El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó una ley este martes que garantiza inmunidad vitalicia a los ex mandatarios rusos.
El texto, publicado en línea este martes, otorga a los expresidentes y a sus familias inmunidad para que no puedan ser procesados por delitos que hayan cometido.
Con ello, también quedarán exentos de ser interrogados por la policía o por investigadores, así como de registros o arrestos.
Esa facultad solo beneficiaría al actual presidente y a su antecesor, Dmitri Medvédev, que ejerció el cargo entre 2008 y 2012.
Hasta ahora, los expresidentes solo eran inmunes por delitos cometidos mientras estuvieran en el cargo.
Aún así, esta inmunidad puede quedar anulada si el ex presidente es acusado de traición o de otro delito grave y los cargos son confirmados por el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional.
La acusación contra un ex presidente debe recibir el respaldo de dos tercios de los miembros de las cámaras alta y baja del Parlamento ruso a propuesta de un mínimo de un tercio de los diputados de la Duma.
El Senado tendrá tres meses de plazo para tomar una decisión, tras lo que la acusación se considerará rechazada.
Antes de esta reforma, un ex presidente podía verse privado de inmunidad si el Comité de Instrucción de Rusia incoaba un proceso penal por un crimen grave cometido durante el ejercicio del cargo y éste era sancionado por ambas cámaras del Legislativo.
Además, Putin promulgó una legislación este martes para otorgarle una plaza vitalicia a los ex presidentes en el Consejo de la Federación, un cargo que también provee inmunidad procesal.
Esta ley permitirá a los presidentes nombrar hasta 30 senadores para el Consejo de la Federación, la Cámara alta de Rusia, y convertirse en senadores ellos mismos una vez que hayan dejado el cargo.
Estas legislaciones forman parte de las enmiendas constitucionales que fueron aprobadas este verano en una votación a nivel nacional que permitió que Putin, de 68 años, pueda permanecer en la presidencia hasta 2036.
El líder ruso, que ha gobernado su país desde el año 2000, debía dejar el puesto en 2024.
Las reformas están siendo analizadas de cerca en busca de pistas sobre lo que Putin puede hacer al final de su actual periodo presidencial, el segundo consecutivo y el cuarto en total.
El mes pasado, los proyectos de ley pendientes dieron lugar a rumores de que el presidente ruso pensaba dejar el cargo, algo que el Kremlin negó, afirmando que Putin se encontraba en buena salud.
El martes, la Cámara Baja de la Duma aprobó en tercera lectura una legislación para hacer que la información sobre los empleados del sistema judicial ruso, el refuerzo de la ley y organismos militares y reguladores sea confidencial.
Ese proyecto aguarda ahora la firma de Putin para convertirse en ley, un paso que está considerado como una formalidad.
El lunes, el opositor Alexéi Navalni afirmó desde Alemania que telefoneó a un supuesto agente de seguridad y le engañó para que admitiera que los servicios secretos (FSB) intentaron matarle en agosto, envenenándolo.
Según Navalni, obtuvo el número de teléfono del agente a través de archivos filtrados y registros de viajes.
El opositor publicó la supuesta dirección y teléfono del agente, algo que, en virtud de la nueva legislación, sería ilegal.
Con información de AFP, EFE y Reuters
