Brasil, con 20 asesinatos de defensores al medio ambiente, y Honduras, con 17 homicidios, terminan el top 5. En el país sudamericano, la organización destaca cómo el COVID-19 amenazó en “extinguir” a las comunidades indígenas, con una escasa protección por parte del gobierno.
También Nicaragua llamó la atención este año —un país de apenas 6 millones de personas—, donde Global Witness registró 12 asesinatos en 2020 en comparación con 5 en 2019, lo que lo convierte en el país más peligroso per cápita.
La alta incidencia sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que “en otros continentes el acceso a la información es más limitado (...), no es que haya menos casos sino que muchos de ellos no llegan a fuentes públicas”, afirmó a Efe Laura Furones, activista de derechos humanos de Global Witness.
La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó Furones, permite una “defensa fuerte de los recursos”, pero también conlleva “enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica”.
En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, con un defensor asesinado por país.
Los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita: ¿quién los asesina y por qué?
