Son 317 los nicaragüenses afectados por la última medida de Ortega-Murillo contra sus opositores: el despojo de su nacionalidad, que implica la cancelación de sus pasaportes e incluso la eliminación de sus datos del registro civil de las personas. Esta condena a la no existencia incluye la confiscación de sus bienes y la cancelación de todos sus derechos civiles, como el de ocupar cargos en el Estado.
En la lista de los desnacionalizados hay varios periodistas, entre ellos cinco directores de medios: Álvaro Navarro (Artículo 66), Carlos Fernando Chamorro (Confidencial), Jennifer Ortiz (Nicaragua Investiga), Lucía Pineda (100% Noticias) y Wilfredo Miranda (Divergentes). Perseguidos por el sandinismo y desde el exilio, lideran equipos que continúan realizando relevantes investigaciones periodísticas, varias de ellas en alianza con CONNECTAS.
Además, la lista incluye a otros siete periodistas: Luis Galeano (Café con Voz), Patricia Orozco (Agenda Propia), Manuel Díaz (Bacanal Nica), David Quintana (Boletín Ecológico), Aníbal Toruño (Radio Darío), Santiago Aburto (BTN Noticias) y Camilo de Castro Belli (hijo de la poeta Gioconda Belli).
Todos cometieron el “pecado” de seguir informando lo que pasa en su país pese a las amenazas que vertió sobre ellos el régimen de Ortega. Ellos, que hace tiempo debieron salir de su país, ven ahora —con estupor pero sin sorpresa— cómo su gobierno les quita la “nicaraguanidad” legal que les quedaba: un pasaporte y la ciudadanía que allí aparece impresa. Y que además los trata de “prófugos” de la justicia.