Residir en el limbo: el destierro en los regímenes autoritarios de Latinoamérica

Anamely todavía no lo sabía, pero había sido desterrada. Su “delito” fue formar parte del Movimiento San Isidro , un grupo de artistas disidentes que conmocionaron al país caribeño en noviembre de 2020 con una huelga colectiva y un listado de exigencias al gobierno. Por eso ahora, pese a no tener abierto ningún proceso penal o civil, Anamely no puede regresar a Cuba, el único país del que tiene residencia.

Pero su caso no es único. A pesar de que el artículo nueve de la Declaración de Derechos Humanos establece que nadie podrá ser desterrado arbitrariamente, este equipo de Distintas Latitudes constató que al menos 1,163 personas sufren actualmente esta pena en América Latina, ya sea de manera temporal o permanente. La mayoría procede de Cuba, si bien los gobiernos autoritarios de Nicaragua, Venezuela y El Salvador también aplican el destierro u otros mecanismos de expulsión o encierro civil como condena política contra algunos de sus propios ciudadanos.

El último ejemplo de este tipo de castigo ocurrió el 9 de febrero de 2023, cuando el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua decidió liberar a 222 presos políticos solo para enviarlos a Estados Unidos y retirarles la nacionalidad nicaragüense.

El destierro político en la historia de América Latina

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) define el destierro como la pena de expulsar a alguien de un territorio. En la mayoría de las ocasiones, es el Estado quien, amparado en la presunta comisión de un delito, decide tomar esta acción contra una persona de manera temporal o permanente.

En La política del destierro y el exilio en América Latina (Cambridge University Press, 2009), los académicos Luis Roniger y Mario Sznadjer señalan que la figura legal del destierro fue establecida en Latinoamérica por el Consejo Real de las Indias para expulsar de los territorios coloniales a quienes las élites gobernantes consideraban una amenaza para el orden social y político.

Con el tiempo, esta medida se convirtió en un mecanismo de represión utilizado por el poder latinoamericano para limitar el acceso de la oposición política a la esfera pública, dice en entrevista con Distintas Latitudes Roniger, titular de la Cátedra Reynolds de Estudios Latinoamericanos y Ciencia Política en Wake Forest University, Estados Unidos.

Prueba de esto es que en países como Argentina, Chile, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, el destierro fue permitido hasta bien entrado el siglo XX, en especial durante regímenes autoritarios.

Por ejemplo: la ley argentina 20.840 , promulgada en 1974 durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, indicaba que los “actos de divulgación, propaganda o difusión tendientes al adoctrinamiento, proselitismo” podían ser sancionados con la “pérdida de ciudadanía y expulsión del país al término de la condena”.

En Chile, los regímenes de Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y Augusto Pinochet utilizaron penas de extrañamiento, relegación y destierro contra sus críticos, fundamentalmente comunistas y opositores. En México, el gobierno del presidente Antonio López de Santa Anna impuso la pena de destierro a sospechosos de conspiración, mientras que en Ecuador varios mandatarios lo aplicaron para alejar del país a enemigos políticos.

Esta situación ha cambiado notablemente en las últimas décadas. 25 países (1) de América Latina y el Caribe han firmado y/o ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 22 , esta establece que nadie puede ser expulsado ni privado del derecho a ingresar al territorio del cual es nacional.

De las constituciones actuales de veinte países analizadas por este equipo, solo la de Uruguay contempla la pérdida de nacionalidad por destierro, si bien el Código Penal de ese país lo prohíbe expresamente. No obstante, otros códigos penales de la región sí contemplan el destierro como pena legal. Es el caso de Chile —donde no está vinculado a ningún delito en específico—, Venezuela y Cuba, este último el país con índices más altos en los últimos cinco años.

Cuba: prohibido volver

El 27 de febrero de 2022, Anamely Ramos intentó por segunda vez abordar un vuelo con destino a Cuba. Pero ese día también le prohibieron volar. Eso sí: tras varias presiones, logró que American Airlines le entregara la notificación que le impedía regresar.

“La autoridad migratoria cubana se dispone a cooperar mediante notificación de forma anticipada sobre los pasajeros que no serán admitidos en Cuba”, cita el comunicado del gobierno cubano a American Airlines. Además, añadía que, si regresaba, Ramos podía ser reembarcada en el mismo vuelo.

