La invasión de Rusia en Ucrania ha alterado la vida de millones de personas. Además de la tragedia humanitaria, la guerra ha trastocado el orden internacional, así como el comercio y los precios de materias primas como el petróleo, gas y el trigo en la región, conocida como el ‘granero’ de Europa. Y también ha provocado un cambio inesperado en las inversiones sostenibles.
Tal es el caso de la institución financiera nórdica Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). En su reporte anual de sostenibilidad de 2020, el grupo financiero con sede en Estocolmo decidió impedir que sus fondos inviertan en empresas relacionadas con el sector de defensa.
En este mes, en medio de una guerra que impulsa las acciones de la industria armamentista, esta política dio un giro de 180 grados. Ahora, SEB -que administra unos 67,000 millones de euros- permitió que seis fondos anulen esta exclusión. “Esto significa que una serie de fondos que invierten en acciones y bonos corporativos podrán invertir en el sector de defensa”, escribió en sus políticas de sostenibilidad SEB Investment Management. Estás nuevas políticas entrarán en vigor a partir del 1 de abril.
Para las firmas financieras resulta difícil obviar el dinero que está fluyendo hacia la industria armamentista y las ganancias en Bolsa de empresas que fabrican armamento, aeronaves o tecnología militar.
Desde que Rusia inició la invasión en territorio ucraniano, el 24 de febrero, el índice que aglutina al sector aeroespacial y defensa de Standard & Poor’s, S&P Aerospace & Defense Select Industry Index, ha subido 16%. Otra de las ganadoras en bolsa es Rheinmetall, la mayor fabricante de armas en Alemania, cuyas acciones prácticamente se duplicaron.
Las ganancias de esta industria suceden también después de que los gobiernos europeos se apresuraron a comprometer más recursos para fortalecer sus respectivas fuerzas militares. Tal fue el caso del gobierno de Alemania, que comprometió 100,000 millones de euros en un fondo especial destinado a la partida de defensa. No sólo eso, sino que Estados Unidos y países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte han exportado armamento que incluye miles de misiles antitanques y antiaéreos.
Ramsé Gutiérrez, coodirector de inversiones del gestor de fondos Franklin Templeton, apunta lo ya obviado por las cifras: el conflicto bélico está generando oportunidades de inversión en defensa y otras industrias relegadas por los fondos ASG como la petrolera.
Defensa de la democracia
Es en este contexto en el que grupos de cabildeo pro armamentistas y algunas firmas financieras, tal como SEB, buscan incluir la inversión en defensa y armas en las políticas de sostenibilidad, bajo el argumento de defender la democracia.
Para analistas del banco estadounidense Citibank, la inversión en estas empresas “defiende los valores de las democracias liberales y crea un elemento de disuasión que preserva la paz y la estabilidad mundial".
Pero para otros resulta contradictorio pensar en el sector de defensa como una inversión ASG en el largo plazo. “La inversión responsable la tienes que ver como una inversión a largo plazo. No quieres proteger en el largo plazo el tema armamentístico”, dijo Gutiérrez.
Incluso, para los propios fondos resulta difícil garantizar que el capital de los inversionistas sean utilizados únicamente por un gobierno en defensa de su modelo democrático, tal como justifican algunas instituciones financieras o analistas. Esteban Polidura, director de asesoría y productos para las Américas del banco suizo Julius Baer, explicó que el capital en la panza de un fondo compra diferentes activos. “Claramente el fondo tiene un prospecto, pero es un marco amplio (...) no hay una especificidad”, agregó.
Un claro ejemplo es el caso del fabricante aeroespacial y de armamento Raytheon, involucrado en un ataque en Yemen en 2019, según revelaron Amnistía Internacional y el diario The New York Times. Amnistía Internacional declaró en septiembre de dicho año que un misil de esta firma estadounidense fue utilizado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos sobre una vivienda en la gobernación de Ta'iz, Yemen, en el que murieron seis civiles, entre ellos tres niños.
Falta de homologación
La inversión sostenible ha tenido un impulso en los últimos años. Al cierre del tercer trimestre de 2021, los fondos ASG gestionaron activos por 3.9 billones de dólares, poco más de tres veces los activos sostenibles que administraron los gestores en 2020, de acuerdo con un reporte de la firma de servicios financieros Morningstar.
Esto refleja la mayor demanda que los inversionistas requieren a inversionistas institucionales y fondos de factores sostenibles. Durante el tercer trimestre de 2021, el número de fondos sostenibles sostenible creció 51% a nivel global, tras la introducción del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) el 10 de marzo de 2021, según datos recabados por Morningstar.
Aun con este tamaño, los fondos, los proveedores de índices y reguladores aún batallan por definir los factores sostenibles. Actualmente, cada uno de estos jugadores tiene su propia definición y entendimiento de sostenibilidad. “El problema es que la mentalidad ASG no está estandarizada”, dijo Edgar Guerra, especialista en ETF. “El greenwashing es uno de los dilemas que la industria está tratando de resolver”, añadió.
Para resolver este problema, la Comisión Europea está trabajando en los últimos detalles de la taxonomía de inversiones sostenibles. Incluso, las agencias de noticias reportan que hay presiones para que se replanteen inversiones en armamento como ASG.
Es en esta regulación en el que algunas organizaciones, analistas e integrantes del sector financiero ven la oportunidad para homologar el marco de los factores ASG. Para Marimar Torreblanca, directora de la división Miranda ESG, de la firma asesora Miranda Partners, las regulación “se tiene que dar en cuanto a transparencia de la industria, no en torno a lo que se invierte”.
No es el único elemento. Los especialistas también apuntaron a la necesidad de impulsar un stewardship responsable dentro de las asambleas generales y consejos, y un mayor detalle en los activos a invertir.
De momento, el trabajo de los reguladores en temas ASG sigue en el aire, dejando en manos de los fondos y de los inversionistas la labor para definir estos factores.
“Al final del día no sé si el inversionista va a apoyar la idea de que las empresas de defensa son ASG, porque fomentan la democracia o van a optar por no tener su dinero en armamento. Al final de cuentas eso lo va a definir el inversionista”, dijo Polidura.