Niños arrastradores: ¿cómo las redes de trata usan a menores como anzuelo?

Por ello, presintió que Daniela se había ido con aquella joven que la visitaba mucho. Pensó que si no encendía las alertas no sabría el destino su hija y corrió hacia las trochas o senderos más cercanos para preguntar, con una fotografía, si la habían visto pasar (los nombres de Daniela y de su papá han sido modificados por petición de la familia).

Según estimaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados, existe un alto flujo migratorio infantil de Venezuela a Colombia del que no hay datos precisos. Para 2020, Migración Colombia reportó que unos 25,000 niños, niñas y adolescentes habían salido de Venezuela sin acompañamiento de un adulto.

En octubre de 2021, el secretario de Fronteras y Asuntos Migratorios de la Gobernación del Norte de Santander, Víctor Bautista, aseguró que el 45 % del flujo migratorio desde Venezuela es de menores de 14 años. La mayoría viajan solos y sin documentación.

Una investigación de Diario de Los Andes y CONNECTAS revela que este fenómeno migratorio esconde otra cara más de la tragedia que viven los venezolanos y que es poco investigada: niños, niñas y adolescentes son captados por arrastradores, es decir, otros menores de edad, para ser llevados a Colombia y entregados a redes de trata de personas, con fines de explotación sexual o laboral.

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Viajan por los caminos ilegales de una frontera que se mantiene cerrada desde el 19 de agosto de 2015 y que podría abrirse en cuanto el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, asuma el poder, según los anuncios que ha ofrecido al respecto.

Esta situación ha sido alertada por autoridades, ONG y centros universitarios con observatorios migratorios en la frontera, los cuales proporcionaron algunas cifras para esta investigación periodística. Así, de 2020 a 2021, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del municipio Bolívar, Venezuela, recibió a nueve menores de edad repatriados, víctimas de explotación sexual, captados por otros menores.

El exalcalde de ese municipio, William Gómez, contabiliza dos casos frustrados de adolescentes que intentaron pasar a cuatro menores por el Puente Internacional Simón Bolívar; gracias a una alerta temprana, fueron detenidos por las autoridades.

Lo que saben las organizaciones es que los arrastradores ubican a otros de su misma edad para convencerlos de salirse de su casa, sin avisar a sus familias, ofreciéndoles teléfonos de alta gama, dinero, un trabajo con buena remuneración y la oportunidad de ayudar a sus familias.

Durante sus encuentros hacen fotografías de sus rostros y documentos, y las envían a las redes de trata. Generalmente se acercan a quienes viven en situación de pobreza. La mayoría de los arrastradores conocen a esos otros niños, pues los buscan en espacios en donde han vivido o han estado en otra ocasión, para generar confianza.

Las instituciones venezolanas no dan cifras sobre este asunto. El Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescentes (Idenna), con sede en Táchira, alega que, de hacerlo, estarían infringiendo la ley . “Estaríamos violando la confidencialidad de los casos”, afirma Mariana Acosta, directora regional del Idenna.

La Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, sin embargo, no impide dar cifras; su restricción va dirigida, más bien, a exponer la identidad del menor.

Una fuente del Observatorio Violencia de Género del Norte de Santander, Colombia, que solicitó no ser identificada por seguridad, considera que los arrastradores también podrían ser víctimas de la trata. Asimismo, piensa que están siendo vigilados. “Estos niños también han pasado por toda una serie de victimizaciones de este delito, y los pusieron a cumplir esta función. ¿Estarán siendo víctimas de esas redes de trata?”, se pregunta.

ONG y universidades aseguran que en las instituciones de gobierno de Colombia y Venezuela hay subregistros que reflejan la trata de menores migrantes en baja escala, pero no describen dentro de ellos a los arrastradores.

Un delito que no se denuncia

Pedro temía que su hija estuviera en manos de una red de trata. Desesperado por encontrarla, cruzó al Departamento Norte de Santander y pidió ayuda a tres funcionarios policiales que estaban en los alrededores de la sede de Migración.

Al no ser atendido, se trasladó al Terminal de Cúcuta. Subió a los autobuses que conducen a Bucaramanga y Ocaña e ingresó al Comando de Atención Inmediata de la Policía Nacional de Colombia, dentro del mismo puerto terrestre. No consiguió apoyo. También fue a Fiscalía y a la sede de la Policía de Infancia y Adolescencia, donde tampoco le recibieron la denuncia. Alegaban que debía hacerlo en Venezuela.

