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Miles de peruanos exigen en Lima la renuncia de la presidenta Dina Boluarte

Las autoridades del país han desplegado un operativo de seguridad masivo ante la llegada de miles de manifestantes a la capital, que también denuncias las muertes durante las protestas.
jue 19 enero 2023 02:49 PM
La gente camina junto a los neumáticos quemados puestos por los manifestantes para bloquear el puente San Isidro, en la entrada a Arequipa, Perú, durante las protestas para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el 19 de enero de 2023
Las dos muertes registradas el miércoles elevaron a 44 el total de fallecidos desde que estalló la crisis, el pasado 7 de diciembre.

Miles de peruanos, muchos de las regiones mineras del sur del país, llegaron a la capital Lima para una planeada gran marcha el jueves contra el gobierno y el Congreso, radicalizando su postura luego de más de 50 muertes vinculadas a protestas que comenzaron en diciembre.

Los enfrentamientos marcan la peor violencia que ha visto Perú en más de dos décadas, mientras los manifestantes en su mayoría de regiones más pobres desahogan su ira contra la élite política limeña por una persistente desigualdad, poniendo a prueba la democracia de la nación andina rica en cobre.

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En buses y a pie, miles han viajado a la capital peruana, portando banderas y pancartas criticando al gobierno y a la policía por enfrentamientos mortales en las regiones de Puno, Cusco y Ayacucho. Muchos exigen la dimisión de Boluarte.

Los manifestantes han llamado a la protesta del jueves la "Toma de Lima", y las autoridades han anunciado el despliegue de miles de agentes para velar por la seguridad en la ciudad, que el miércoles cumplió sin festejos sus 488 años de fundación.

La policía desplegó “11,800 efectivos en las calles para el control de disturbios, tenemos más de 120 camionetas y 49 vehículos militares, y también la participación de las fuerzas armadas", aseguró el jefe de la Región Policial Lima, general Víctor Zanabría.

"La policía esta en alerta máxima", agregó.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones rápidas, el cierre del Congreso y una nueva Constitución para reemplazar una favorable al mercado que se remonta desde 1993 en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, quien está preso por abusos a los derechos humanos.

En recientes protestas, los manifestantes han quemado sedes públicas y privadas y han atacado estaciones policiales en diferentes regiones del interior del país.

La policía aumentó la vigilancia en vías de ingreso a Lima y los líderes políticos han llamado a la calma. La semana pasada el gobierno prorrogó por 30 días más el estado de emergencia en Lima y el sur regiones de Puno y Cusco, cercenando algunos derechos civiles como el libre tránsito de personas.

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En las regiones de Puno, Huánuco, Tacna centenares de campesinos se movilizaron por las calles. En Lima, pequeñas marchas empezaron desde distintos puntos de cara a converger en un punto determinado de la capital para una marcha que debe recorrer unos 20 kms por la ciudad de 10 millones de habitantes.

El aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del Perú, suspendió sus operaciones por seguridad.

El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu, joya del turismo de Perú, también se suspendió, informó la compañía operadora.

Muertes en las protestas

El jueves se conoció la muerte de un segundo manifestante herido de bala horas antes en el tórax cuando se manifestaba en Macusani, región de Puno, informó a la AFP la Defensoría del Pueblo.

El miércoles una mujer murió también de un balazo en el marco de las protestas en Macusani, donde una turba quemó una comisaría y un local judicial.

Estos dos decesos elevaron a 44 el total de fallecidos desde que estalló la crisis, el pasado siete de diciembre. Además, nueve personas han fallecido en accidentes relacionados con las protestas.

Boluarte ha pedido "perdón" por las muertes en las protestas pero ha reafirmado que no va a renunciar.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y al Ejército de usar armas de fuego mortales en las protestas. La policía dice, por su parte, que los manifestantes han usado armas y explosivos caseros.

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Las muertes han sido un pararrayo en las protestas. Los manifestantes llevan pancartas llamando "asesina" a Boluarte y calificando como "masacres" las acciones de la policía.

“Tomar Lima”

Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones.

"En Lima, la lucha tendrá más peso. Cuando nos reprimen en nuestras regiones, nadie lo menciona", aseguró Abdón Félix Flores, de 30 años, un campesino que se dice listo "a dar su vida". Salió el domingo de Andahuaylas, epicentro de las manifestaciones en diciembre, para llegar a Lima el martes.

Ha sido imposible conocer hasta el momento el alcance de la movilización y cuántas personas llegaron a Lima, pese a los diversos anuncios que circulan.

Antes de que las muertes en Macusani, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) dio una conferencia de prensa.

"Las marchas continuarán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte" dijo a la AFP Gerónimo López, líder sindical que convocó a la huelga.

"No habrá paz social. Hay un desborde social en el pueblo como nunca se ha visto, es el clamor del pueblo peruano", manifestó.

Cientos de personas que llegaron a Lima en los últimos días permanecían el jueves en la estatal Universidad de San Marcos, cuyos estudiantes tomaron en la víspera parte de la sede de la casa de estudios para albergar a los manifestantes.

La crisis también refleja la inmensa brecha que existe entre la capital y las provincias pobres que respaldan al presidente Castillo, de origen indígena, y que veían en su elección una forma de revancha contra el desprecio de Lima.

La presidenta Boluarte llamó a la calma el lunes: "Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes el 18 y 19, yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma”.

Boluarte era la vicepresidenta de Castillo, al que reemplazó según establece la Constitución, y proviene del mismo partido, pero es vista como una "traidora" por los manifestantes.

Con información de AFP y Reuters

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