Argentina aún no logra escapar de su laberinto económico

El dramático panorama actual refleja la serie de inconsistencias que se han venido acumulando en los últimos años. Si bien tras el estallido económico y social de 2001 Argentina se recuperó con un crecimiento del PIB que promedió más del 6% anual entre 2003 y 2011, buena parte de esa expansión fue impulsada por políticas de corto plazo que se fueron tornando insostenibles.

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Por caso, entre 2003 y 2015 el estado destinó casi 150,000 millones de dólares para congelar el precio de las tarifas de electricidad y gas, subsidios que favorecieron en mayor medida al 20% más rico de la población. En ese contexto, pese al incremento de la presión tributaria durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el resultado primario (antes del pago de la deuda) de las cuentas públicas pasó de un superávit del 2.3% del PIB en 2003 a un déficit superior al 5% en 2015.

Mauricio Macri heredó ese hierro caliente. Para evitar un drástico ajuste fiscal, decidió utilizar al máximo la capacidad de tomar créditos en el exterior ante el bajo nivel de endeudamiento que exhibía la economía argentina. Así, en 2016 y 2017 Argentina emitió deuda por unos 50,000 millones de dólares, lo que transformó al país en el mayor emisor de bonos durante ese bienio entre los emergentes. Sin embargo, esa estrategia llegó a su fin en forma abrupta a comienzos de 2018, cuando los inversores salieron en masa de Argentina y dejaron al país sin el financiamiento necesario para tapar su agujero fiscal.

En medio de una corrida contra el peso argentino, el gobierno de Macri acudió de urgencia al Fondo Monetario Internacional (FMI). Accedió a un préstamo extraordinario de unos 44,000 millones de dólares, pero a cambio se comprometió a acelerar el ajuste fiscal, lo que terminó por agravar la recesión e impulsar los índices de inflación por arriba del 50%. Ese contexto derrumbó el intento reeleccionista de Macri y allanó el camino a la presidencia de Alberto Fernández, un político de perfil moderado que fue ungido por Cristina Fernández con el objetivo de captar electores independientes.

Los objetivos prioritarios del nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre pasado eran la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y la negociación de una extensión de plazos en los compromisos con el FMI. La expectativa era que, una vez despejado el cronograma de vencimientos, la economía empezara, por fin, su recuperación.

La irrupción de la pandemia trastocó los planes otra vez. El equilibrio fiscal heredado de Macri se transformó en un déficit que rondará este año el 8% del PIB ante el desplome de la recaudación de impuestos y el aumento del gasto público para moderar los efectos del confinamiento. Sin más alternativas, el gobierno viene financiando el rojo fiscal con una extraordinaria emisión de pesos por parte del Banco Central.

"En los últimos ocho años Argentina se comió todos los activos para sostener el nivel de actividad en la era de Cristina Fernández, y después se comió los pasivos al tomar mucha deuda durante el gobierno de Macri", dice Ramiro Castiñeira, economista jefe de la consultora Econométrica, en Buenos Aires. “En ese marco, al gobierno de Alberto Fernández solo le quedó la emisión monetaria, lo que generó un descalabro en el sistema de precios”.

En un país con una larga historia de devaluaciones, las presiones cambiarias se intensificaron. Con reservas netas en el Banco Central de apenas 5,500 millones de dólares –equivalentes a menos de dos meses de importaciones–, el gobierno viene ajustando el control de cambios para intentar evitar una nueva devaluación del peso.

Una evidencia clara de la escasez de reservas es el cupo máximo de 200 dólares por mes que se impuso a fines del año pasado para los argentinos que quieran adquirir divisas para atesoramiento. Esa restricción se ajustó aún más en enero, cuando el gobierno impuso un impuesto del 30% a esas compras con el objetivo de desalentarlas. Sin embargo, la demanda por el cupo de dólares se mantuvo firme. En agosto, casi 4 millones de argentinos –el 9% de la población– adquirió los 200 dólares permitidos.

La pulsión por dolarizarse de los argentinos con capacidad de ahorro tiene fundamentos. Si bien gracias al cada vez más estricto control de cambios el gobierno logra mantener sin grandes variaciones el precio del dólar oficial, la cotización de las operaciones legales con las que se pueden comprar divisas en el mercado de capitales saltó casi el 80% desde comienzos de marzo.

La elevada brecha entre el tipo de cambio oficial y los alternativos no solo agiganta las expectativas de devaluación, sino que estimula una serie de maniobras especulativas. Mientras los importadores se ven incentivados a sobrefacturar sus compras al exterior para hacerse de dólares al precio oficial, en sentido inverso los exportadores desarrollan estrategias de evasión y subfacturación de sus exportaciones para liquidar esos dólares no declarados al tipo de cambio paralelo. Como en un círculo vicioso, ese escenario profundiza la escasez de reservas en el Banco Central, lo que retroalimenta las expectativas de devaluación del peso.

La encrucijada de devaluar o no el peso

El gobierno de Alberto Fernández se resiste a convalidar una devaluación brusca en un país en que la mayoría de los precios de los alimentos y de los insumos para la producción industrial está atada al valor del dólar. Una nueva depreciación echaría más combustible a una inflación que ronda el 40% anual, lo que agravaría aún más el contexto social. Sin embargo, pese a esas intenciones del gobierno, crecen las dudas sobre su capacidad real para contener las presiones cambiarias.

La exitosa reestructuración de la deuda con los acreedores privados concretada a comienzos de septiembre no fue suficiente para recrear las expectativas.

Según un informe elaborado por Morgan Stanley, el rendimiento inicial de los bonos argentinos es el peor para los títulos de mercados emergentes recientemente reestructurados en los últimos 20 años. A eso se sumaron las señales negativas que dejó la presentación del Presupuesto para el 2021: el gobierno prevé un déficit fiscal primario del 4.5% del PIB, que será financiado en un 60% con más emisión monetaria.

En ese marco de más pesos en la calle y menos dólares en las reservas del Banco Central, el gobierno argentino sigue enfrentando las crecientes expectativas devaluatorias con más restricciones cambiarias. A mediados de septiembre, agregó un 35% adicional en un nuevo tributo a quienes adquieran los 200 dólares permitidos e impuso nuevas condiciones que redujo el número de las personas que pueden acceder a ese cupo. Además, el Banco Central dispuso que solo venderá a las empresas el 40% de los dólares que requieran para hacer frente a las deudas financieras con vencimientos hasta marzo del año próximo. El resto de las deudas deberán ser renegociadas o canceladas con dólares propios de las compañías, lo que implicará en ambos casos un sobrecosto.

Como tantas otras veces a lo largo de su historia, Argentina se enfrenta a una crisis económica que se evidencia en la escasez de dólares. En medio de un derrumbe del PIB que rondará este año el 12%, el gobierno de Alberto Fernández está cada vez más urgido en encontrar una salida al laberinto en el que está atrapada la economía argentina.

“Si bien el margen de acción es cada vez más limitado, el gobierno todavía está a tiempo de dar un golpe de timón para generar un shock de confianza”, dice el economista Federico Furiase, director de la consultora EcoGo, en Buenos Aires. “Si no concreta ese giro, no solo será difícil sostener esta dinámica sin convalidar una devaluación del peso: el riesgo es que se acelere la inflación y eso socave el rebote económico esperado para 2021 tras el desplome de este año”.