Dos leyes presentadas en apenas 24 horas hicieron que El Salvador y Rusia, dos de los países en donde es más difícil ejercer el periodismo en el mundo, sean aún más hostiles hacia la libertad de expresión y las voces disidentes.
En los dos países el argumento ha sido proteger a la población de la información falsa, pero en la práctica estas nuevas normativas abren la vía a represalias contra medios de comunicación críticos con la versión oficial de los hechos.
Rusia prohibirá la reproducción de noticias falsas sobre el empleo del Ejército en el exterior, según un proyecto de ley presentado este miércoles ante la Duma o cámara de diputados.
Una vez que sea aprobada, la ley perseguirá la reproducción de noticias falsas dirigidas a desprestigiar a las Fuerzas Armadas por defender los intereses del país y a sus ciudadanos.
También se castigará a los periodistas que publiquen informaciones de otros medios que falten al respeto al Estado, su Constitución y a las instituciones públicas, además de llamamientos a organizar y participar en manifestaciones no autorizadas.
El proyecto, una enmienda a la ley de medios, también prohíbe recoger pronunciamientos en favor de las sanciones contra la Federación Rusa y sus ciudadanos.
La Duma ya presentó el martes un proyecto de ley que otorga a la Fiscalía la autoridad de cerrar medios extranjeros en respuesta a las restricciones impuestas por los "países inamistosos".
La medida —que el jefe de una comisión parlamentaria dijo que era una respuesta a las restricciones occidentales a los medios de comunicación favorables al Kremlin, como la agencia de noticias Sputnik y el canal de televisión RT— se suma a los desafíos que enfrentan los medios de comunicación extranjeros, ya bajo escrutinio por su cobertura de la guerra de Rusia en Ucrania.
"Creemos que las acciones inamistosas de los Estados extranjeros contra nuestros medios de comunicación, ya sea la prohibición o la restricción de la distribución de sus productos, deben recibir una respuesta rápida y simétrica", dijo Vasili Piskarev, presidente de la Comisión para investigar la injerencia de Estados extranjeros en los asuntos internos de Rusia.
Piskarev dijo que eso significa que si un Estado extranjero toma medidas discriminatorias contra los periodistas rusos, el fiscal general podría prohibir o restringir rápidamente las actividades de los medios de comunicación de ese país.
"Estamos hablando de la prohibición de la distribución en Rusia de cualquier material informativo de estos medios, incluso a través de Internet, el cese de la acreditación de los corresponsales y el cierre de sus oficinas de representación en nuestro país”.
El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, promulgó el 4 de marzo una ley que castiga con graves multas y hasta 15 años de cárcel la difusión de "información falsa" sobre el Ejército ruso y los llamamientos a adoptar sanciones contra el país.
Es decir, todos los medios tienen prohibido utilizar las palabras "guerra", "invasión" o "agresión" para referirse a la actual "operación militar especial" en Ucrania.
Algunas agencias de noticias, canales y rotativos internacionales suspendieron sus servicios y otros dejaron de informar desde Moscú hasta nuevo aviso.
Mientras, las autoridades cerraron también los tres últimos medios independientes del país: el periódico Nóvaya Gazeta, la emisora "Eco de Moscú" y el canal “Dozhd”.
El Congreso de El Salvador aprobó este martes, a petición del presidente Nayib Bukele, una reforma penal para castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
La reforma aplica a quienes "reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general", señaló el texto, que establece sanciones de 10 a 15 años de prisión.
Asimismo, va dirigida contra aquellos que "marquen" sus territorios con siglas, una práctica que los pandilleros usan para amedentrar y amenazar de muerte a quienes los denuncian ante las autoridades.
"Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo (...) Ahora nosotros haremos eso con las pandillas", justificó Bukele en su cuenta de Twitter.
Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 6, 2022
Nadie dijo nada, era entendible que fuera así.
Ahora nosotros haremos eso con las pandillas.
La reforma penal, aprobada con 63 votos de diputados aliados al gobernante de 84 del Congreso unicameral, llega después de que El Salvador registrase 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.
El gobierno atribuye lo ocurrido a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 que, entre otras, tienen unos 70,000 miembros en El Salvador.
Desde entonces, rige en el país centroamericano un estado de excepción para enfrentar una ola de violencia generada por las pandillas. En diez días, unos 6,000 pandilleros han sido arrestados, según el último balance oficial.
La diputada del partido oficialista Nuevas Ideas, Marcela Pineda, señaló que la aprobación de la reforma busca "no coartar la libertad de expresión", sino obligar a "ser responsables en los mensajes que se difunden a la población”.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió acto seguido un comunicado expresando su "preocupación" ante un "claro intento de censura".
La reforma "mordaza", como la calificó la APES, "amenaza con cárcel a los medios de comunicación y periodistas que reporten sobre una realidad que desde la actual administración" de Bukele "se busca esconder".
Se trata de una "nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico", agregó el texto.
Poco después de la aprobación del Congreso, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, escribió en Twitter que "los límites a la libertad de expresión no pueden depender de la ansiedad política de una situación".
"En una crisis los estándares de DDHH son mucho más exigentes", dijo, sin mencionar explícitamente la recién divulgada medida.
Todo limite a la libertad de expresión debe poder acreditar:
— Pedro Vaca V. (@PVacaV) April 6, 2022
-estricta legalidad,
-finalidad legítima,
-necesidad en una sociedad democrática, proporcionalidad e idoneidad.
Una crisis no flexibiliza estos requisitos.
En una crisis los estándares de DDHH son mucho más exigentes.
Con información de AFP, EFE y Reuters
