Plan de infraestructura destina 54% del presupuesto a proyectos de energía con privados

Aunque para la industria el plan implica la apuesta de recursos más grande y un paso positivo ante la falta de inversión que mantiene el sector desde la pasada administración, es importante que se consolide la inyección de capital para reforzar ciertos ejes como el desarrollo de redes de transmisión, explicó Jerónimo Ramos, socio de la firma Pérez-Llorca en el área de Proyectos, Energía e Infraestructura.

“La ley parte de un diagnóstico correcto, que claramente existe un déficit muy importante en el país en el sector energético, y creo que es muy claro que el Estado no tiene y no ha tenido capacidad para financiar y desarrollar por sí solo”, explicó en entrevista.

La Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura representa un cambio tangible en el discurso presidencial. Durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador la narrativa se centró en el cierre de filas con el sector privado en la industria energética. Ahora, Sheinbaum Pardo busca romper con esa línea mediante una política que abre la puerta a una mayor participación de empresas privadas.

“Lo que hace la Ley es proponer un nuevo modelo, digamos híbrido de inversión o de participación, donde básicamente se permite otra vez la participación privada expresamente”, aseguró Ramos.

Si bien el establecer nuevas oportunidades de inversión y de colaboración entre el sector privado y el público resulta benéfico para el país, las condiciones bajo las cuales se regirán los contratos podrían no ser tan favorables o atractivas y mantener hasta cierto punto el control del Estado.

Todos los proyectos mixtos que resulten de la Ley siempre estarán bajo la rectoría del Estado. “El Estado será quien defina prioridades, estructuras, proyectos, quien coordine la ejecución, etcétera; sobrevive la rectoría en materia energética”, añadió Ramos.

Sin embargo, la figura de participación es un poco más flexible. El proyecto de Ley estipula que para estructurar los proyectos bajo los esquemas de coinversión se requerirán reglamentos y lineamientos puntuales.

Otro punto que puede convertirse en un arma de doble filo es que se pueden iniciar proyectos sin contar con la suficiencia presupuestaria. “Con la idea de acelerar la ejecución de los proyectos, creo que eso puede ser una gran nobleza, pero al mismo tiempo puede implicar no tener la garantía de contar con el presupuesto se puede convertir en un riesgo”, aseguró el socio de Pérez-Llorca.

“La autorización e implementación de los Esquemas de Participación Mixta no constituye por sí misma fuente autónoma de asignación presupuestaria, endeudamiento, otorgamiento de garantías, ni asunción de compromisos financieros por parte del Estado, debiendo observarse en todo momento el marco jurídico aplicable”, expone la iniciativa.

¿Qué marca la ley?

La todavía iniciativa de ley, porque aún falta su aprobación por parte del Senado de la República, plantea la creación de un nuevo andamiaje jurídico e institucional, orientado a detonar inversión en infraestructura estratégica bajo un enfoque de desarrollo con bienestar y la participación coordinada de los sectores público, privado y social.

“Su objetivo central es superar las limitaciones del marco actual mediante la incorporación de mecanismos específicos de inversión, nuevos vehículos financieros y esquemas de coordinación que permitan acelerar proyectos prioritarios sin comprometer la disciplina fiscal", expone un análisis de la firma Holland & Knight.

La iniciativa redefine el rol del Estado como conductor estratégico del desarrollo, habilitando esquemas de coinversión, contratos de largo plazo y estructuras financieras, al tiempo que introduce ajustes para facilitar la ejecución de proyectos, brindar certidumbre a los inversionistas y fortalecer la planeación del gasto público”, agrega el análisis.

Las metas

• Detonar crecimiento económico y prosperidad compartida
• Reducir brechas de desigualdad social
• Acceso de la población a servicios básicos
• Favorecer estrategias de desarrollo económico sostenible y regional
• Alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo y a los programas de deriven del mismo (como los Polos del Bienestar)

Puntualmente, el esquema de participación mixta se considera como “un mecanismo mediante el cual los entes públicos, dependencias y entidades, empresas públicas del estado, empresas de participación estatal mayoritaria, entre otros, participan de manera directa o indirecta en los proyectos para el desarrollo con bienestar, compartiendo riesgos, costos, inversiones, beneficios o retribuciones”.

Aunque la ley establece que los esquemas de participación mixta para el Estado podrían ser de manera mayoritaria, minoritaria o paritaria; de manera directa o indirecta, según las necesidades de cada proyecto y sin porcentajes obligatorios, sí se deberá respetar la rectoría del Estado.