Pese a que la explotación sexual y el proxenetismo son ilegales en España, la prostitución no está regulada por ley. No se castiga a quienes ofrecen servicios sexuales pagos por voluntad propia, siempre y cuando no se haga en espacios públicos, en tanto las leyes están enfocadas en la lucha contra el tráfico de personas.
Aunque no se reconoce como empleo corriente, existe un gran número de prostíbulos en todo el país. Muchos funcionan en tanto hoteles u otros centros de alojamiento.
Uno de cada tres hombres en España ha pagado por mantener sexo al menos una vez en su vida, de acuerdo a un sondeo realizado en 2009 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, oficial). Grupos activistas sostienen que el limbo legal en el que se encuentra la prostitución en España nutre la demanda de mujeres víctimas de la trata.
Sánchez asumió como presidente en enero de 2020 al frente de un gobierno de coalición, tras quedar en minoría luego de que el PSOE finalizara primero en dos elecciones nacionales en 2019.
Su partido publicó un manifiesto centrado en la situación de las mujeres antes de la consulta general celebrada en abril de 2019, que proponía la ilegalización de la prostitución, entre otros, lo que se consideró una medida para atraer a las votantes.
Este manifiesto calificaba a la prostitución como "uno de los aspectos más crueles de la feminización de la pobreza y una de las peores formas de violencia contra la mujer".