Al revisar Facebook e Instagram, sus familiares encontraron contactos en común de Daniela con su supuesta amiga. Descubrieron que esta última pertenecía a la red de una mujer a la que le dicen “La Patrona”, dueña de prostíbulos en Colombia. Pedro compartió esta información con los funcionarios policiales, quienes establecieron contacto telefónico con los delincuentes. De ahí descubrieron que esa adolescente era una arrastradora que se hacía llamar Tathiana y que trabajaba en el Bar 10, del departamento del Cesar, Colombia.

Pedro recibió una llamada de Daniela, quien en un descuido de su captora pidió un teléfono prestado. “Me dijo: ‘papá, me tienen en Bucaramanga’. Le dije: ‘lléguese a algún lado donde la puedan ayudar, empiece a gritar, empiece a hacer algo hija’. Y dijo: ‘no, papá, me tienen amenazada, que me van a matar a la familia, que ella mueve mucha gente, y aquí va otra señora con nosotros”.

El mayor obstáculo para conocer cuántos menores de edad son utilizados para captar a otros niños, niñas y adolescentes en la frontera colombo-venezolana es que las desapariciones no se denuncian ante los organismos de seguridad en ninguno de los dos países, a pesar de que existen rutas de atención. Cuando algún familiar de la víctima intenta hacerlo, se encuentra con impedimentos de las autoridades.

Una fuente del Observatorio Violencia de Género del Norte de Santander, que solicita no ser expuesta, explica que el caso de Daniela “muestra muy bien el carácter tan negligente que todavía tiene la ruta de atención y prevención a trata de personas”. Además, asegura que funcionarios policiales amenazan a las víctimas de origen venezolano con ser denunciadas en Migración Colombia para que las deporten; por ello, no se ve en la institucionalidad un aliado para su protección y rescate, sino una entidad que empeora su condición.

En la Fundación Redes (Fundaredes) han detectado que, cuando los representantes de un menor de edad desaparecido van al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), son coaccionados para que no formalicen la denuncia.

“Es un patrón por parte de funcionarios del Cicpc: los familiares acuden a denunciar e inmediatamente les dicen ‘no denuncie, quédese tranquila’; entonces, de alguna manera, intentan amenazar, amedrentar, a decirles que tendrán consecuencias si denuncian estas desapariciones”, dice Clara Ramírez, directora de documentación y derechos humanos de Fundaredes.

De acuerdo con ella, los funcionarios suelen alegar que los infantes y adolescentes se van por problemas familiares o, si son niñas, que están con el novio.

En el caso de Daniela, la Policía de Infancia y Adolescencia en Cúcuta formalizó la denuncia de desaparición sólo hasta que los padres mostraron pruebas de que su hija estaba con una red de trata. La llamada de la menor les permitió hacer un rastreo del dueño del teléfono y del conductor del vehículo. Así lograron su rescate.

Al revisar el teléfono de la arrastradora, los funcionarios descubrieron que la joven había recibido 280 dólares (un millón de pesos colombianos) por Daniela, y que se había llevado cuatro niños más. Sin embargo, por ser menor de edad, fue enviada a resguardo de una casa hogar del ICBF.

Daniela no quiere volver al colegio, pues tiene miedo después de haber sido engañada por su amiga de 16 años de edad. Su padre describe que la familia también siente temor, desconfianza y angustia, sobre todo porque viven en situación de escasez y pobreza. Pedro quiere mudarse de El Palotal, pero no tiene las condiciones económicas para hacerlo.

“Quisiera irme de allí, no veo un futuro para mis hijos. He creído en Venezuela, pero ya hemos pasado muchísimo de la situación económica, la luz, las medicinas”, dice, al tiempo que afirma que toda la familia necesita atención psicológica, porque quedaron marcados por la acción de la adolescente arrastradora.

Si le interesa saber más sobre el fenómeno de menores ‘arrastradores’ en la frontera colombo-venezolana puede ingresar acá al especial multimedia .

Este trabajo fue realizado por Mariana Duque para Diario de los Andes y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.