Uruguay planea sumar a los turistas a la legalización de la marihuana

Esas condiciones comenzaron a estar vigentes desde diciembre de 2013, cuando bajo el impulso del gobierno de José Mujica fue sancionada una norma que regula el ciclo completo de la producción, distribución, comercialización y consumo de cannabis psicoactivo en Uruguay.

Con un mercado que pasó a ser controlado por el Estado, la ley establece que desde los productores a los consumidores, pasando por los autocultivadores, clubes de membresía y puntos de comercialización, deben inscribirse en un registro oficial.

Bajo ese paraguas legal, la norma fija parámetros estrictos. Por ejemplo, el producto de la recolección de la plantación de quienes se inscriban para cultivar marihuana no puede superar los 480 gramos anuales. En tanto, los clubes de membresía deben tener entre 15 y 45 socios, y pueden plantar hasta 99 plantas de cannabis de uso psicoactivo para llevarse cada uno una porción mensual de 40 gramos como máximo.

“Hay todavía aspectos por corregir, pero muchos de los objetivos planteados por la ley se cumplieron”, dice Daniel Radío, secretario general de la estatal Junta Nacional de Drogas, en Montevideo. “Hoy, gracias al mercado regulado, hay un buen número de usuarios que pueden acceder a cannabis en Uruguay sin necesidad de tener que andar exponiéndose ni de estar cerca del mundo del narcotráfico”.

En un país con una población de 3.5 millones de habitantes, hay 46,375 inscriptos para adquirir marihuana en las farmacias, además de 12.902 autocultivadores y 6,452 miembros de 198 clubes cannábicos. Con esa experiencia a cuestas, Uruguay analiza subir otro escalón.

Ante la reapertura de las frontera de este lunes 1 de noviembre tras el cierre provocado por la irrupción del coronavirus, el gobierno estudia extender el permiso a los visitantes no con el objetivo de promover a Uruguay como un destino para el turismo cannábico, sino para alejar a los turistas del mercado negro y dirigirlos hacia el regulado.

“No me gusta hablar de turismo cannábico porque es peyorativo”, dice Radío. “Lo que hay que hacer es subsanar una inequidad que se generó desde el punto de partida de la ley: las personas que están en Uruguay no tienen todas el mismo derecho dado que un ciudadano extranjero estando en nuestro país tiene restringido el acceso al cannabis de forma legal”.

Si se concreta la apertura a los visitantes, el mercado podría multiplicarse, sobre todo en los meses de verano en el hemisferio sur, cuando llegan a las costas uruguayas miles de turistas provenientes de países vecinos. En el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, Uruguay recibió a 1.000.908 visitantes, según estadísticas del Ministerio de Turismo. El 63% fueron argentinos y el 12,6%, brasileños.

“Hay dos posibilidades: una es cambiar la ley, aunque en ese caso los procesos serían lentos, y la otra opción es habilitar algún tipo de registro temporal en el que los extranjeros puedan inscribirse cuando ingresen al país, un permiso que caería automáticamente cuando salgan”, dice Radío. “Dependerá de qué tan ambicioso queramos ser, pero si se avanza con la segunda opción, se podría llegar a instrumentar ya en el próximo verano”.

Prueba y error

El paso que podría dar Uruguay, además de equiparar derechos entre residentes y no residentes, puede convertirse en un factor que corrija algunas de las distorsiones que han venido trabando el desarrollo del mercado. A diferencia de lo previsto cuando la legalización fue aprobada, las farmacias no terminaron de ver un negocio atractivo en el expendio del cannabis.

En julio de 2017, cuando se abrió el registro de adquirentes de marihuana, 16 farmacias se inscribieron, 22 más estaban completando la documentación y otras tantas estaban a la expectativa de ver cuál era el resultado de las ya inscriptas para repetir ese camino. Por entonces, se especulaba con que más de 60 farmacias iban a expender cannabis pocos meses después de sancionada la ley.

No obstante, esas expectativas pronto se desinflaron y, en la actualidad, solo 22 farmacias, la mitad de ellas concentradas en la capital Montevideo, forman parte de la red de dispensación de cannabis psicoactivo de uso no médico.

