Leyes similares han sido anuladas en los tribunales porque violan los precedentes de la Corte Suprema, que garantiza el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable, en torno a las 22 semanas de embarazo.
Pero la ley de Texas tiene una característica única: hace recaer "exclusivamente" en los ciudadanos la responsabilidad de hacer cumplir la medida, animándoles a presentar demandas contra las organizaciones o individuos que ayuden a las mujeres a practicar abortos ilegales.
La Corte Suprema, que cuenta con una clara mayoría de jueces conservadores, citó estas "novedosas cuestiones de procedimiento" al rechazar el 1 de septiembre un bloqueo de la entrada en vigor de la ley.
El gobierno federal entró entonces en el terreno legal y presentó una demanda en su nombre contra Texas.
El 6 de octubre, un juez de primera instancia falló a su favor y suspendió la ley. Pero, unos días más tarde, un tribunal de apelación de Luisiana, conocido por su conservadurismo, anuló esa decisión y ordenó que la ley de Texas siga en vigor mientras dure el procedimiento legal.