Los feminicidios en América Latina y el Caribe: una pandemia en la sombra

El organismo informó que la cantidad de feminicidios se produjo "a pesar de que ha aumentado su visibilidad, la respuesta estatal y la presión ejercida masivamente por los movimientos de mujeres que han expresado su rechazo a la violencia de género en toda la región”.

En América Latina, las tasas más elevadas de feminicidio se registran en Honduras (4.7 por cada 100,000 mujeres), República Dominicana (2.4 por cada 100,000 mujeres) y El Salvador (2.1 por cada 100,000 mujeres), aunque estos tres países registraron una disminución respecto a 2019, al igual que Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay.

Argentina, Chile, México y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio que en 2019, mientras que tres países —Ecuador, Costa Rica y Panamá— registraron un aumento en comparación con el año anterior. De ellos, Panamá declaró el incremento más significativo.

"No nos cansaremos de visibilizar la violencia que afecta a las mujeres y a las niñas de nuestra región a diario y que repercute en la sociedad en su conjunto, pues constituye un obstáculo para el logro de la igualdad y de un desarrollo y una paz sostenibles", declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra cada 25 de noviembre y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

Una violencia que afecta a todas las edades

La violencia feminicida está presente durante todo el ciclo de vida de las mujeres, aunque se expresa con mayor intensidad durante las edades reproductivas, apunta la Comisión.

El informe señala que el número absoluto de casos más alto corresponde al tramo de edad de entre 30 y 44 años (344 mujeres en 2020). Las adolescentes y mujeres adultas jóvenes de entre 15 y 29 años representan el segundo rango con mayor incidencia de feminicidio, con 335 víctimas en 2020.

Sin embargo, las niñas y adolescentes también están en riesgo de ser asesinadas por razones de género, y los datos recogidos por el Observatorio muestran que al menos 40 niñas menores de 15 años han sido víctimas de feminicidio en 2020.

El feminicidio no afecta solamente a las víctimas directas, sino también a todo su entorno y, en particular, a sus dependientes más cercanos, subraya la Comisión. Al menos 357 niños, niñas y adolescentes, así como otros dependientes, se encontraban bajo el cuidado de las víctimas de feminicidio que se contabilizaron en 2020 en siete países de América Latina: Argentina, Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Pocos avances

La CEPAL señala todos los países de América Latina y el Caribe cuentan con legislación que aborda la violencia contra las mujeres y las niñas y que responde a los lineamientos del marco jurídico internacional y regional para enfrentar la violencia contra las mujeres.

El combate a la violencia contra las mujeres se encuentra consagrado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).

En América Latina se ha ido avanzando también en la tipificación del feminicidio o femicidio, y actualmente hay 17 países que han aprobado leyes o reformas a los códigos penales en esa dirección.

Este marco legal, sin embargo, no ha impedido que las cifras de feminicidio en la región sigan siendo altas, además de que no garantizan la correcta tipificación de este tipo de delitos.

Si bien los países de la región han avanzado en la última década en la producción de estadísticas sobre feminicidio, falta fortalecer los sistemas de registro a nivel nacional y estandarizar la información, de manera de contar con mejores datos para el análisis de las características del delito a nivel nacional, así como para mejorar la comparabilidad regional e internacional, sostiene la CEPAL.

La tolerancia social e institucional, la impunidad y la dificultad para acceder a servicios de salud y de justicia oportunos y de calidad, entre otros factores, contribuyen a que todas las formas de violencia contra las mujeres ocurran y se perpetúen, recalca la Comisión.

La violencia feminicida comprende una progresión de conductas violentas por razones de género. “Este conjunto de comportamientos que conllevan misoginia, impunidad y tolerancia social y estatal, y que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta6, es una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas”, indica el informe de la CEPAL.

En este sentido, la CEPAL asegura que es necesario ampliar la medición y visibilización de otras formas de violencia que forman parte del continuo de la violencia feminicida; en particular, la violencia sexual, que está muy vinculada al feminicidio, pues son habituales los asesinatos de mujeres y niñas que han sido precedidos por actos de violencia sexual ejercidos por perpetradores que no necesariamente tienen o han tenido una relación sentimental o familiar con las víctimas.

El fortalecimiento del marco normativo debe ir acompañado de otros pasos, como la elaboración de planes y programas públicos basados en la evidencia, que incorporen estrategias de prevención y reparación y el fortalecimiento y financiamiento de los servicios esenciales de calidad, además de mejorar el acceso a la justicia.

“Desde la CEPAL destacamos la importancia de que las mediciones sobre violencia contra las mujeres y niñas se constituyan como centrales en el marco de los sistemas de información y las estadísticas oficiales de los países. Hoy, prevenir y hacer realidad el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia es un horizonte impostergable y urgente en la región”, concluyó Bárcena.