Nicaragua: “Quieren declarar la muerte civil a cualquiera que piense distinto”

Son 317 los nicaragüenses afectados por la última medida de Ortega-Murillo contra sus opositores: el despojo de su nacionalidad, que implica la cancelación de sus pasaportes e incluso la eliminación de sus datos del registro civil de las personas. Esta condena a la no existencia incluye la confiscación de sus bienes y la cancelación de todos sus derechos civiles, como el de ocupar cargos en el Estado.

En la lista de los desnacionalizados hay varios periodistas, entre ellos cinco directores de medios: Álvaro Navarro (Artículo 66), Carlos Fernando Chamorro (Confidencial), Jennifer Ortiz (Nicaragua Investiga), Lucía Pineda (100% Noticias) y Wilfredo Miranda (Divergentes). Perseguidos por el sandinismo y desde el exilio, lideran equipos que continúan realizando relevantes investigaciones periodísticas, varias de ellas en alianza con CONNECTAS.

Además, la lista incluye a otros siete periodistas: Luis Galeano (Café con Voz), Patricia Orozco (Agenda Propia), Manuel Díaz (Bacanal Nica), David Quintana (Boletín Ecológico), Aníbal Toruño (Radio Darío), Santiago Aburto (BTN Noticias) y Camilo de Castro Belli (hijo de la poeta Gioconda Belli).

Todos cometieron el “pecado” de seguir informando lo que pasa en su país pese a las amenazas que vertió sobre ellos el régimen de Ortega. Ellos, que hace tiempo debieron salir de su país, ven ahora —con estupor pero sin sorpresa— cómo su gobierno les quita la “nicaraguanidad” legal que les quedaba: un pasaporte y la ciudadanía que allí aparece impresa. Y que además los trata de “prófugos” de la justicia.

“A mí lo nicaragüense no me lo quita nadie”

En diálogo con CONNECTAS, los cinco líderes de medios coinciden en que el despojo de la nacionalidad del que son víctimas —anticonstitucional, según los expertos— es una venganza contra ellos por su resistencia desde el oficio periodístico. Y lo ven como una señal de debilidad del gobierno nicaragüense, tras la liberación y destierro de los 222 presos políticos el pasado 9 de febrero.

Pero destacan que no será un obstáculo para continuar cumpliendo la misión que se han impuesto: contar los abusos contra los derechos humanos, las libertades públicas y la institucionalidad de Nicaragua.

“Para el pueblo de Nicaragua somos tan nicaragüenses como ayer y como lo seremos mañana”, dice Carlos Fernando Chamorro, miembro de una familia que se ha convertido en uno de los blancos predilectos del orteguismo. “La patria no es la determinación de Ortega de quitarnos a nosotros el derecho de ser nicaragüenses”, agrega uno de los hijos del legendario Pedro Joaquín Chamorro (fundador del hoy confiscado La Prensa) y quien —desde Costa Rica— dirige Confidencial, medio cuya redacción en Managua fue ocupada por la Policía sandinista en 2018 y luego confiscada.

Wilfredo Miranda integra la docena de periodistas exiliados que desde el pasado 15 de febrero no solo son “traidores a la patria”, a los ojos del gobierno, sino que pretenden que deje su inconfundible identidad nica. Es uno de los fundadores del portal Divergentes. El año pasado, junto a su equipo, obtuvieron el premio Ortega y Gasset, uno más en una corta pero prolífica trayectoria como medio. En esa oportunidad fue por un especial multimedia que hicieron sobre los crímenes cometidos por el gobierno durante la represión de las protestas de 2018. “Entiendo que es una venganza del régimen de Ortega-Murillo contra todas las personas que estamos exiliadas y no nos hemos callado”, responde para explicar este último “mazazo” contra ellos.

De este tipo de golpes sabe muy bien Lucía Pineda, a quien la Policía de Ortega trató de “golpista, terrorista y mentirosa” cuando la detuvo en diciembre de 2018 en pleno set de televisión del canal 100% Noticias, que dejó de salir al aire, fue confiscado y hoy emite por YouTube desde el exilio. La periodista estuvo seis meses presa, sufrió largos interrogatorios y torturas psicológicas y, luego de ser liberada, terminó saliendo hacia Costa Rica.

