Vizcarra cuestiona la legitimidad del nuevo gobierno de Perú y llama a protestas

El Congreso destituyó a Vizcarra la noche del lunes por "incapacidad moral" al cierre de un segundo juicio político en su contra en menos de dos meses, tras denuncias de que había recibido sobornos para autorizar obras públicas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua en 2014, cargos que él niega.

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"Incluso la OEA ha solicitado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional" sobre la legalidad de la destitución, acotó el popular expresidente, en referencia a un comunicado del secretario general, Luis Almagro.

"Estamos preocupados por la situación política del Perú", subrayó Vizcarra, un político que carece de partido y de bancada en el Congreso, pero con niveles récord de apoyo ciudadano, según las encuestas.

Vizcarra defendió el derecho de los peruanos a protestar contra Merino, lo que ocurre diariamente desde el martes en las calles de Lima y otras ciudades, y exhortó a que las manifestaciones sean pacíficas.

"Tenemos que hacer un llamado a la población para que se exprese pacíficamente (...), las manifestaciones tienen que permitirse", dijo a horas de nuevas marchas convocadas en Lima y otras ciudades.

"La respuesta se la está dando el pueblo [en las calles] al señor Merino", agregó. "Y también hacemos un llamado a la Policía Nacional para que respete las manifestaciones", dijo, afirmando que con el nuevo gobierno "hemos visto ahora una policía agresiva”.

"Es como volver al pasado, a la política tradicional", afirmó al llegar a la sede de una fiscalía que lo investiga.

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El Congreso peruano destituye al presidente Martín Vizcarra Con 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, el mandatario es separado de su cargo tras ser acusado de haber recibido sobornos cuando era gobernador en 2014.

Vizcarra acudió a la fiscalía para declarar sobre las denuncias de que recibió coimas de 600,000 dólares. Un par de horas después se retiró sin hacer declaraciones.

Medios locales indicaron que la fiscalía solicitó a la justicia que prohíba a Vizcarra salir del país durante 18 meses mientras avanzan las investigaciones. Vizcarra aseguró que no dejará Perú, ni se asilará en una embajada ni se hospitalizará para evitar las investigaciones de la fiscalía.

Protestas en la mira

Manuel Merino, quien asumió la presidencia de manera interina el martes, pidió tranquilidad a la población en medio de protestas contra un inesperado cambio gubernamental.

"Respetamos a quienes tienen una opinión discrepante, pero hacemos un llamado a la calma y la responsabilidad para que cualquier expresión política este dada dentro del ámbito de la tranquilidad y no violencia", agregó el mandatario.

Más temprano, el gobernante acusó a "candidatos presidenciales" de estar detrás de las protestas en el país que además sufre de una crisis económica y sanitaria por la pandemia.

Desde el día de la expulsión de Vizcarra, centenares de personas han protestado contra la decisión del Congreso dominado por la oposición, con varios enfrentamientos con la policía que lanzó bombas lacrimógenas y disparos para dispersarlos.

El cambio de administración se produjo a cinco meses de las elecciones generales programadas para el 11 de abril.

La policía detuvo a decenas de personas, la mayoría jóvenes, que se movilizaron golpeando cacerolas, con banderolas y pancartas con escritos contra el Congreso. Para el jueves se ha convocado por redes sociales a más protestas, aunque decenas de personas ya marchaban el mediodía por el centro de Lima.

"No me representa, yo no he votado por él (Merino)", dijo un manifestante en la noche del miércoles en una calle de Lima.

La oficina regional de derechos humanos de las Naciones Unidas exhortó el jueves a las autoridades de Perú a garantizar la reunión pacífica, y dijo que estaba recibiendo "información inquietante" en el marco de las protestas.

"La policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria", afirmó en un comunicado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mostró, a través de Twitter, su preocupación por la actuación "excesiva" de la policía y por las detenciones debido a las protestas.

Nuevo gabinete

Merino, ex jefe del Congreso que asumió el poder el martes, designó este jueves a un gabinete de ministros conformado en su mayoría por tecnócratas.

En la cartera de Economía, el gobierno interino designó al tecnócrata José Arista, quien fue ministro de Agricultura en 2018 y ex viceministro de Hacienda hace más de una década. Arista se desempeñaba como consultor de servicios financieros en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.

En el clave ministerio de Energía y Minas se nombró a Carlos Herrera, quien ya se desempeñó dos veces en ese portafolio.

"No vamos a producir ningún cambio traumático, el Estado debe seguir funcionando y respetando el trabajo profesional y técnico de todas las instancias" del Gobierno, dijo Merino.

El miércoles designó como jefe de gabinete a Antero Flores-Aráoz, un veterano político conservador.

Con información de AFP y Reuters