Puerto Rico, una isla en el Caribe, está acostumbrada a sufrir los efectos de los desastres naturales. El más reciente fue el huracán Fiona, que dejó al país sin electricidad el domingo tras descargar lluvias torrenciales que causaron graves daños materiales en varias zonas.
"Los daños que estamos viendo son catastróficos en varias áreas", declaró el domingo el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en rueda de prensa.
Las autoridades informaron de daños graves en muchos pueblos de este territorio estadounidense como caídas de árboles y tendido eléctrico, deslizamientos de terreno, derrumbes, obstrucciones en las carreteras.
En Utuado, una localidad del centro de la isla, la crecida de un río se llevó un puente por delante, indicó Pierluisi.
Hace cinco años, el huracán María ya había provocado daño catastróficos y provocó que, aún hoy, muchos puertorriqueños tengan que lidiar con apagones periódicos.
Además de ello, los habitantes de la isla están siendo desplazados de sus hogares por un fenómeno de gentrificación que aumenta cada día.
El cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien participó en las protestas antigubernamentales de 2019, publicó el viernes 16 de septiembre el videoclip de su sencillo “El Apagón”, que incluye un corto documental de 22 minutos sobre la situación en este territorio, llamado “Aquí vive gente”.
A cinco días de su estreno, el video ya cuenta con 6.4 millones de reproducciones en YouTube.
Esto es lo que sabemos sobre este video y también de los fenómenos que denuncia.
El corto documental fue hecho por la periodista independiente Bianca Graulau. Ella entrevistó a varios puertorriqueños sobre el desplazamiento de comunidades pobres y la gentrificación de barrios de San Juan —la capital de Puerto Rico— como Puerta de Tierra y Santurce.
Graulau es una periodista de investigación independiente que se ha dedicado a indagar en la situación económica, política y social de la isla. En un video en su cuenta de Instagram, narra que fue reportera de un canal local en Estados Unidos durante cinco años, pero que decidió volver a su natal Puerto Rico por los constante apagones que vive la isla.
Su trabajo puede consultarse en sus cuentas de las redes sociales Instagram y TikTok, a las que ha dado preferencia sobre formatos más tradicionales.
Además de Graulau, participó la periodista Laura Pérez, quién dirigió la investigación periodística de la pieza. Los periodistas Camile Roldán y Jerohim Ortiz realizaron la verificación de la información y la investigación.
La documentalista Bárbara Cardenales Torres produjo el video. El equipo de Filmes Zapatero dirigió la pieza. Carlos M. Aponte realizó la edición del video.
El reportaje y la canción de Bad Bunny denuncian el desplazamiento de los habitantes de los barrios Puerta de Tierra, La Perla, Dorado y Santurce de San Juan, quienes se han visto obligados a dejar sus hogares ante la llegada de promotores inmobiliarios, un fenómeno conocido como gentrificación.
En esta práctica, las grandes firmas financieras compran viejos edificios, los remodelan y elevan sus precios, pero el objetivo no es ofrecer vivienda, sino obtener grandes ganancias de renovados inmuebles en los que, incluso, no vive nadie, de acuerdo con la socióloga Saskia Sassen.
Este escenario genera la expulsión de los habitante originales, quienes no pueden ya pagar los nuevos precios que genera esta actividad inmobiliaria.
En San José, compañías inmobiliarias —muchas de ellas con capital extranjero— levantan apartamentos nuevos para rentar o vender a precios impagables para los vecinos que han vivido ahí por años.
Las rentas mensuales en estos terrenos han subido hasta los 2,000 dólares promedio de renta, muy por encima del sueldo promedio de 1,750 dólares
La Ley 22 es un incentivo fiscal que exime del pago de contribuciones sobre ganancias de capital a extranjeros — la ley los llama “inversionistas residentes” — que mueven su vivienda principal a la isla.
Es decir, permite un 0% de impuestos a la riqueza de estas personas.
Entró en vigor en 2012. En casi 10 años, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) nunca auditó a las 3,311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015, según el estatuto.
La idea original cuando se propuso el incentivo era atraer capital nuevo de inversionistas que no tuvieran relación previa con Puerto Ricos para crear empleos, pero no ha logrado ninguno de los objetivos.
Una muestra al azar de 304 beneficiarios de este incentivo, un 10% de los 3,040 decretos otorgados desde que empezó en el 2012 hasta junio de 2020, refleja que la mayoría apenas crean empleos y representan un impacto mínimo en la economía local, indica una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico.
También identificó que al menos 91 “inversionistas residentes” de la muestra tienen familiares que también obtuvieron decretos de Ley 22 a título personal solo por estar emparentados con el inversionista principal, sin que el gobierno conociera en qué invierten o si lo hacen.
Hay personas retiradas y empleados de compañías de tecnología, bienes raíces, financieras, startups y bufetes que se mudan a la isla para trabajar remoto, sin realizar mayores inversiones o ningún negocio.
“¿Que hay sectores que se han visto beneficiados? Sí, bienes raíces, por ejemplo, ha hecho su agosto. Pero en el aspecto macroeconómico, el impacto es sumamente limitado”, apuntó el economista José Caraballo Cueto.
Después de años de problemas financieros y recesión, en 2017 Puerto Rico declaró la quiebra, la mayor jamás realizada por una administración local de Estados Unidos.
Más tarde ese año, el doble golpe de dos huracanes, Irma y María, profundizó la miseria, devastando la red eléctrica en la isla, que ha sufrido graves problemas de infraestructura durante años.
La red se privatizó en junio de 2021 en un esfuerzo por resolver el tema de los apagones, pero el problema persiste y toda la isla se quedó sin electricidad a principios de este año.
"Hay claramente en Puerto Rico una percepción generalizada de que Luma no ha cumplido con su trabajo y esto lo podemos ver en las protestas de los pasados meses ocurrieron casi a diario en la isla que exigen que el gobierno fiscalice a la empresa", dice el periodista puertorriqueño de BBC Mundo Ronald Ávila-Claudio.
Bianca Graulau, además, señala que los puertorriqueños han visto siete aumentos consecutivos en la factura de luz, pese a que el servicio no ha mejorado.
Fiona solo ha hecho los problemas peores. El martes por la tarde, apenas 300,000 usuarios tenían luz en sus hogares (un 20% del total) después del apagón general provocado por la tormenta el domingo, informaron las autoridades.
Con información de AFP
