraya que no todos los factores que inciden en la inversión son externos.

“Hay situaciones que las empresas no pueden controlar y que pueden influir en la toma de decisiones de inversiones como aspectos geopolíticos o de transición energética. Sin embargo hay otros factores endógenos que sí se pueden controlar y hacer todo lo que se pueda para lograr el atractivo del sector, por ejemplo flexibilizar entornos restrictivos, porque de no hacerlo, no se está invitando a la inversión extranjera, sino que se convierte solamente en una subcontratación de servicios sin que sea lo suficientemente atractivo”, afirmó.

Ese dilema —control estatal, necesidad de capital y presión por resultados— atraviesa hoy a las tres petroleras, aunque se exprese con matices distintos según su historia reciente y su entorno político.

PDVSA: reservas gigantes, producción limitada y dependencia de socios

En Venezuela, la transición posterior a la caída de Nicolás Maduro no ha significado una redefinición clara del modelo petrolero. PDVSA sigue siendo propiedad del Estado, pero opera en la práctica mediante asociaciones con socios extranjeros que aportan capital, tecnología y capacidad operativa.

Chevron mantiene un rol clave en varios proyectos, particularmente en áreas donde la producción puede recuperarse con inversiones relativamente acotadas. Repsol conserva participaciones limitadas y China continúa como socio estratégico, tanto por razones energéticas como financieras.

Sin embargo, la posibilidad de ampliar esa participación privada enfrenta obstáculos estructurales. La infraestructura petrolera presenta un deterioro acumulado de años, las sanciones internacionales siguen condicionando operaciones y la incertidumbre jurídica limita compromisos de largo plazo.

La trayectoria de PDVSA ayuda a explicar esa fragilidad. Creada en 1975 tras la nacionalización de la industria, la empresa absorbió los activos de compañías privadas extranjeras, con la excepción de Chevron, que logró mantenerse como socio operativo.

Durante la década de los ochenta, PDVSA apostó por una estrategia de internacionalización, adquiriendo refinerías, terminales y activos logísticos fuera del país, con la intención de integrarse a la cadena global de valor del petróleo.

Ese enfoque se revirtió a partir de 1999 con la llegada de Hugo Chávez. El énfasis se desplazó hacia el control estatal mayoritario de las actividades de exploración y producción, limitando la participación privada.

En 2007, con el modelo del “Socialismo del Siglo XXI”, Venezuela profundizó ese giro. Se vendieron activos en Europa y Estados Unidos y se reforzó la centralización de decisiones dentro de PDVSA.

La ley de 2009, que reservó al Estado todos los derechos sobre bienes y servicios de la actividad petrolera, detonó litigios internacionales y aceleró el aislamiento de la empresa, según reportes de la BBC.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019 marcaron un punto de quiebre. El bloqueo económico total agravó la escasez de combustibles y expuso el deterioro operativo de PDVSA ante la población.

La producción petrolera venezolana cayó de forma sostenida desde 2015 y tocó fondo en mayo de 2020, cuando la falta de mantenimiento obligó incluso a importar gasolinas desde Irán para cubrir la demanda interna.

Hoy, PDVSA opera dividida en cuatro áreas —Exploración y Producción, Refinación, Distribución y Comercialización, y Gas—, pero con una crisis financiera profunda. Sus obligaciones se estiman entre 150,000 y 170,000 millones de dólares.

La paradoja es que Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del mundo, superiores a los 300,000 millones de barriles. Aun así, su producción apenas ronda el millón de barriles diarios, de acuerdo con estadísticas del Oil and Gas Journal.

Petrobras: capital abierto como ancla de recuperación operativa

Brasil ofrece un contraste relevante. Fundada en 1953 por el entonces presidente Getúlio Vargas, también nació como símbolo del control estatal sobre los hidrocarburos, pero optó por una transformación estructural antes de caer en una crisis operativa irreversible.

La compañía operó bajo un esquema monopólico hasta 1997. Ese año, el presidente Fernando Henrique Cardoso impulsó una reforma que abrió la participación al sector privado, luego de un declive evidente en la producción, que había caído a un promedio cercano a un millón de barriles diarios, muy por debajo de los niveles que entonces registraban México y Venezuela, superiores a los tres millones de barriles diarios.

La justificación de la apertura al capital privado fue alcanzar la autosuficiencia energética, es decir, reducir las importaciones de petróleo y abastecer la demanda interna. Con el paso de los años, ese objetivo se consolidó gracias a una significativa llegada de inversión extranjera, que permitió incrementar de manera sustancial las reservas en aguas profundas y elevar la producción a partir de algunos de los yacimientos más grandes de Occidente.

