La liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19 se ha convertido en la manzana de la discordia entre los países desarrollados y los países en vía de desarrollo para garantizar el acceso universal al medicamento.
La Organización Mundial del Comercio (OMC) fracasó este jueves en lograr un acuerdo sobre la exención a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el COVID-19 para hacerlas más asequibles, algo inconcebible para los laboratorios farmacéuticos.
La iniciativa para eliminar los monopolios sobre las herramientas para combatir el COVID-19 durante la pandemia había sido promovida por India, el país con la mayor producción de vacunas en el mundo, y por Sudáfrica, donde se detectó una nueva cepa del COVID-19 que es potencialmente más resistente a las inmunizaciones disponibles.
“Esta moción tomó mucho auge entre los países menos desarrollados, cerca de 100 países están a favor de la propuesta de los 165 miembros. ¿Quiénes se opusieron a ella? Los países más ricos que tienen industria farmacéuticas propias y las están protegiendo”, señaló la analista internacional Brenda Estefan a Expansión.
La propuesta facilitaría intercambiar conocimientos y multiplicar con rapidez los sitios de fabricación de productos médicos urgentes contra la pandemia, como las vacunas.
Países como México y Brasil, que aún no cuentan con un número de dosis suficiente para vacunar a la mayor parte de sus poblaciones, también se habían manifestado en contra de la medida.
México, junto con Chile, Canadá y Australia, había solicitado a los proponentes de la reunión más información sobre esta, ya que este grupo de países consideró que “los derechos de propiedad intelectual generaban innovación y que había que protegerlos”.
"La propuesta de exención tiene por objeto garantizar que las complicaciones derivadas de la protección de los derechos de propiedad intelectual no demoren la respuesta ni den lugar a una respuesta deficiente de los países que afecte a la vida de todas las personas".
"La gestión de una pandemia requiere una respuesta rápida, y redunda en interés de todos los países que cada uno de ellos tenga la capacidad de combatirla mediante vacunas, tratamientos y dispositivos", respondieron los patrocinadores de la moción.
Los países no llegaron a un acuerdo sobre la exención de la propiedad intelectual de las vacunas, pero han acordado continuar con el debate en futuras reuniones con el objetivo de garantizar el acceso a las vacunas y los medicamentos, de acuerdo con un reporte de El Español.
Se trata de a segunda reunión de la OMC donde el tema es tratado. La moción ya había sido rechazada el 18 de diciembre y el 16 de octubre.En ambas ocasiones se acordó que el Consejo del Acuerdo de la OMC sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual volvería a abordar en sus siguientes reuniones la moción.
La idea había recibido el apoyo del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien tuiteó que una autorización de la OMC haría que las vacunas y tests de COVID-19 estuvieran "disponibles para todos los que los necesiten y a un costo asequible".
El texto contemplaba que la exención se mantuvise "hasta que haya una gran vacunación a escala global y la mayoría de la población mundial esté inmunizada".
Organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras habían dado su apoyo a la moción, ya que permitiría un acceso equitativo a la vacuna, algo clave para terminar con la crisis del COVID-19 de manera oportuna.
Además de los países en vías de desarrollo, la moción había recibido el apoyo de organizaciones como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras, que consideran que el acceso equitativo a las vacunas y a los tratamientos será clave para terminar pronto con la pandemia de COVID-19, que ha anotado al mundo por casi 11 meses.
“Tenemos un mensaje sencillo para los gobiernos que se oponen a esta propuesta histórica de exención de los monopolios: por favor, no la bloqueen. No tenemos un campo de juego nivelado, por lo que incluso si no lo necesitan o no están de acuerdo; no impidan que otros países se beneficien de esta exención para proteger a su propia gente. Esta pandemia no terminará hasta que termine para todas las personas”, dijo Sidney Wong, director ejecutivo de la campaña de Acceso de Médicos Sin Fronteras en un comunicado enviado el miércoles.
Aceptar la exención habría facilitado el desarrollo y la producción de una cantidad mayor y a precio más bajo de pruebas diagnósticas, tratamientos y vacunas para la COVID-19, indicó Amnistía Internacional por su parte.
“La crisis del COVID-19 no solo es sanitaria y económica, sino también de derechos humanos, y no puede superar sin un compromiso auténtico con el principio de ‘no dejar a nadie atrás’ de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. (…) Nadie estará a salvo hasta que todos y todas lo estemos”, señaló el organismo en noviembre en una carta dirigida a los países miembros de la OMC.
