El coronavirus se abre paso en una Bolivia cada vez más polarizada

Los efectos de esas manifestaciones excedieron por lejos la mera cuestión política: el desabastecimiento de insumos médicos, entre ellos el oxígeno medicinal, debilitó aún más al frágil sistema de salud en pleno avance de la pandemia.

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Bolivia vive una jornada de protestas por el retraso de las elecciones

Con casi dos meses por delante hasta las elecciones presidenciales previstas para el 18 de octubre, la profunda grieta política que divide al país amenaza con seguir complicando la respuesta sanitaria al coronavirus. Luego de la renuncia forzada del ex presidente Evo Morales en noviembre pasado, la convocatoria a elecciones presidenciales previstas originalmente para el 3 de mayo había logrado descomprimir parte de la tensión acumulada.

Sin embargo, las tres prórrogas de los comicios ante el avance del coronavirus y la promesa incumplida de Áñez de no postularse en las elecciones terminaron por endurecer las posturas de la oposición. Los cierres de caminos, que en el pico de las protestas llegaron a sumar más de 140 en todo el país, impidieron que durante 12 días los camiones que transportan medicamentos y tubos de oxígeno lleguen a los hospitales de diferentes ciudades.

Con todo, en los últimos días surgieron señales tanto del gobierno como de la oposición que podrían abrir las puertas a una leve distensión política, al menos en el corto plazo. El Congreso, dominado por legisladores afines a Evo Morales, aprobó una ley que fija como fecha inamovible para las elecciones al 18 de octubre.

Esa iniciativa luego fue promulgada por el gobierno y posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo Electoral. Tras esa secuencia, la Confederación Obrera Boliviana (COB) –la principal central sindical del país y afín a Morales- anunció una pausa en las protestas hasta que se lleven a cabo las elecciones presidenciales.

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La presidenta interina de Bolivia da positivo a COVID-19

La descomprensión política es una necesidad imperiosa en un país cada vez más azotado por la pandemia. Tras la cuarentena temprana dispuesta por el gobierno el 22 de marzo, Bolivia logró, a diferencia de otros países sudamericanos como Ecuador y Perú, aplanar la curva de contagios en una primera etapa.

Pero las medidas restrictivas a la movilidad de las personas fueron imposibles de sostener en un país que carga con la mayor tasa de informalidad de la economía en el mundo. Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 62.3% de la economía boliviana estaba en la informalidad en julio de 2018.

Ante esas limitaciones, el gobierno decidió flexibilizar en las normas a partir del 1 de junio lo que ya ocurría en las calles. El problema es que ese relajamiento de las medidas de aislamiento coincidió con el inicio del crecimiento de la curva de contagios. El resultado de esa combinación fue una aceleración abrupta de los casos positivos de COVID-19, un desafío imposible de afrontar para el frágil sistema sanitario del país.

"La pandemia nos ha pescado en pañales, con un sistema de salud muy desorganizado y débil", dice el médico Nelson Patiño Cossio, miembro del Colegio Médico Departamental de La Paz. "Nos faltan hospitales, equipos, medicamentos, insumos y recursos humanos: el coronavirus expuso todas esas carencias".

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#LatAmContraElCOVID19: Los errores y aciertos de Sudamérica ante la pandemia

En ese marco, la aceleración de los contagios ante la mayor movilidad de la población se refleja en un empinamiento de la curva de muertes. Entre el 1 de junio y el 19 de agosto, los fallecidos pasaron de 313 a 4,233.

Sin embargo, esas cifras oficiales son cada vez más cuestionadas dado que buena parte de las personas contagiadas de coronavirus ni siquiera reciben una mínima atención médica. De hecho, la policía informó que entre abril y fines de julio recogió unos 3,300 cadáveres en casas y calles, y se estima que el 80% de esas muertes correspondió a infectados de COVID-19.

La salud ha sido un tema olvidado

La histórica precariedad del sistema sanitario estuvo lejos de ser revertida durante los catorce años del gobierno de Evo Morales. En ese período fueron priorizados otros aspectos también postergados por décadas en Bolivia como los avances en obras de infraestructura básica y la masificación del gas domiciliario.

En ese contexto, aunque en 2019 entró en vigencia el Sistema Único de Salud por el que se garantiza la atención médica para todos los habitantes, la inversión en esa área estuvo lejos de registrar un crecimiento significativo. De hecho, en 2017 la inversión pública en salud equivalía al 4.4% del PIB, por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Con esa debilidad a cuestas, Bolivia contaba en marzo con 490 camas para unidades de cuidados intensivos (UCI), un nivel muy inferior al óptimo para una población de 11.6 millones de habitantes. Cinco meses después, el país solo ha logrado aumentar su capacidad de camas para UCI a 520.

"No llegamos ni siquiera a la mitad de las camas recomendadas por la OMS", dice el médico Adrián Dávila, presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. “Ya antes de la pandemia no teníamos ni lo básico para patologías comunes; ahora estamos mucho peor con el sistema de terapia intensiva colapsado, lo que expone la falta de inversión en salud pública durante los 14 años de gobierno de Evo Morales”.

En la capital La Paz, por ejemplo, hay apenas 50 camas de cuidados intensivos para una población de 1.5 millón de personas. A la falta de infraestructura hospitalaria e insumos médicos se agrega la escasez de personal. "Solo hay en el país 220 médicos intensivistas", dice Ávila. "La falta de prioridad en la salud también se refleja en la carencia de recursos humanos que ahora serían clave para atender esta pandemia".

La crisis política no ha hecho más que exponer aún más esa endeblez. Dado que la mayoría de los hospitales del país no cuentan con generadores propios de oxígeno, los médicos se vieron obligados a administrar la escasez mediante la reducción de las dosis suministradas a los pacientes graves durante los 12 días en que se mantuvieron los bloqueos en las carreteras.

El resultado es dramático: el gobierno denunció el 7 de agosto ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que habían fallecido 31 personas por la falta de reservas para oxigenación. En los días siguientes la cifra creció a más de 40 muertes.

Si bien en las últimas semanas la curva de contagios comenzó a aplanarse en Santa Cruz de la Sierra -la ciudad que más sufrió la pandemia en una primera etapa-, el número de casos positivos se viene acelerando en La Paz y otras regiones del país. Según el comité científico que asesora al gobierno boliviano, el pico de contagios en todo el país llegará recién en la primera quincena de septiembre. Para entonces, se espera que el acumulado de infectados trepe a 150,000, un alza del 50% con respecto al nivel actual.

Ante esa perspectiva, que se suma a la fuerte caída de la economía, la mayoría de los bolivianos observa a la distancia la puja electoral entre el expresidente Carlos Mesa, los candidatos que representan a Evo Morales y Áñez.

"Para nosotros, los médicos, es difícil entender cómo disputas políticas relacionadas con la fecha de las elecciones pueden estar por encima de la salud de la gente", dice Ávila. "Al débil sistema de salud del país no se le pueden agregar más complicaciones en medio de la pandemia: aunque es muy difícil el desafío que aún tenemos por delante, esperemos que vengan días mejores".