El Acuerdo de Escazú, el pacto medioambiental latinoamericano, entra en vigor

En este contexto se gestó el acuerdo, que impulsó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y que obtuvo en enero las dos firmas que le faltaban para hacerse oficial, las de México y Argentina, que se suman a las de otros diez países de la región.

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Para la secretaria ejecutiva de la institución, Alicia Bárcena, este acuerdo es "importantísimo para la región" y nació como "un pacto con una sociedad que está pidiendo una nueva forma de organización económica y social".

La idea emana de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (2012), pero este acuerdo no se materializó hasta el 4 de marzo de 2018, cuando se firmó el compromiso en la ciudad costarricense de Escazú, que le dio nombre.

Tres años después, el tratado entrará en vigor con avezadas propuestas para garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y de la Justicia en asuntos ambientales y con una pionera agenda para proteger a los defensores de la tierra.

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Más de 100 activistas asesinados

El acuerdo llega 5 años después de la muerte de Berta Cáceres, indígena hondureña asesinada tras enfrentarse a un polémico proyecto hidroeléctrico y un rostro que se hizo visible durante las negociaciones del tratado. También, más de un lustro después del homicidio de cuatro peruanos que luchaban contra taladores ilegales.

América Latina es, según la ONG Global Witness, la región más mortífera para los defensores ambientales. Según su registro, esta región acumuló 148 de los 212 asesinatos cometidos en el mundo a estos activistas en 2019.

Colombia lidera el listado, con 66 homicidios, y salvo Filipinas que ocupa el segundo lugar, los primeros puestos los ocupan Brasil, México, Honduras, Guatemala y Venezuela.

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En México, pese a la voluntad del actual Gobierno de suscribirse el Tratado de Escazú, "no ha habido grandes avances en materia de protección de medioambientalistas", denunció María Colín, portavoz de Greenpeace en el país.

"Durante el actual mandato de López Obrador se llevaron a cabo muchos recortes que dejaron a muchos activistas en situación de vulnerabilidad", señaló a Efe.

Para Graciela Martínez, encargada de campañas para ambientalistas de la oficina regional de Amnistía Internacional (AI), este tratado supone un "paso histórico", pero "todavía debe recorrer un largo camino" y "lograr la adhesión de algunos países muy peligrosos para los ambientalistas como Honduras, Guatemala y Colombia", señaló a Efe.

Además de Argentina y México, también ratificaron el pacto Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

Países que se resisten

Brasil encabeza la clasificación de las naciones que más bosques primarios perdieron durante 2020, según un reciente informe de Global Forest Watch, y Perú y Colombia, ocupan el quinto y sexto lugar de ese ránking respectivamente.

Pese a ello, ninguno de estos tres países ha suscrito todavía el Acuerdo de Escazú, que inicialmente fue firmado por 24 países y que solo ratificaron 12.

"Creemos que existe un lobby empresarial, que nos preocupa, que está pensando que este acuerdo les va a impedir seguir delante con sus actividades, y no deberían verlo así", agregó Bárcena.

También se echaron para atrás Chile y Perú, dos países que tampoco escapan a la depredación de las materias primas y a la pérdida de la riqueza natural, especialmente por la minería, una industria fuertemente criticada y al mismo tiempo uno de los principales pilares de sus economías.

La extracción de metales es, según un informe difundido en 2020 por la organización World Resources Institute, la actividad más letal en términos ambientales y una gran "amenaza" para ecosistemas y comunidades.

En la cuenca amazónica, esta actividad vierte químicos tóxicos a más de 30 ríos, ocupa más del 20% de territorios indígenas, y "pone en peligro ecosistemas críticos por la creciente deforestación".

En Chile, la minería extractivista se suma a una grave crisis hídrica y diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Greenpeace están pidiendo al Gobierno, que rechazó sumarse al acuerdo a fines del año pasado pese a haber sido uno de sus impulsores, un cambio de postura.

Carlos de Miguel, funcionario de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, afirmó a EFE que "la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú es solo el comienzo" y se espera que poco a poco se vayan sumando el resto de países.