Con esta decisión, el gobierno de Cuba y American Airlines la obligaban a quedarse en Estados Unidos, donde no posee documentos legales ni residencia.

Al igual que el anterior, el recién estrenado Código Penal cubano establece el destierro como “la prohibición de residir en un lugar determinado” impuesta en “aquellos casos en los que la permanencia del sancionado en un lugar (…) resulte socialmente lasciva”. El término de la sanción, que solo puede ser aplicada si la persona fue previamente juzgada o condenada con cárcel o multa, va desde uno hasta diez años.

Esta práctica ha sido común contra los opositores desde el triunfo de la Revolución, en 1959. El objetivo: apagar la disidencia política. Solo entre 2015 y 2019, al menos 39 disidentes fueron expatriados forzosamente de la isla, de acuerdo con un informe de cuatro relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Además, este equipo constató que desde el inicio de la pandemia, el Gobierno cubano ha desterrado arbitrariamente a al menos otras cinco personas mediante expulsión o prohibición de entrada al país.

La primera fue la periodista Karla Pérez , expulsada de la Universidad Central Martha Abreu de Las Villas en 2017 por sus ideas “contrarrevolucionarias”. En marzo de 2021, Pérez intentó regresar a Cuba luego de cuatro años en Costa Rica, donde concluyó sus estudios. Mientras esperaba un vuelo de conexión en Panamá, un funcionario cubano le comunicó que tenía prohibido regresar al país por ser considerada un “instrumento desestabilizador”. Desde entonces, Pérez reside en Costa Rica como asilada política.

También están los casos de los artistas contestatarios Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet . Ambos fueron expulsados del país en septiembre de 2021 a cambio de la libertad de Lavastida, quien fue detenido durante tres meses apenas llegar de una estancia artística en Alemania por supuestos cargos de “incitación a la rebelión” e “instigación a delinquir”.

Meses después, el 4 de enero de 2022, fue el turno de los reporteros independientes Héctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez . Ambos fueron desterrados a El Salvador a cambio de la libertad de Rodríguez, preso desde abril de 2021 por participar en una manifestación pública contra el Gobierno. Después de un largo proceso migratorio, los dos lograron llegar a Estados Unidos, donde viven actualmente.

El gobierno no reconoce el destierro de estos ciudadanos debido a que ninguno ha sido condenado oficialmente de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. En cambio, el gobierno se ha valido siempre de estrategias arbitrarias y disposiciones de la Ley de Migración, que en su artículo 24.1 dispone la prohibición de entrada al país a cualquier ciudadano catalogado como “indeseable”.

Los médicos y demás profesionales cubanos que abandonan las misiones internacionalistas también sufren penas arbitrarias de destierro por un periodo de ocho años, aunque no existe ninguna normativa pública que avale esta sanción. En enero de 2022, la ONG Prisoners Defenders, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) presentaron ante las ONU una denuncia contra el gobierno cubano basada en los testimonios de 1.111 profesionales víctimas de esta “Ley de los ocho años”.

Los deportistas que abandonan misiones oficiales también pueden ver limitada su entrada al país de forma temporal. No hay estadísticas al respecto, pero sí ejemplos. En enero último, el Gobierno prohibió la entrada de los peloteros Lisbán Correa y Yulieski Gurriel . Correa está incluido en una lista de “desertores” aunque no abandonó ninguna delegación oficial. Gurriel abandonó el equipo cubano que participó en la Serie de Béisbol del Caribe 2016.

Venezuela: prisión o expulsión

El 12 de octubre de 2018, la madre y la pareja del activista Lorent Saleh estaban formadas en las instalaciones del ServicioBolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) para dejarle algo de comer, pero les impidieron hacerlo. “Habrá operativo”’, lesdijeron.

Desde 2009, Saleh era uno de los opositores jóvenes con mayor relevancia pública en Venezuela. En 2011, como líder de la Juventud Activa Unida Venezuela, encabezó una huelga de hambre frente a la sede caraqueña de la Organización deEstados Americanos (OEA) para exigir la liberación de los presos políticos. Luego, en 2014, inició una campaña internacional desde Colombia para denunciar las violaciones de derechos humanos en su país, hasta que fue detenido por las autoridades migratorias y entregado a Venezuela.