“La verdad que yo esto lo esperaba desde el año 2018, cuando me encarcelaron en El Chipote”, admite Lucía recordando sus días detenida en la cárcel más famosa de Nicaragua, porque es donde el gobierno encerró a la mayoría de sus presos políticos.

“Esta modalidad de destierro, quitar nacionalidad, confiscar, acusarnos de traición a la patria, declararnos prófugos de la justicia, es una forma de sembrar más el miedo entre los nicaragüenses. Y de mandar un mensaje a quienes estamos en el exilio, a quienes estamos fuera de Nicaragua, de que, si seguimos hablando, denunciando, informando en el caso de los periodistas, nos pueden quitar la nacionalidad y las propiedades. Entonces es como un aviso para adentro y para afuera de Nicaragua”.

A diferencia de sus colegas despatriados, Lucía tiene la nacionalidad tica, lo que le permite no ser una apátrida, aunque sí es una perseguida más del orteguismo. “Yo no me quedo apátrida, como se quedan los otros 93”, dice la directora de 100% Noticias, medio que ha participado de especiales como Voces de Nicaragua, por la “bendición” de contar con la nacionalidad costarricense.

Sus definiciones se completan con otras que deja Álvaro Navarro, que dirige Artículo 66 desde el exilio en Costa Rica: “Lo que quieren es declarar la muerte civil a cualquier persona que piensa distinto a su régimen”, afirma. Pero repite una convicción que es común a todos los declarados “apátridas” por Ortega: “A mí lo nicaragüense no me lo quita nadie. Yo nací en Nicaragua y voy a morir en Nicaragua. Además, respiro Nicaragua, yo vivo todos los días pensando en mi país”.

Este medio ha trabajado en diferentes investigaciones periodísticas sobre el abuso de poder en Nicaragua, como la historia que publicó junto a CONNECTAS sobre cómo la familia presidencial gestiona el negocio de importación y comercialización de combustible. “Ya nos hemos acostumbrado a recibir este tipo de noticias, de violaciones a derechos humanos, de abusos, de decisiones que tuercen absolutamente la legalidad”, completa Álvaro.

¿Puede la nacionalidad de una persona terminarse, morir, por la decisión de un burócrata? La sonrisa contagiosa de Álvaro, tan típica del humor nicaragüense, y musicalidad de su voz, propia de los nicas (sin acentuar las erres y cortando arbitrariamente algunas sílabas), no dejan lugar a dudas de que es de allí, de Nicaragua. No hay decreto presidencial ni firma judicial que contradiga su condición innata de nicaragüense.

Lo mismo puede decirse de Jennifer Ortiz. Ella recibió la noticia de que el régimen sandinista la despojó de su nacionalidad y le dictó la confiscación de sus bienes el día de su cumpleaños. Pero ni ese infausto “regalo” le quitó la sonrisa y la seguridad de sentirse “más nica que nunca”.

“Este es mi segundo exilio. Me exilié en 2018, volví para luego tener que exiliarme nuevamente en 2021. Ha sido uno de los procesos más difíciles de mi vida, uno nunca termina de asimilar la idea de que no vas a poder regresar pronto y creo que eso fue lo más difícil de entender para mí”.

La sinceridad de Jennifer demuestra lo que le duele estar lejos de su país. Ella lo sufre desde la vecina Costa Rica, donde desde 2018 se han recibido más de 220 mil solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de la represión política de Ortega. “Es un vacío en el corazón”, dice la fundadora y directora de Nicaragua Investiga, que publicó la investigación que reveló los súpersalarios que el orteguismo les paga a sus funcionarios más leales.

“Decir que traicionamos a la patria es una falacia”

El término de apátridas es algo que ya había utilizado en anteriores ocasiones el propio Ortega. “Se los deberían llevar a Estados Unidos, no son nicaragüenses, dejaron de serlo. No tienen patria”, dijo el 8 de noviembre de 2021, un día después de las elecciones —sin rivales— con las que se garantizó su cuarto mandato presidencial consecutivo. En el mismo discurso, acusó a los presos políticos de “falta de amor, servidumbre y servilismo a intereses apátridas”, según recordó una nota de Divergentes, medio que publicó la investigación sobre las violaciones que deja impunes el mismo sistema judicial que le quita la nacionalidad a sus ciudadanos.

