A los abusos de la fuerza pública, condenados por la comunidad internacional, se suman constantes ataques de civiles a manifestantes e incluso a la misión médica, grabados en numerosos videos.
Es "inadmisible que tengamos civiles prácticamente convirtiendo nuestra ciudad en una campo de guerra", agregó Rojas.
Arrinconado por la crudeza de las protestas en su contra, el presidente Iván Duque ordenó desplegar unos 7,000 militares en todo el departamento bajo la figura de asistencia militar.
En un mes de levantamiento popular se registraban hasta el viernes 49 muertos en todo el país, según el conteo oficial. La Fiscalía ha establecido que al menos 17 de los casos tienen nexo directo con las manifestaciones.
Pero la ONG Human Rights Watch afirma tener "denuncias creíbles" sobre 63 muertes, 28 relacionadas con la crisis.
El estallido comenzó cuando el gobierno quiso cargar con más impuestos a la clase media, castigada por la pandemia, para llenar el hueco fiscal que deja la emergencia económica.
Duque desistió de la propuesta, pero la represión policial encendió más los ánimos. Hoy las calles están llenas de jóvenes sin empleo ni educación que piden un Estado más solidario ante los estragos del COVID-19.
