Desempleo y crisis social: ¿qué razones impulsan la caravana desde Honduras?

"Nos echaron como perros (del terminal donde trabajaba), como basura, como si no valiéramos nada en el país y no tengo una profesión para mantener a mi familia", cuenta la mujer a la AFP.

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Entre el miércoles 13 de enero y el viernes 14 de enero, más de 9,000 hondureños entraron a Guatemala, luego de romper los cordones de seguridad apostados en El Florido, un punto fronterizo entre Honduras y Guatemala.

El domingo, el gobierno de Guatemala frenó a bastonazos y gas lacrimógeno el paso de miles de migrantes hondureños. El pretexto fue evitar la propagación del COVID-19, detectado en una veintena de los participantes de la caravana.

Los migrantes fueron repelidos con gases de la policía y aporreados con palos por militares en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras, país que protestó por la violencia usada contra sus ciudadanos.

Dixón Vázquez, de 29 años, hondureño originario de La Lima, suplicó a las autoridades guatemaltecas que los dejen seguir.

"No tienen corazón, estamos arriesgando la vida, no hay trabajo en Honduras", comentó.

Una crisis económica agravada por los huracanes y el COVID-19

Vázquez tiene razón. El desempleo en Honduras se ha intensificado durante la pandemia de COVID-19 y la destrucción que dejaron los huracanes Eta e Iota durante noviembre de 2020. Esto, sumado a la violencia de las pandillas, ha expulsado a miles de hondureños camino a Estados Unidos.

Muchos de los hondureños pobres y desempleados nunca han recibido un beneficio social directo de la deuda interna y externa que tiene Honduras, que supera los 12,000 millones de dólares.

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Las tormentas tropicales Eta e Iota, así como el encierro por el COVID-19 en 2020 costaron a Honduras, uno de los países más pobres de Latinoamérica, unos 5,000 millones de dólares, según cálculos del gobierno, alrededor de una quinta parte del PIB del país. De acuerdo con el Banco Mundial, se espera que la economía del país se haya contraído 7.1% durante 2020.

El país sufre además, no de ahora, las deficiencias de sus sistemas de educación y salud; la violencia del crimen organizado y las pandillas; el narcotráfico, malos servicios públicos, un alto coste de la vida, bajos salarios, inseguridad, injusticia y una corrupción galopante entre otros males, que son como una maldición para un pueblo humilde y trabajador, además de mucho aguante.

Las desgracias que sufren la mayoría de los 9.5 millones de habitantes que tiene Honduras, reflejan además que los políticos que han gobernado al país en las últimas cuatro décadas, desde el retorno a la democracia en 1980, después de varios años con regímenes militares, no han sido capaces de crear bienestar, aunque tampoco hicieron mucho quienes gobernaron 30 años atrás.

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Analistas coinciden en que en 1980 la pobreza afectaba al 60% de los hondureños, y que en 2020 rozó el 70% con los miles de nuevos pobres que dejaron la pandemia de COVID-19, que se comenzó a expandir en marzo, y las tormentas Eta e Iota, que azotaron al país en noviembre.

Los ciclones ocasionaron daños por más de 1,800 millones de dólares en Honduras tras su paso en noviembre, y afectaron a casi la mitad de su población, de acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

"A nivel humanitario hay mas que 4 millones de personas afectadas, con 2.5 millones de personas en necesidad", agregó el documento. Honduras tiene 9.5 millones de habitantes.

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De acuerdo con la CEPAL, el más afectado por los ciclones fue el sector privado, con el equivalente a 1,490 millones de dólares, el 69% de todos los daños. El 31% restante son efectos en el sector estatal.

Los ciclones golpearon el norteño valle de Sula, la columna vertebral de la economía del país, que aporta alrededor de dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB).

Según fuentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), alrededor de un millón de puestos de trabajo se perdieron en 2020 por la COVID-19 y las tormentas.

Las caravanas, una opción de seguridad

Desde 2018, miles de personas de todas las edades, entre hombres, mujeres y niños, incluso ancianos, y personas con discapacidades, han partido en caravanas hacia Estados Unidos. Aunque la mayoría son jóvenes, la mayoría de la fuerza productiva del país.

Este año, la caravana ha sido la más grande y con mayores grupos de familias enteras, algunas con padres llevando uno o varios hijos de diferentes edades.

Migrar en caravanas ha sido la opción preferida de los migrantes centroamericanos en los últimos años, pues les brinda mayor seguridad en el camino, por lo menos, mucha más de la que podrían tener cuando migran solos, de acuerdo con el académico de la Universidad Iberoamericana, Javier Urbano.

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En las caravanas han migrado 20,000 hondureños, que han tenido que enfrentar el rechazo de las autoridades de México y Estados Unidos. Muchos de los hondureños que salieron en todas las caravanas, incluida la de la semana pasada, fueron capturados y retornados, y también fueron muchos los que intentaron irse de nuevo hasta dos y tres veces, aduciendo que no pueden vivir en su país por la falta de trabajo y la violencia.

