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Amnistía llama a la CPI investigar los "crímenes de lesa humanidad" en Venezuela

La organización también pidió al gobierno de México tener congruencia y tomar responsabilidad compartida de proteger los derechos humanos.
Ejecuciones.
Ejecuciones. Del 21 al 25 de enero de 2019, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, "todas por heridas de bala".

CIUDAD DE MÉXICO- Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó este martes Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país sudamericano.

Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe "Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela", presentado en Ciudad de México.

El informe de Amnistía destaca que las violaciones de los derechos humanos no fueron, en su mayoría, al azar, sino que formaron parte de un ataque previamente planeado y dirigido contra personas opositoras o percibidas como tales.

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Esos procedimientos "configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes", ejecutada por "agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento" de funcionarios, incluido el presidente Nicolás Maduro, dijo la organización con sede en Londres.

"La clasificación de este tipo de delito, así como la responsabilidad penal individual que pudiera corresponder en su caso, deben ser siempre determinados de manera indepenndiente e imparcial por una autoridad judicial nacional o internacional, seg{un corresponda".

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Ejecuciones extrajudiciales

El informe se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna por el poder en la que están inmersos el presidente, Nicolás Maduro, y líder opositor Juan Guaidó, que el 23 de enero se autoproclamó presidente en funciones. El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron del 21 al 25 de enero de 2019.

Guaidó es reconocido como presidente interino por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.

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Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, "todas por heridas de bala".

Y al menos 39 de esas víctimas "murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento" durante las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos humanos.

"Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales selectivas", alertó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al presentar el informe.

Una de esas víctimas mortales es Jhonny José Godoy, quien vivía en la comunidad de La Vega, uno de los sitios más emblemáticos del proceso revolucionario del fallecido expresidente Hugo Chávez, donde grabó un video contra Maduro.

El 25 de enero de 2019 Godoy fue sometido en su casa por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), golpeado durante 30 minutos y asesinado de una bala en el tórax.

En medio de las protestas de esos días, añadió la ONG, "más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes".

Algunos de ellos "fueron torturados previamente a su muerte", y "el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales".

"Llamado a la coherencia" a AMLO

AI recomienda a la CPI ampliar el examen preliminar que lleva a cabo desde 2018 incorporando el pico de represión de enero con el fin de "determinar la responsabilidad penal internacional de las autoridades al más alto nivel".

La organización también recomendó la creación de una comisión de investigación con un mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como un "mecanismo urgente y necesario para frenar la impunidad imperante en Venezuela y para que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan aspirar a obtener verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición en el futuro".

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Esta comisión debe ser independiente e imparcial, cuyos miembros deben ser elegidos por su reconocido prestigio en la lucha contra la impunidad, por su imparcialidad, independencia y por su integridad profesional y personal.

"Todas las partes interesadas, entre ellas organizaciones de sociedad vcivil naciones e internacional, víctimas, personas defensoras de derechos humanos, deberán tener la oportunidad de contribuir a la discusión sobre el establecimiento de la comisión de investigación su mandato, sus competencias, la selección de sus miembros y su funcionamiento", señala el informe.

"En Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad y hay responsables con nombre y apellido", advirtió Guevara.

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AI exigió además al gobierno de Nicolás Maduro el cese inmediato de la política en contra de la población venezolana por parte de sus agentes, así como respetar el derecho a la libre expresión y asociación. También le

AI también hizo un llamado a la comunidad internacional para emitir un comunicado "contundente" y de "condena" contra la "sistemática violación de derechos humanos".

La organización pidió asimismo "coherencia" al presidente izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, que se ha mantenido neutral sobre la situación de Venezuela , citando una política de "no intervención".

Guevara reclamó al presidente mexicano que "no olvide que también tiene una responsabilidad compartida de proteger los derechos humanos de las personas venezolanas tanto en el país como aquellas que hoy en día se encuentran en situación de necesidad internacional".

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