El caso trae a la luz el problema de las falsas confesiones. Es difícil estimar cuántas hay, pero según datos del Innocence Project, que lucha contra los errores judiciales, de cuatro personas falsamente condenadas y exoneradas gracias a pruebas de ADN, una había confesado el crimen.
En casos de homicidio, la cifra asciende a 60%, según Saul Kassin, profesor de psicología en el John Jay College of Criminal Justice.
Y alguien que, como Lucio, ha experimentado traumas y violencia, es "menos resistente, más propenso a ceder, tienen menos tolerancia al estrés de un interrogatorio", y por lo tanto es más probable que acepte la autoría de un delito que no ha cometido, dijo.
Es inusual que se ejecute a mujeres en Estados Unidos: solo 17 en más de 1,500 desde 1976, cuando la Corte Suprema restableció la pena de muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.
El viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), instó a Estados Unidos a abstenerse de ejecutar a Lucio y a garantizar "condiciones de detención consistentes con los estándares internacionales”.
En un comunicado, recuerda que Lucio es beneficiaria de medidas cautelares desde el 18 de febrero y "llama nuevamente a eliminar la pena de muerte, o en su defecto, a imponer una moratoria sobre las ejecuciones como un paso hacia su abolición gradual”.