Para entonces, Saleh llevaba cuatro años detenido en el SEBIN, acusado de supuestos vínculos con paramilitares colombianos, así como de planificación de actos terroristas y golpe de Estado.

Aquel 12 de octubre, mientras su madre y pareja hacían fila para dejarle algo de comida, los oficiales del SEBIN lo sacaron de la celda, lo sentaron en una mesa y le dijeron que estaba a punto de vivir “un nuevo proceso”: ese mismo día sería liberado.

“Me montan en una camioneta y un convoy gigantesco con un súper show. Me llevan directo al aeropuerto sin que mi familia ni abogados supieran lo que estaba pasando, me meten en una sala y estaba ahí el secretario de Estado español, dos embajadores, el cónsul general, y me entregan al gobierno de España”, detalla en entrevista con Distintas Latitudes.

No fue hasta que estuvo en el avión que avisaron a su madre que Saleh había sido desterrado a España. “Ya no tenía ni pasaporte ni cédula”, dice. “Simplemente no era venezolano. Salí con un salvoconducto de la embajada de España que imprimieron a última hora”.

Aunque el artículo 21 de la Constitución venezolana establece que “ningún acto del Poder Público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional”, el gobierno fundamentó su decisión en el artículo 142 del Código Orgánico Procesal Penal , que permite cambiar la privación judicial preventiva por cualquier otra medida que el tribunal estime procedente.

De esa manera, Saleh se convirtió en el único caso de destierro reconocido oficialmente hasta el momento por el gobierno de Nicolás Maduro.

Nicaragua: el precio de incomodar al régimen

La activista Ana Quirós “vive en Nicaragua, pero duerme en Costa Rica”. Así describe su conexión con el país que la adoptó por 40 años, hasta que fue desterrada por el gobierno de Daniel Ortega.

Quirós nació hace 65 años en Costa Rica, donde vivió hasta que decidió sumarse a la lucha nicaragüense para derrocar a la dictadura somocista. Después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, se quedó para ayudar con la reconstrucción del país, marcado por la pobreza y los conflictos armados.

Treinta y nueve años después, su lucha feminista, por los derechos humanos y la democracia le costó el destierro del país que ama, cuenta a Distintas Latitudes.

En abril de 2018, Quirós se sumó a las miles de personas que salieron a protestar en las calles de Managua por laimposición de reformas a la seguridad social, lo que marcó el inicio de una profunda crisis política que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha provocado más de 355 muertos , centenares de presos políticos y miles de exiliados.

Quirós fue desterrada meses más tarde, el 26 de noviembre de 2018, días después de que el Estado le prohibiera desarrollar una marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese día, una asesora legal de la Dirección General de Migración y Extranjería le notificó que sería expulsada del país debido a un supuesto problema con su doble nacionalidad.

Ella afirma que no incumplía con ninguno de los motivos por los cuales las autoridades podrían retirarle la nacionalidad nicaragüense y desterrarla. El Código Penal establece la posibilidad de expulsión del país únicamente para extranjeros que hayan cometido un delito, no contra nacionales.

“La voz feminista y de las mujeres siempre le fue incómoda a Daniel Ortega”, dice Quirós antes de asegurar que su destierro es una represalia política para “tratar de silenciar a las voces incómodas”.

En abril de 2022, el gobierno nicaragüense recurrió nuevamente al destierro como medida represiva contra cuatro artistas nicaragüenses críticos con Ortega. La primera víctima fue el matrimonio de productores musicales Xóchitl Tapia y Salvador Espinoza. Ambos fueron encarcelados durante diez días sin ninguna orden judicial y luego expulsados del país pese a contar con ninguna otra nacionalidad. Según declaraciones brindadas por sus familiares, les dieron dos opciones: “cárcel o destierro”. Fue así que partieron de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua “directo al aeropuerto”.

Los otros dos casos son los de los músicos Josué Monroy y Leonardo Canales, encarcelados y desterrados injustificadamente hacia El Salvador y Costa Rica, respectivamente. Días antes, ambos artistas habían ofrecido un concierto donde, según los asistentes, dedicaron una canción a las protestas sociales del 2018. El régimen de Daniel Ortega no hizo público ningún pronunciamiento sobre lo ocurrido con ellos.

