La misión de la CIDH en Perú exhorta al cese de la violencia en las protestas

"Estamos a la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. Esperamos que no haya ningún muerto más", dijo Stuardo a periodistas. "Vemos una situación muy complicada".

Las protestas iniciadas hace un mes dejan hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la Defensoría del Pueblo.

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La presidenta de Perú será investigada por presunto "genocidio"

El conflicto estalló tras la destitución del exmandatario izquierdista Pedro Castillo, que intentó el 7 de diciembre disolver de forma ilegal el Congreso.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

En las manifestaciones se exige la denuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, una nueva Constitución y la libertad de Castillo, que cumplen prisión preventiva por "rebelión", la cual él niega.

Grupos de derechos humanos han acusado a la policía y las fuerzas armadas peruanas de usar armas de fuego mortales y lanzar bombas lacrimógenas desde helicópteros. El Ejército dice, por su parte, que los manifestantes, la mayoría en el sur andino del país, han usado armas y explosivos caseros.

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¿Qué pasa en Perú? Las protestas dejan por lo menos 17 muertos

Stuardo afirmó que la crisis en Perú se debe principalmente a la fragilidad de sus instituciones y la constante lucha de poder entre el Ejecutivo y el Congreso, que han generado que el país tenga seis presidentes y tres parlamentos en cinco años, con renuncias y destituciones provocadas de los jefes de Estado.

"Esto ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones y ha obstaculizado la gobernabilidad", señaló.

El funcionario refirió que durante su visita recibió denuncias de familiares de las víctimas de un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía; aunque también de la actuación de "grupos violentos" que deben ser idenficados.

"Hacemos un llamado a un cese de violencia y se le de un privilegio al diálogo", dijo. Stuardo afirmó que las fuerzas de seguridad local se han comprometido "actuar con los estándares interamericano de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

La fiscalía investiga las muertes en las protestas

Más temprano, el Ministerio Público informó que abrió investigaciones preliminares por los violentos hechos en regiones sureñas de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac y Ucayali, focos de las mayores protestas, además de la capital, Lima.

Estas pesquisas marchan en paralelo a la investigación, también preliminar, anunciada esta semana contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" en las protestas, en la que se incluyó a parte de su gabinete de ministros.

De acuerdo a las "primeras indagaciones" se registraron 355 civiles y 176 policías heridos, y 329 detenciones de ciudadanos durante las protestas de diciembre y enero, detalló la fiscalía.

En la investigación se consideran los presuntos delitos de disturbios, violencia, resistencia a la autoridad y obstáculo al funcionamiento de servicios públicos, refirió.

Las protestas se extienden a Lima

En los últimos días las protestas se concentraron en las regiones mineras sureñas, pero el jueves miles de personas marcharon por las calles de Lima demandando el cierre del Congreso y la renuncia de Boluarte.

Perú amaneció este viernes con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada, sin comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

La jornada registró también nuevas marchas en Tacna, 1,220 km al sureste de Lima, limítrofe con Chile, país que cerró temporalmente su paso el jueves "debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa", informaron las autoridades chilenas.

El bloqueo de carreteras, en especial en el sur del país, históricamente marginado, también se han extendido a zonas de la selva. En la región amazónica Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras causando algunos destrozos a la casa de un congresista el jueves por la noche.

"Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución", "Dina, asesina, renuncia enemiga", son las consignas estampadas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos, que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.

Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.

A ello se suman los reclamos de justicia y sanción para los responsables de las 42 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde el inicio de las protestas hace más de un mes.

Además hay 531 heridos —355 civiles y 176 agentes de la policía— y 329 detenidos, según la fiscalía, que esta semana pidió una investigación por "genocidio" contra Boluarte y miembros de su gabinete.

Hasta ahora las regiones del norte de Perú, donde están asentadas gran parte de las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.

Más voces exigen la renuncia de Boluarte

Gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de renuncia de la presidenta Boluarte.

"¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana", dijo a la prensa el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó en una entrevista de radio que la renuncia de Boluarte "se está madurando" y aseguró que la dimisión el jueves el ministro de Trabajo, Eduardo García, "es el principio del fin”.

Pero el primer ministro, Alberto Otárola, ha descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie.

Con información de AFP y Reuters