Lula da Silva vuelve a enfrentar a la justicia por una acusación de corrupción
El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, llegó este miércoles a la sede judicial en la sureña ciudad de Curitiba para declarar ante el juez Sergio Moro, el mismo que le condenó en julio a más de 9 años por corrupción.
Vestido de traje y corbata, el exmandatario –que recurre en libertad a la primera sentencia de la media docena de casos abiertos contra él- fue arropado por decenas de simpatizantes, de miembros del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST) y de la plana mayor del Partido de los Trabajadores (PT), su formación.
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Sonriente, Lula no se manifestó ante la prensa previo a su declaración ante Moro, a quien el expresidente y sus abogados acusan de parcialidad, así como de querer impedirle que opte a un tercer mandato en las elecciones de 2018.
“Hoy es el día de enfrentar la mentira con verdad”, dijo la senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, que denunció de nuevo la “manipulación mediática y la condena antes del juicio”.
En esta causa, Lula está acusado de recibir de la empresa Odebrecht un terreno en Sao Paulo para construir el Instituto Lula y un apartamento junto al suyo en San Bernardo del Campo, una ciudad industrial cerca de Sao Paulo.
En mayo, el exmandatario ya había declarado cuatro horas ante Moro, y al salir del juzgado realizó un acto público en el que aseguró que está siendo juzgado injustamente, y que hará todo lo posible por participar en las elecciones del próximo año.
Lula ya fue condenado a nueve años y seis meses de prisión por corrupción y lavado de dinero , al recibir supuestamente un apartamento de tres plantas en la localidad balnearia de Guarujá, por parte de una constructora a cambio de favores políticos, aunque el juez Moro permitió que el ex mandatario recurriera en libertad.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y lidera las encuestas para una eventual elección presidencial en 2018, recurrió al Tribunal Regional Federal, la segunda instancia, pero si su pena es confirmada quedaría fuera de la carrera electoral, incluso ingresar en prisión.
La ley en Brasil –denominada “Ficha Limpia”- impide que cargos electos ejecutivos sean disputados por condenados en segunda instancia en casos, por ejemplo, de corrupción.