Ni bien Ortega —por decisión de Murillo, según afirmó el propio presidente— liberó y envió a Washington a los 222 presos políticos, Wilfredo se subió a otro avión y voló hacia el hotel de Virginia, Estados Unidos, donde se alojó temporalmente a los exdetenidos por el sandinismo. Allí, el periodista experimentó la euforia de entrevistar para Divergentes a sus compatriotas libres y, seis días después, la amargura de conocer que es uno de los despojados de su nacionalidad.

Justo él, que no pierde momentos para mostrarse con la bandera de Nicaragua en sus redes sociales. Esa misma bandera que, dentro del país, es el símbolo de la oposición al Frente Sandinista y, por lo tanto, señal de los “enemigos” del régimen. “Apenas tengo una semana de ser apátrida, exiliado y sin nacionalidad, es una cuestión complicada. En términos prácticos es prematuro saber cuánto me afecta, más allá del tema sentimental, del orgullo de ser nica. Que un gobierno trate de herirnos al despojarnos de nuestra nacionalidad y decir que traicionamos a la patria, es una falacia”, afirma Wilfredo ya de regreso de Estados Unidos a esta imprecisa condición de hombre sin nacionalidad.

Ahora se debate si empezar un proceso de nacionalización en Costa Rica, donde vive exiliado, o aceptar la propuesta de España de adoptar a los 317 despatriados por Ortega, aunque no pierde la esperanza de que algún país latinoamericano haga la misma oferta. Sin embargo, al cierre de esta publicación, de los presidentes de los cinco países más importantes de América Latina, solo el de Chile ha condenado públicamente las últimas medidas de Ortega contra sus ciudadanos. Sin ambages, Gabriel Boric afirmó: “No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón”. De los mandatarios de Brasil, México y Argentina no ha habido pronunciamientos. Y el de Colombia prefirió manifestar su “preocupación” a través de su Cancillería.

Para Carlos Fernando Chamorro, lo más grave de Nicaragua no es sólo la persecución contra sus ciudadanos por cuestionar sus abusos, sino directamente el avasallamiento de las instituciones que garantizan la democracia. Así lo dejó en claro en el editorial que hizo el 15 de febrero en su canal de YouTube, donde transmite desde que su medio fue confiscado. En esa alocución, el experimentado periodista afirmó que, con estas medidas punitivas, “Ortega y Murillo han llevado al extremo de la degradación a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía, a la Policía, al Ministerio de Relaciones Exteriores y prácticamente a todo el Estado de Nicaragua”.

Pero como sus colegas, Carlos Fernando cree que el periodismo es uno de los garantes de la institucionalidad que en su país ha ido desapareciendo: “Yo creo que la prensa independiente en el exilio es la última reserva de las libertades en Nicaragua. No hay libertad de reunión, ni de asociación ni de movilización, hasta las procesiones religiosas están prohibidas. Hay un impedimento para que la gente se reúna y sin embargo, la prensa independiente sigue informando gracias a la convicción de los periodistas de no aceptar la censura; incluso de asumir los riesgos y las consecuencias de las represalias que tiene desarrollar nuestra labor”.

Las palabras del director de Confidencial encuentran eco en sus colegas. “Ellos quisieran que nosotros nos calláramos. Pero el periodismo nicaragüense, en general, ha sido muy independiente y ha demostrado con firmeza que no es fácil que nos callen”, dice Lucía, en una definición que le hace honor al especial Nicaragua No Calla, que CONNECTAS publicó en alianza con una decena de medios latinoamericanos. “Si la comunidad internacional se ha enterado y se ha preocupado tanto por Nicaragua, y ejecutado acciones para presionar al régimen, ha sido porque el periodismo nicaragüense se ha mantenido firme contando lo que pasa. Y para Daniel Ortega eso es lo más difícil de entender”, completa Jennifer Ortiz.

“Ortega no ha podido con el periodismo —repite Wilfredo Miranda—. El periodismo de Nicaragua sigue documentando, dando voz y sobre todo dando de cierta manera esperanza a los nicaragüenses. El periodismo es el único lugar donde se puede seguir luchando por la democracia frente al Estado policial y el destierro que ahora aplica el régimen”.

“Le diré que vaya a cobrárselo a Daniel Ortega”

El periodismo, la profesión más linda del mundo, es también una de las más ingratas al momento de compensar a sus hacedores. No es una actividad desde la que sea fácil consolidar un patrimonio económico. De ahí que la ilegalidad de quitarle los bienes a estos periodistas nicaragüenses sea adicionalmente punitiva y no debe quedar opacada por el despojo de su nacionalidad.

