La fiscalía de Perú abrió el martes una investigación por presunto delito de "genocidio" a la presidenta Dina Boluarte, que impuso un toque de queda en la región andina de Puno, en el sur, para frenar las protestas que dejan 40 muertos en un mes.
La investigación preliminar de fiscal general del país andino incluye también al primer ministro, Alberto Otárola, y a los ministros de Interior y de Defensa, indicó la fiscalía en Twitter.
Los anuncios ocurrieron el mismo día que el gabinete de gobierno que encabeza Alberto Otárola acudió al Congreso por un voto de confianza para él y su equipo, que finalmente obtuvo la noche del martes.
"Ha sido aprobada la cuestión de confianza", dijo el presidente del Parlamento José Williams, tras la votación que arrojó 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones. En caso de rechazo el gabinete debía renunciar.
El gobierno decretó un toque de queda en Puno por tres días, desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana.
El epicentro de las protestas es la región aymara de Puno, frontera con Bolivia, donde hubo saqueos a locales comerciales y ataques a vehículos policiales entre la noche del lunes y la madrugada de este martes con saldo de 18 muertos.
Las muertes han exacerbado la indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1,300 km de Lima, cuyos habitantes realizan una huelga desde hace una semana y mantienen el comercio cerrado.
Otárola anunció en el Congreso que el día miércoles "será de duelo nacional laborable”.
La Superintendencia de Transporte Terrestre reportó bloqueos y tránsito interrumpido por piquetes en seis regiones: Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Madre de Dios y Amazonas.
En Cusco y Ayacucho marcharon este martes pidiendo la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones y Asamblea Constituyente, los principales reclamos de las protestas.
La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el lunes 14 muertos entre los manifestantes que trataron de ocupar el aeropuerto de Juliaca, y tres fallecidos durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución.
"¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados, por estos niños que están quedando sin padre, sin madre, huérfanos?", dijo a la AFP una manifestante que no se identificó.
El gobierno justificó la actuación de la policía y militares que custodian la terminal aérea diciendo que fue en respuesta a "una asonada" preparada.
En Ginebra, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, declaró que están "muy preocupados por el aumento de la violencia en Perú".
La Iglesia católica, por su parte, dijo en el país vivía una "situación de guerra".
"La Fiscal de la Nación dispuso iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez", indicó la fiscalía en Twitter.
La indagación es por presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La investigación incluye también al exjefe de gabinete Pedro Ángulo, y al exministro del Interior, César Cervantes, quienes formaron parte del gobierno de Boluarte entre el 7 y 21 de diciembre de 2022. En ese lapso hubo 22 muertes por la represión de las fuerzas del orden a cargo de policías y militares.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Pedro Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
Con información de AFP y Reuters
