En los últimos días, el tema de la eutanasia en Latinoamérica ha creado polémica gracias al caso de la colombiana Martha Sepúlveda, quien ya estaba autorizada para el procedimiento, pero este fue cancelado de última hora.
El Comité Científico Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad (IPS) canceló la eutanasia de Sepúlveda, que estaba programada para el domingo 10 de octubre. Martha sería la primera persona en el país en recibir el procedimiento sin tener una enfermedad terminal.
La IPS aclaró que “se revisó y analizó de nuevo de forma amplia y suficiente la solicitud”, pues “se define que no se cumple con el criterio de terminalidad como se había considerado en el primer comité”.
Sin embargo, Sepúlveda pudo llegar mucho más lejos que muchos otros ciudadanos en América Latina, pues Colombia es el único país de la región donde la eutanasia está despenalizada. A continuación, explicamos cómo es la regulación de la muerte digna en la región.
Colombia dio luz verde a la eutanasia legalmente hasta 2015, aunque la despenalizó en 1997.
En la sentencia de 1997, la Corte Constitucional de Colombia eximió a los médicos de cualquier pena en caso de realizar un homicidio por piedad —el equivalente a la eutanasia— siempre y cuando se cumplieran con los siguientes requisitos:
● Que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal.
● Que estuviera bajo un intenso sufrimiento o dolor.
● Que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal.
● Que el sujeto lo hubiera solicitado de manera libre y en pleno uso de sus facultades mentales.
● Que el sujeto del procedimiento fuera un enfermo terminal.
● Y que el proceso sea realizado por personal calificado.
La Corte Constitucional también exhortó entonces al Congreso colombiano para que legislara sobre el asunto de la muerte digna a la brevedad posible. Sin embargo, pasaron años sin que esto ocurriera.
Apenas en 2015 el ministerio de Salud de Colombia hizo una regulación para pacientes con enfermedades terminales, que hayan manifestado expresamente su voluntad de someterse al procedimiento y bajo supervisión de un comité médico, pero aún quedan vacíos que impiden el cumplimiento de ese mandato en el país.
En julio de este año, la Corte Constitucional de Colombia decidió extender el derecho a la eutanasia a los enfermos no terminales que sufran un intenso dolor físico o psíquico.
Al tiempo que la población ha envejecido y se dan nuevos casos de enfermos terminales que piden ayuda para morir, el conflicto se genera en la sociedad y llega a los órganos legislativos.
Por el momento la eutanasia solo está aprobada en Colombia desde el 2015. Aunque hay algunas alternativas en otros países.
Por ejemplo, en Uruguay, el juez puede exonerar al médico, bajo ciertas circunstancias, en caso del llamado “homicidio por piedad”. Argentina cuenta con la ley de muerte digna, muy similar a las que México tiene en algunos estados.
Se han presentado iniciativas en países como Guatemala, Argentina o Perú que no han sido aprobadas.
En Chile, en tanto, un proyecto de muerte digna y cuidados paliativos acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y actualmente está en discusión en el Senado. Contempla la eutanasia para pacientes en estado terminal o enfermedad incurable que así lo soliciten y luego de cumplir una serie de revisiones y requisitos que aseguren una decisión libre y razonada.
En México la eutanasia es un tema muy delicado que ha estado en discusión en el congreso varias ocasiones. La última vez fue en el congreso de Ciudad de México donde hubo una propuesta para autorizarla en 2020. Sin embargo, en México la eutanasia aún no es legal.
Pero, aunque la eutanasia no está aprobada, si lo está el abandono de tratamientos para enfermedades terminales, conocido como la “Ley de voluntad anticipada”.
Según información de BBC News, Países Bajos, fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002, luego de que se tomaran diferentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron paso a la legislación.
En 1973, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia.
El caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad.