“Yo soy hijo de una empleada doméstica que cuando yo era un niño, se tuvo que venir a Costa Rica a trabajar”, recuerda Álvaro Navarro. “Yo tuve que vender en las calles en mi niñez, vendía helados en el Mercado Oriental, que es el más grande de Managua. Anduve hurgando en la basura para sobrevivir junto a un tío, por tanto, lo que tengo a mí me cuesta sangre, sudor, lágrimas y desvelos. Lo he logrado con esfuerzo, con voluntad, con el ahorro”, cuenta.

Entre los bienes que el régimen sandinista puede quitarle a Álvaro hay un automóvil, que dejó a su familia cuando debió salir del país: “Tengo que decirlo, el vehículo tampoco es mío, es del banco. Lo estoy pagando así que, si me lo roban, se lo están robando al banco. Yo al banco le diré que vaya a cobrárselo a Daniel Ortega”.

En su patrimonio también cuenta la empresa que creó para sostener su medio de comunicación, Artículo 66. “La resolución bufa de ese juez dice que la sociedad también queda eliminada, o que ha sido afectada porque yo soy socio de esa empresa, así que supongo que también la van a aniquilar”, reconoce, aunque eso no implique que deje de hacer periodismo. “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. No me voy a silenciar, no me voy a arrodillar, no le voy a pedir clemencia a Daniel Ortega. Porque esa es la decisión que adopté desde hace muchísimos años, incluso cuando ya sabía que el riesgo que se nos venía era enorme”, afirma decidido Álvaro.

La situación de Jennifer Ortiz no es muy diferente, aunque ella cuenta que ya había previsto que algún día podían confiscarla, por lo que no dejó nada en Nicaragua antes de salir a su segundo exilio. “Todo lo poco que tenía lo mal vendí y lo usé para sobrevivir, para mi proyecto. Y en algún momento, cuando no teníamos otra forma de subsistencia, para cubrir mis gastos en un país (Costa Rica) que es tres o cuatro veces más caro que Nicaragua. Igual, espero que eso pueda tener un resarcimiento en el futuro y que Daniel Ortega y su cúpula paguen con sus bienes cualquier expropiación que estén cometiendo hoy”.

El sandinismo tiene un largo historial de confiscaciones a sus opositores, que comenzó en los ochenta cuando llegó por primera vez al poder. A ese mecanismo por el que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se hizo con los bienes de sus enemigos se lo conoce como la “Piñata” sandinista, tal como se presenta en esta investigación que contabilizó el año pasado la nueva serie de confiscaciones ordenadas por Ortega.

“Yo ya fui confiscado dos veces —recuerda Carlos Fernando—. La redacción de Confidencial fue asaltada por la Policía en 2018 y se robaron todo. Posteriormente confiscaron de manera ilegal e inconstitucional el inmueble de nuestra redacción, la empresa de mi esposa también y pueden ahora confiscar mi casa también. Pero no nos van a confiscar el periodismo”. Para él no hay dudas: “el tiempo de la dictadura se está agotando, el tiempo de nosotros apenas está comenzando”.

“Los bienes materiales se recuperan”, dice por su lado Lucía Pineda, quien tiene una casa que pagó durante años con su trabajo y que ahora quedó a disposición de sus verdugos. “No me pudieron ellos quitar mi credibilidad, no me pudieron ellos quitar mi fe, mi esperanza, no me pudieron confiscar mi sed de libertad de prensa… no lo han hecho y no lo van a hacer porque seguimos nosotros informando”, afirma en tono categórico.

El mensaje de Lucía es casi un mantra que repiten todos los periodistas nicaragüenses que en los últimos años vienen resistiendo la censura y la persecución del gobierno de su país. Y que lejos de debilitarse con esta nueva medida represiva que afecta a varios de ellos, refuerza la convicción de que hay que seguir narrando esa realidad que el régimen sandinista insiste en moldear a su antojo.

Como Lucía, como Jennifer, como Álvaro, como Wilfredo, como Carlos Fernando, como los demás periodistas perseguidos y como cantaron los 222 presos políticos cuando despegó el avión que los alejó de las cárceles sandinistas, todos están dispuestos a resistir y conducir a Nicaragua hasta la tierra prometida donde sea “democrática y libre”.