Respaldada en un régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo a solicitud de Bukele, la ofensiva de seguridad ha detenido sin orden judicial a los pandilleros que desde el 28 de marzo frenaron la escalada de homicidios.
El 26 de abril entró en vigencia una prórroga por 30 días del régimen de excepción, una medida que restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.
A pedido del mandatario, el Congreso, controlado por el oficialismo, también aprobó a inicios de abril una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70,000 miembros, de los cuales con la ofensiva de arrestos ahora un poco más de 46,000 están encarcelados.