El encierro, la represión opuesta

La represión política también se manifiesta en la figura opuesta al destierro: el encierro. Se trata de una pena que afecta actualmente a al menos 257 personas en América Latina, específicamente en Cuba y Nicaragua.

Hasta 2012, todos los ciudadanos de Cuba estaban obligados a solicitar un permiso legal para salir del país. Si bien esto fue eliminado tras la actualización de la Ley Migratoria, las autoridades mantienen algunas restricciones que imposibilitan salir del territorio nacional.

Es el caso del Decreto-Ley 302, que permite negar la salida a cualquier ciudadano que se encuentre bajo determinados supuestos, generalmente de cortes políticos. A estas personas se les conoce como “regulados”.

Hasta marzo de 2020, un total de 245 cubanos estaban regulados, según un subregistro publicado por Connectas y Diario de Cuba . Durante la pandemia, el Gobierno removió algunos nombres de la lista, como el del periodista Abraham Jiménez Enoa, a la vez que ha sumado otros , aún sin contabilizar.

Boris González Arenas, activista político, defensor de los derechos humanos y periodista independiente, integra ese listado desde 2019. Al igual que otros en su condición, no lo supo hasta que llegó al aeropuerto para tomar un vuelo. Fue en ese instante cuando un funcionario le notificó que tenía prohibido salir del país. A día de hoy, González no ha recibido explicaciones sobre el motivo de su regulación.

“Presenté una carta, demandé en Emigración al Jefe Nacional de aquel momento para que me dieran la información que poseían sobre mi regulación, pero no hubo manera”, asegura.

Como él, la mayoría de los “regulados ” por el gobierno cubano han sido periodistas, activistas y líderes religiosos. González afirma que estas regulaciones tienen como objetivo agredir y silenciar voces disidentes como la suya. “El gobierno le teme a todo lo que no sea su propia voz, a todo lo que no sea la reproducción automática de su discurso”, dice.

Pero este no sería el único motivo. Luego de haber perdido la oportunidad de presentarse a varios eventos periodísticos y del exilio cubano en diferentes partes del mundo, González está convencido de que el verdadero propósito de estas medidas es anular la relevancia internacional de los activistas de la isla.

Al igual que Cuba, los gobiernos autoritarios de Nicaragua y Venezuela utilizan el encierro como un mecanismo de control político.

En los últimos años, el gobierno nicaragüense lo ha puesto en práctica con al menos una decena de periodistas . Los casos más conocidos son los de Mauricio Madrigal, director de prensa del Canal 10 de Nicaragua; Julio López, del medio digital Onda Vital; y Cristopher Mendoza Jirón, miembro de los Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN). A los tres se les impidió salir del país en 2021 mediante la retención de sus pasaportes.

No obstante, también están los casos de Monseñor Silvio Fonseca y María Josefina Gurdián, esta última madre y abuela de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, respectivamente. Gurdián denunció que el Gobierno le impidió salir del país cuando pretendía viajar a Costa Rica para recibir tratamiento médico contra el cáncer.En Venezuela, el gobierno aplicó la retención y bloqueo de pasaporte contra Lorent Saleh, entrevistado en esta pieza. La primera vez fue en 2012, cuando recibió una prohibición de salida estatal, impidiendo incluso su desplazamiento fuera del estado Carabobo. La segunda, en 2013, cuando pretendía participar en una cumbre de la OEA.

Exilio forzado, otra forma de expulsión

La exclusión de un país no se refleja únicamente mediante la imposición del destierro. Según el investigador Luis Roniger, el destierro y el exilio son conceptos que a menudo se entrecruzan. Países como Cuba , Nicaragua , Venezuela y El Salvador, cuyas políticas tienden al autoritarismo y las violaciones de derechos humanos, han provocado olas de exilio en los últimos años.

Ejemplo de ello es lo sucedido en 2017, cuando el periodista venezolano Tulio Hernández comenzó a recibir amenazas luego de que el diario El Nacional, donde trabajaba, replicara un reportaje del periódico español ABC que revelaba los vínculos del general venezolano Diosdado Cabello Rondón con el crimen organizado.

Poco después, el hostigamiento hacia Hernández pasó también al lado judicial. Fue acusado de matar a una mujer durante lasprotestas antigubernamentales de 2017 al lanzarle una botella de agua congelada desde un edificio.