Pero el atractivo de ser parte del millón de hondureñas que viven en el extranjero es muy fuerte. El envió de remesas, que alcanzó un récord de 6,000 millones de dólares en 2020, representa el 20% del PIB del país y su principal fuente de divisas. Las remesas representan un 14% del PIB de Guatemala y un 16% en El Salvador.

Durante los últimos 20 años un promedio entre 100 y 150 hondureños se iban a diario del país con el fin de llegar a Estados Unidos, donde muchos tenían familiares que les esperaban, pero no todos lograron llegar a ese país, porque fueron devueltos de México, donde fueron víctimas de todo tipo de atropellos, incluso asesinados o muertos y mutilados al caer de trenes.

También fueron muchos los que intentaron irse de nuevo hasta dos y tres veces, aduciendo que no pueden vivir en su país por la falta de trabajo y la violencia.

Un país sin estabilidad política

El panorama del país centroamericano es incierto por la difícil situación política, social y económica que vive Honduras desde hace varios lustros, que se agravó con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya.

La crisis se agudizó aun más luego de las elecciones generales de 2017, cuando fue reelegido el actual presidente, Juan Orlando Hernández, violentando la Constitución, que no lo permite bajo ninguna modalidad, en unos comicios en los que según la oposición, además, hubo fraude y varios muertos y lesionados.

La oposición política, que pareciera desentenderse de los problemas de fondo del país y carece de auténticos líderes, al igual que el gobernante Partido Nacional, acusa a Hernández de la profundización de la crisis y la alta corrupción que vive Honduras.

La situación es preocupante, según advierten diversos sectores, principalmente porque 2021 es un año político, en el que habrá elecciones internas de partidos, en marzo, y generales, en noviembre, y cada día son más los rumores de que Hernández quiere buscar una segunda reelección, a lo que el gobernante ha reiterado que no es cierto y que su mandato finaliza el 27 de enero de 2022.

El efecto Joe Biden

El discurso del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la migración proveniente de Centroamérica fue una de las principales marcas de su presidencia. Llamó a los migrantes que iban a la frontera con México en busca de refugio una "invasión" y acusó, en muchas ocasiones, que solo traerían más delincuencia al país, al equiparar a todos los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos con los pandilleros de los que huyen.

Trump eliminó la mayoría de los programas de Estatus de Protección Temporal del que gozaban los inmigrantes provenientes de estos países de Centroamérica y retiró los fondos de cooperación, pues consideró que los países centroamericanos no hacían nada para retener a su población.

Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron con la administración Trump un acuerdo conocido como "tercer país seguro", en que se comprometen a colaborar con Estados Unidos en la detención de las corrientes migratorias procedentes del sur del continente.

Organizaciones como la la Oficina de Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA), Human Rights Watch y Amnistia Internacional han sido muy críticos con este tipo de acuerdos, pues ninguno de estos países cuenta con las condiciones para garantizar la seguridad de estos migrantes.

Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Trump alcanzó un acuerdo conocido como "permanecer en México". Bajo el programa, llamado formalmente los Protocolos de Protección al Migrante, los migrantes no mexicanos se ven obligados a esperar en México para sus citas en la corte de inmigración de Estados Unidos.

Durante un debate presidencial del 22 de octubre, el entonces candidato demócrata Joe Biden criticó el programa y dijo que dejaba a los migrantes "sentados en la miseria" al otro lado del Río Bravo, que separa a Estados Unidos y México.

Biden, quien asumirá la presidencia de Estados Unidos el próximo miércoles, propuso echar atrás las duras políticas antimigrantes del presidente saliente. También ha dicho que entre sus prioridades en los primeros 100 días de gobierno estará presentar una iniciativa de ley para regularizar la situación migratoria de 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin documentos.

Estas promesas del demócrata pueden estimular la migración en tiempos de pandemia. "Si Trump se va, va a aumentar exponencialmente la migración hacia Estados Unidos", advirtió en octubre Urbano, profesor del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero.

Varios migrantes que viajan en la actual caravana han dicho que esperan que el demócrata, a diferencia de su predecesor, los reciba.

"Confiamos en Dios que Biden nos va a ayudar. Sabemos que va a tomar posesión el 20 de enero, dijo a la AFP Amanda, quien viaja con su hijo de diez años.

"Si llegan con bien, la mayoría de los que estamos aquí vamos a tomar la decisión de irnos después”, dijo a la agencia francesa Emerson López, un habitante de la ciudad de La Lima.

"Pienso que con este nuevo presidente, las cosas para un migrante que llega sin papeles cambie, porque con Trump estamos jodidos", planea Cristian Panameño, un mecánico de 42 años, que tras ser deportado ha ahorrado para tratar de migrar por segunda vez.

"Yo si llego a los Estados Unidos aspiro a que me den chance de trabajar”.

Con información de AFP y EFE