La disminución profundiza una tendencia que comenzó este año. En 2026, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos recibió 11,143 millones de pesos, una cantidad 87.6% menor en términos reales respecto al presupuesto de 2025.
La caída presupuestal marca un contraste con la dimensión del proyecto impulsado durante el sexenio de López Obrador, cuando el gobierno federal planteó utilizar infraestructura pública para llevar servicios de telecomunicaciones a zonas donde la oferta de las empresas privadas era limitada o inexistente.
El plan internet para todos entra en una etapa de incertidumbre
Tras el cambio de administración, el proyecto de internet estatal enfrentó modificaciones significativas que impactan la continuidad de la estrategia operativa. Solo durante el primer semestre del año pasado, la empresa frenó la construcción de nuevos sitios de telecomunicaciones y el despliegue de red debido a la eliminación de la filial CFE TEIT.
Este movimiento implicó una reestructuración interna y financiera, además de retrasos en los pagos a proveedores. A ello se sumaron los relevos en la dirección de la empresa, que pasó primero por Emiliano Calderón, después por Julio Isaac Godínez Schulz y actualmente está bajo el mando de Brenda Escobar, considerada un elemento de confianza del titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
En la actualidad, enfrenta mayores rezagos. A septiembre de este año, las sucursales para la comercialización de tarjetas SIM de CFE Internet para Todos registraron 201 puntos, una disminución de 16.2% respecto a los 240 que existían durante el último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con datos del plan de conectividad de la Comisión Federal de Electricidad y del sexto informe de gobierno de la administración pasada.
La instalación de puntos wifi también muestra una desaceleración. Actualmente, CFE cuenta con 118,000 puntos de internet gratuito a nivel nacional, lo que significa que en dos años se han desplegado 13,000 nuevos puntos, frente a los 105,000 contabilizados al cierre de la administración anterior.
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, consideró que el menor ritmo de expansión pone en entredicho el avance de uno de los proyectos insignia del gobierno para reducir la brecha digital, que todavía afecta a 20 millones de personas.
Para el especialista, el problema de fondo es que se ha perdido de vista el objetivo de llevar conectividad a toda la población como parte de una política de Estado orientada a impulsar la digitalización del país. Por su alcance, esta estrategia no debería depender de criterios comerciales, sino de una visión de largo plazo.
En este escenario, la reducción presupuestal proyectada para 2027 plantea nuevas dudas sobre la capacidad de Internet para Todos para recuperar el ritmo de expansión que requiere el país.
