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Colombia y México son los países donde más se asesinan a defensores del ambiente

El 2020 ha sido el año más peligrosos para los activistas medioambientales con 227 ataques letales, de acuerdo con una recopilación de la organización Global Witness.
lun 13 septiembre 2021 01:02 PM
Hombre vestido de verde apunta con un arma
Colombia, México y Filipinas concentraron más de la mitad de los ataques contra los defensores medioambientales en el mundo durante 2020.

México y Colombia son los países más peligrosos para defender al medio ambiente, pues la actividad se ha convertido casi en una sentencia de muerte. Los dos países son donde se cometieron más asesinatos de activistas por el medio ambiente durante 2020, de acuerdo con un informe de la organización Global Witness.

El año pasado fue el año más letal para los defensores del medio ambiente de la tierra con 227 homicidios, que ocurren en el contexto de una gama más amplia de amenazas contra las personas defensoras, que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización.

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Más de la mitad de los ataques contra defensores durante 2020 sucedieron en solo tres países: Colombia, México y Filipinas.

En México, la organización registró 30 ataques letales contra las personas defensores de la tierra del medio ambiente en 2020, un aumento del 67% respecto a 20219. La explotación forestal estuvo vinculada a casi un tercio de esos ataques, y la mitad de todos los ataques en el país.

Global Witness señala que la impunidad de delitos contra las personas defensoras del medio ambiente en México es “sorprendentemente alta”, pues hasta un 95% de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal.

Colombia fue, por segundo año consecutivo el país que registró la mayor cantidad de asesinatos en 2020, con 65 personas defensores de la tierra y del medio ambiente asesinadas. Estos homicidios tuvieron lugar en un contexto de ataques generalizados contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios de todo el país, a pesar de la esperanza generada por el acuerdo de paz de 2016.

Ese aumento se explica en parte "por la amenaza que representan para paramilitares y organizaciones criminales los programas de sustitución de cultivos de coca —que proveen incentivos para que los agricultores siembren otras especies— que se incluyeron en el acuerdo de paz con las FARC en 2016", según el informe.

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Global Witness registró 17 casos en que las víctimas fueron blanco de ataques por su apoyo o participación en programas de sustitución de cultivos ilegales.

“Los pueblos indígenas se vieron particular afectados por la pandemia de COVID, solo sirvió para empeorar la situación. El confinamiento oficial llevó a que las y los defensores fueran atacados en sus hogares y a que se redujeran las medidas de protección del gobierno”, señaló el informe de Global Witness.

En Filipinas, donde la situación de derechos humanos ha empeorado durante el gobierno de Rodrigo Duterte, las personas que se oponen a las industrias perjudiciales para el medio ambiente son reprimidas violentamente por la policía y el ejército. Según nuestros datos recopiladas por la organización, más de la mitad de los 29 ataques letales en Filipinas estuvieron relacionados con la opción a proyectos de minería, tala y represas.

Desde la elección de Duterte en 2016 hasta finales de 2020, 166 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente han sido asesinadas.

América Latina, la región más peligrosa para el medio ambiente

América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medioambiente: 3 de cada 4 ataques registrados en el 2020 sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.

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Brasil, con 20 asesinatos de defensores al medio ambiente, y Honduras, con 17 homicidios, terminan el top 5. En el país sudamericano, la organización destaca cómo el COVID-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del gobierno.

También Nicaragua llamó la atención este año —un país de apenas 6 millones de personas—, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.

La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (...), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó a Efe Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.

La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.

En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.

Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?

“El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial, de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria; en esta labor de oposición pacífica se ven asesinados”, afirmó Furones.

Los datos de la organización respaldan la tesis: el 30% de los asesinatos ocurrieron en zonas con proyectos de tala de árboles, represas hidroeléctricas, infraestructura, minería o agroindustria a gran escala. Aún así, en 112 casos no se pudo establecer un vínculo claro.

La tala y la deforestación fueron los sectores con más ataques, con 23 muertes entre Brasil, Nicaragua, Perú y Filipinas y con un aumento muy importante en México, con 9 casos.

Con estas cifras, Furones resaltó que la pandemia contribuyó a una parálisis del sistema administrativo y legal para perseguir a los culpables de los crímenes, “y el acceso a la justicia se ha visto muy mermado”.

A pesar de la impunidad y la violencia, la investigadora defendió que las luchas de los defensores son “cruciales” y debe ser “papel de todos protegerlos”, sobre todo cuando hay “por delante una década tan crucial con respecto a la crisis climática, donde el tiempo se acaba y el papel de las comunidades y de las poblaciones locales va a ser todavía más importante”.

Con información de EFE

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