“Diosdado Cabello dijo que tenía pruebas de que yo fui el que mandó a matar a esa señora. Ese mismo día, en la tarde,Nicolás Maduro ordenó en cadena nacional que yo debía estar en la cárcel”, cuenta Hernández.

Entre los miembros del chavismo, alguien le dio el aviso de que se fuera del país, pues estaba en la mira del régimen. Así lo hizo. Se escondió tres días en la casa de un conocido y luego salió del país por carreteras secundarias rumbo a Puerto Santander, en la zona fronteriza con Colombia. Desde entonces no ha regresado a Venezuela.

Tulio Hernández no cuenta, en los hechos, con una pena de destierro, pero tampoco tiene posibilidades de retornar, pues sería arrestado de inmediato.

Un caso similar es el de Erick Zuleta, quien fue presidente de la Federación Nacional de Transportistas de Venezuela. En 2017, en plena crisis del sector para conseguir insumos, Zuleta convocó una Asamblea Nacional para pactar un paro de operaciones. La Asamblea resultó incómoda para el Ministerio de Relaciones Interiores, encabezado por Néstor Reverol, quien no dudó en amenazarlo. “Si [se] para el país, te vamos a meter preso, después no te quejes. Vas tú y toda tu camarilla”.

Ante la desobediencia y la evasión de un llamado al despacho del ministro, Reverol ordenó la detención del líder transportista el mismo día de la Asamblea. Zuleta tomó la decisión de salir del país junto a un grupo de compañeros transportistas. A sus 62 años, el sindicalista cruzó la frontera con Colombia entre la incertidumbre y el miedo a ser detenido.

“Me parecieron eternos esos quinientos metros que caminé (en la línea fronteriza). Es así tipo película, de que vas caminando y no ves el sitio, hasta que por fin respiré tranquilo cuando pisé esa raya, ya en Colombia”, relata.

Desde entonces, no ha vuelto a pisar suelo venezolano. Las condiciones políticas del país le impiden volver, aunque ahí están su familia, compañeros y amigos.

Pero Zuleta y Hernández no son casos excepcionales en el continente. Una publicación de la revista FACTum revela que en el último año al menos 50 personas han salido de El Salvador a causa de la persecución política del gobierno de Nayib Bukele. Ya para noviembre de 2021, la organización Cristosal, que gestiona un registro de desplazamientos forzados en ese país, documentaba al menos 30 exiliados políticos en el país.

Este modus operandi se repite independientemente de las fronteras: las víctimas son objeto de hostigamientos y órdenes judiciales injustificadas hasta que la presión los fuerza al exilio.

Una amenaza a la democracia

Profunda es la herencia del destierro en América Latina. Desde sus inicios en la época colonial hasta el presente, esta herramienta del poder continúa en uso, a pesar de violar derechos humanos protegidos por acuerdos internacionales.

En los últimos años, gobiernos autoritarios la han usado para intentar silenciar voces como las de Anamely Ramos, Lorent Saleh y Ana Quirós, entre muchos otros, quienes les resultan “una amenaza”. El académico Luis Roniger explica que esto también perjudica el diálogo político. “Las democracias, para ser efectivas, tienen que medirse también por la posibilidad de disentir”, indica.

Para la fecha de publicación de este reportaje, Anamely Ramos, Lorent Saleh y Ana Quirós siguen desterrados de sus países de origen, sin posibilidad de volver y, en algunos casos, despojados de sus propios documentos de identidad. “Me detienen con 26 [años] y salgo con 30”, señala Saleh. “Después de 30 años es que vine a saber qué se sentía ser un ciudadano”.

Para ellos, disentir fue el comienzo de un viaje largo y difícil fuera de sus patrias, pero cuyo destino no pasa necesariamente por el silencio ni el desarraigo. “Esto no hace que yo deje de seguir luchando por mi país”, dice Saleh. “Sigo trabajando por la justicia, sigo pensando, sigo desvelándome por lo que pasa en Venezuela. Sigo comprometido”.

Investigación: Yadiris Luis Fuentes (Cuba), Fernanda Hernández (México), Mariana Recamier (México), Karem Nerio (México), Diana Cid (Venezuela), Elmer Rivas (Nicaragua), Isidora Varela L. (Chile), Alejandro Castro (México), María Lucía Expósito (Cuba), Isela Barranzuela Chuica (Perú) y Bryan Alviárez Vieites (Venezuela).