Además, el gobierno deberá comprobar la existencia de agua salada en las cuencas seleccionadas, debido a que este recurso sería necesario para ejecutar la fractura hidráulica. Sin agua salada disponible, no se autorizaría la aplicación de la técnica.
El avance de estos estudios ocurre, sin embargo, en un sector que modificó de su esquema de supervisión. En marzo de 2025 desapareció la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como consecuencia de la reforma energética constitucional de 2024, que eliminó los órganos reguladores coordinados en materia energética.
La CNH tenía entre sus funciones vigilar, supervisar y evaluar las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas, tanto de Pemex como de empresas privadas. Pero con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector de Hidrocarburos, esas atribuciones regulatorias quedaron bajo la Secretaría de Energía (Sener).
Para especialistas del sector, el posible desarrollo del fracking hace evidente la necesidad de revisar ese modelo. La técnica implica riesgos ambientales y sociales que, además de los aspectos económicos y técnicos, requieren una supervisión especializada y con capacidad para imponer sanciones cuando existan incumplimientos.
La ausencia de la CNH abre un vacío regulatorio
Rosanety Barrios, experta en temas de energía, considera que las industrias extractivas requieren una regulación particularmente sólida debido a los riesgos asociados con sus operaciones.
“Se requieren reguladores extraordinariamente experimentados, capacitados. Pero hoy no los tenemos, acabaron con todo, ya no está la CNH que tenía de ventaja la capacidad técnica de sus integrantes y tenía algo muy relevante que era la independencia de la agenda política”, puntualizó en entrevista con Expansión.
Para la especialista, la eventual explotación de hidrocarburos mediante fracking no debería depender únicamente de la autorización del gobierno federal ni de la viabilidad económica de los proyectos. También debe existir una autoridad capaz de vigilar que las empresas cumplan con las mejores prácticas operativas y ambientales.
Ese regulador, además, tendría que contar con autonomía de decisión, de acuerdo con Barrios, para supervisar las actividades, garantizar el cumplimiento de las normas y sancionar las irregularidades que puedan presentarse.
El desafío adquiere mayor dimensión porque el fracking implica operaciones de alta complejidad técnica y una interacción directa con recursos como el agua y el subsuelo. Por ello, la supervisión no puede limitarse a la autorización inicial de los proyectos, sino que tendría que abarcar su ejecución y sus efectos.