La primera causa que alejó a las expectativas de la realidad fue que los bancos internacionales con filiales en Uruguay, como Santander, Itaú y Scotiabank, anunciaron que cerrarían las cuentas de las farmacias con las que operaban si vendían marihuana. ¿La razón? De mantener a esas farmacias como clientes, las entidades podrían sufrir represalias de sus corresponsales bancarios con sede en Estados Unidos. En ese país, luego de la aprobación de la Ley Patriótica en 2001, los bancos están impedidos de hacer negocios con distribuidores de sustancias como la marihuana.

El segundo factor es la baja rentabilidad. La venta de marihuana, a un precio regulado por el estado, tiene márgenes muy limitados. El precio de venta al público del envase de 5 gramos es de 370 pesos uruguayos, unos 8 dólares, un valor que es entre cinco y diez veces inferior al que se transa en el mercado internacional.

“El precio es un desincentivo a la hora de producir y comercializar el cannabis”, dice Juan Vaz, cultivador y referente del movimiento por la legalización de la marihuana en Uruguay. “¿De dónde sacaron que un gramo de marihuana debe valer un dólar?, con ese precio solo se puede producir cannabis de baja calidad”.

En 2014, las empresas Simbiosys e International Cannabis Corporation ganaron una licitación pública abierta internacional para proveer a las farmacias de dos toneladas al año. Sin embargo, nunca alcanzaron los niveles de producción pautados. Ante eso, en octubre de 2019 el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCCA) otorgó tres nuevas licencias a empresas para la producción de cannabis.

El bajo nivel de producción, sumado al número reducido de farmacias inscriptas, provocó en los primeros años de vigencia de la ley largas filas para adquirir un bien escaso. No obstante, ese escenario fue variando.

Parte de los usuarios han ido abandonando las compras en farmacias debido a que los paquetes de marihuana que se venden en esos locales, si bien indican que tienen un máximo de 9% de tetrahidrocannabinol (THC) —el principal componente psicoactivo de la marihuana—, en la práctica tienen entre un 5% y un 6%. Es una diferencia sustancial con el cannabis de los clubes, que tiene más del 20% de THC.

La brecha ha vuelto a desviar parte de la demanda al mercado ilegal. Ante eso, el gobierno adelantó que en el primer trimestre del año próximo autorizará una variante con el 9% de THC para ser vendida en las farmacias.

“Me parece excelente la idea de ampliar el espectro a los turistas, pero el problema es que la marihuana en las farmacias no solo escasea, sino que es infumable por la genética y por la calidad”, dice Vaz. “El registro temporal para los turistas suena bien, pero ellos vienen a buscar lo que compran en un coffee shop en Amsterdam, en un club en Barcelona o en un dispensario en California, algo que acá no conseguirán en farmacias”.

En cualquier caso, si prospera la iniciativa de autorizar la venta de marihuana a turistas en farmacias, el gobierno analiza imponer precios más altos para los compradores que provengan del exterior. El objetivo explícito de esa medida sería aportar al financiamiento de programas de rehabilitación y tratamiento de adicciones en el país.

Sin embargo, de llevarse adelante esa medida, también implicaría al menos un desahogo para la rentabilidad de un negocio que hoy presenta márgenes estrechos. De cualquier modo, ese ajuste, de concretarse, sería limitado: uno de los principales objetivos del mercado regulado pasa por ganarle terreno al narcotráfico y para eso se requiere que los precios sean inferiores al mercado ilegal.

Con avances y retrocesos, Uruguay continúa marchando a la vanguardia de América Latina en la legalización y regulación del mercado de la marihuana. En ese recorrido, la próxima etapa podría incluir a los turistas provenientes del exterior.

“La experiencia está demostrando que el camino es éste, con mejoras que vamos implementando sobre la marcha”, dice Radío. “Además de respetar el derecho de los usuarios a acceder al cannabis de forma legal, estamos quitándole una parte del mercado al narcotráfico, y ese no es un logro menor”.