No obstante, las ganancias millonarias que comenzó a generar Brasil se vieron empañadas por grandes escándalos de corrupción, en los que recursos de la empresa fueron utilizados para financiar campañas políticas. Con el tiempo, esos episodios dieron paso a ajustes institucionales y de gobernanza que han transformado gradualmente a Petrobras en una empresa de energía más diversificada, con actividades que incluyen la generación eléctrica y una mayor apuesta por la transición energética.

Actualmente, es una empresa petrolera semipública: el gobierno de Brasil controla 29% de las acciones de la compañía con derecho a voto. A ello se suma la participación del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social y del Fondo Soberano de Brasil, que en conjunto administran otro 8%, lo que da un total de 37% bajo control gubernamental.

El 63% restante de la participación accionaria se distribuye entre inversionistas del mercado minorista brasileño, así como entre la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Madrid y fondos privados e institucionales, de acuerdo con su estructura accionaria al cierre de diciembre de 2025.

Petrobras participa en toda la cadena de valor del sector energético, desde la exploración y extracción de petróleo y gas, hasta el transporte, la refinación, la comercialización de combustibles y la generación de energía eléctrica.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, la producción de la compañía alcanzó 3.11 millones de barriles de petróleo equivalente por día, según sus indicadores financieros.

En el mismo periodo, la petrolera brasileña reportó una utilidad neta de 16,805 millones de dólares, impulsada por mayores volúmenes de producción que compensaron el entorno de bajos precios internacionales del petróleo.

Pemex: control estatal reforzado bajo presión financiera

Pemex, en México, siguió una ruta distinta. Fue creada en 1938 durante la administración del presidente Lázaro Cárdenas como resultado de la expropiación petrolera. La nacionalización la convirtió en la única compañía facultada para explotar y administrar los yacimientos de petróleo en el territorio mexicano, lo que implicó la ocupación de instalaciones de compañías extranjeras, principalmente estadounidenses.

En febrero de 1971 se promulgó la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, que la definió como un organismo público descentralizado del gobierno federal, con el objetivo de realizar actividades de exploración, explotación, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y venta de primera mano de petróleo, gas natural y sus derivados, así como de materias industriales básicas.

En julio de 1992 se abrogó la ley de 1971 y se dio paso a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, mediante la cual se crearon cuatro empresas subsidiarias descentralizadas, de carácter técnico, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propios: Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica, y Pemex Petroquímica.

En 2013, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, una nueva reforma energética volvió a modificar la naturaleza de Pemex, transformándola en una empresa productiva del Estado. Con ello se inició un proceso de apertura de la industria petrolera a la inversión privada, mediante un esquema que buscaba neutralizar las ventajas monopólicas de la petrolera nacional y colocarla en condiciones de competencia frente a los operadores privados.

En ese contexto surgieron las rondas petroleras, a través de las cuales se asignaron 103 contratos en áreas terrestres y marinas, con el objetivo de incrementar las reservas petroleras y elevar la producción nacional, de acuerdo con información de la entonces Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Paralelamente, se destaparon importantes escándalos de corrupción. En 2016 se dio a conocer el caso Odebrecht, en el que la empresa brasileña del mismo nombre fue señalada por otorgar sobornos a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014, a cambio de contratos para la construcción de ductos y obras en refinerías.

En 2018, tras obtener el triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de impulsar una nueva reforma energética para devolver a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresas públicas y restituir al Estado el control exclusivo de los recursos energéticos, un proceso que entonces fue descrito como una nueva nacionalización.

Hacia finales de 2024, la administración de Claudia Sheinbaum concretó una reforma energética que devolvió a Pemex su carácter de empresa pública con servicio social y estableció nuevas reglas para la participación de privados. Aunque se mantienen los contratos y la posibilidad de que empresas privadas realicen actividades de exploración y producción, estas se desarrollan bajo un control puntual del Estado a través de los llamados contratos mixtos.

En ese esquema, Pemex conserva al menos 40% de participación en las áreas, mientras que los privados deben asumir inversiones, costos y riesgos de las actividades extractivas, y sus ingresos dependen de los volúmenes efectivamente extraídos, según lo expuesto por el gobierno federal y la propia petrolera.

Actualmente, Pemex se mantiene como una de las petroleras más endeudadas del mundo, con pasivos superiores a 1.8 billones de pesos —unos 103,000 millones de dólares— al cierre de septiembre de 2025. Al término del tercer trimestre del año, la empresa reportó una pérdida neta de 61,247 millones de pesos y una producción cercana a 1.6 millones de barriles diarios de petróleo crudo y condensados, de acuerdo con su más reciente informe financiero trimestral.

En ese espejo regional, PDVSA, Petrobras y Pemex muestran que el petróleo sigue siendo un activo estratégico, pero también una prueba constante de gobernanza, certidumbre y capacidad de adaptación de las empresas estatales en América Latina.