El martes, los cuatro directores generales adjuntos de la OMC —Yonov Frederick Agar, Karl Brauner, Alan Wolff y Yi Xiaozhun— llamaron a los países miembros a intensificar la cooperación con el fin de asegurar el acceso mundial a las vacunas para combatir la pandemia de coronavirus.
“Instamos a los miembros a que colaboren para conseguir que las vacunas estén al alcance de todos. Es más, la guerra contra la pandemia no podrá ganarse hasta que se alcance una vacunación de cobertura universal", señalaron en una delcaración conjunta.
Para Estefan, el principal problema de la vacuna, además de que no se ha respetado que sea tratada como un bien público universal, es que las farmacéuticas que poseen los derechos de propiedad intelectual de la vacuna no cuentan con su eficiente capacidad de producción para dar abasto a las necesidades del mundo. Esta falta de información "está generando cuellos de botella terribles".
"Ya está la ciencia, ya hay una vacuna, pero no hay suficientes vacunas siendo producidas en el mundo y para eso se necesita, no hay otro camino que ampliar la capacidad de manufactura de la vacuna. ¿De qué sirve que haya capacidad instalada de la vacuna en diferentes farmacéuticas del mundo si no se tiene el conocimiento de cómo se hace la vacuna, sin la patente y toda la información vinculada a ella?", señaló la analista.
Al igual que en diciembre, la propuesta fue rechazada por los países donde prosperan los grupos farmacéuticos. Japón, Canadá, Reino Unido —de donde es originaria AstraZeneca— y Suiza rechazaron la moción.
Estos países señalaron que no hay indicios de que los derechos de propiedad intelectual hayan supuesto una barrera para el acceso a medicamentos y tecnologías relacionadas con el COVID-19, de acuerdo con un funcionario comercial de Ginebra, citado por El Español.
La Unión Europea y Estados Unidos, por su parte, argumentaron que el marco de las patentes proporciona incentivos legales y comerciales que son fundamentales para impulsar a las empresas privadas a que hagan inversiones y asuman el riesgo.
Mientras tanto, las vacunaciones están en curso en países de altos ingresos que realizaron múltiples acuerdos bilaterales de compra anticipada con empresas farmacéuticas. Los países en desarrollo tienen que esperar.
"La propiedad intelectual impulsa un modelo de negocios muy innovador. No habríamos tenido la posibilidad de avanzar tan rápido en el desarrollo de tratamientos o vacunas sin el sistema de propiedad intelectual", declaró en diciembre durante un encuentro, Thomas Cueni, director general de IFMPA, 'lobby' de los grupos farmacéuticos.
También presente entonces, el director científico del gigante farmacéutico estadounidense Johnson & Johnson, Paul Stoffels, explicó que por ahora "nos enfocamos en estabilizar la tecnología y asegurarnos que podemos suministrarla (la vacuna) el año próximo, antes de transferir tecnologías y capacitar a otros".
Durante las discusiones informales a este respecto mantenidas en las últimas semanas en la OMC, Japón, Estados Unidos y la UE expresaron su oposición al texto, subrayando sobre todo los esfuerzos financieros realizados por los grupos farmacéuticos.
Estos países además afirman que quienes han desarrollado las vacunas tienen el saber-hacer y están en la mejor posición para fabricar las vacunas en las cantidades requeridas, señaló a AFP en diciembre una fuente comercial con sede en Ginebra.
“Algunos países, incluidos Canadá y los de la UE, están utilizando medidas voluntarias, como promesas de donación de vacunas en exceso o contribuciones a las instalaciones COVAX de la OMS, como defensa contra la necesidad de la exención”, indicaron Ronald Labonte, profesor de la Universidad de Ottawa, y Brook Baker, profesor de Leyes de la Universidad de Northeastern, a The Conversation Africa.
Los opositores al texto además destacaron que las normas actuales de propiedad intelectual prevén las flexibilidades necesarias y la posibilidad de acordar "licencias obligatorias", específicas para emergencias como la actual pandemia.
Las actuales normas autorizan acordar estas licencias, denominadas "obligatorias", lo que permite a las autoridades brindar a empresas no titulares de la patente el permiso para fabricar el producto, en tanto se respeten ciertos procedimientos y condiciones.
Pero algunos países consideran muy complicado el procedimiento para obtener estas licencias y piensan que las condiciones son numerosas, pues cada solicitud debe ser tratada caso por caso. Proponen por lo tanto una exención general mientras dure la pandemia y así ayudar a superar las complicaciones burocráticas.
Con información de AFP
