California ganó este jueves una batalla judicial contra el gobierno del republicano Donald Trump para seguir siendo un estado "santuario" y no colaborar con las autoridades de migración.
El juez John Méndez, de una corte federal en Sacramento, capital californiana, indicó que las empresas privadas pueden cooperar con el gobierno.
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El estado más rico y poblado del país, con los hispanos como primer grupo demográfico, es bastión de los demócratas y un fuerte enemigo de las políticas de Trump, principalmente en inmigración y medio ambiente.
En octubre pasado se declaró "santuario" y en la actualidad tiene leyes que prohíben que las policías locales cooperen con las autoridades federales en la captura de inmigrantes ilegales o que mantengan indocumentados detenidos hasta que puedan entregarlos en custodia de la policía migratoria ICE; también autoriza al fiscal general de California a investigar los operativos del gobierno central.
El fiscal estadounidense y secretario de Justicia Jeff Sessions, demandó en marzo estas leyes, alegando que la Constitución "no autoriza" al llamado Golden State (estado dorado) a "obstruir la capacidad de Estados Unidos de aplicar las leyes aprobadas por el Congreso o actuar según la Constitución".
"La Constitución es la que le otorga al pueblo de California, no la Administración Trump, el poder de decidir cómo brindar nuestra seguridad pública y bienestar general", indicó el fiscal de california Xavier Becerra.
Sessions felicitó la decisión de que ya no se impida a los empleadores privados cooperar con la policía migratoria, pero dijo estar "decepcionado" por el fallo a favor de leyes que "protegen delincuentes extranjeros".
Señaló que quiere "continuar luchando contra políticas injustas que amenazan la seguridad pública" sin aclarar si apelaría.
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California ha aclarado que las leyes santuario no aplican a indocumentados acusados de delitos graves o violentos.
El juez Méndez, nominado por el presidente republicano George W. Bush, exhortó también a las partes y al Congreso a "dejar de lado puntos de vista político-partidistas y (...) aprobar una ley que aborde este asunto crucial".