Detención de posibles candidatos
Usando las leyes aprobadas en 2020, el gobierno de Nicaragua inició en junio de 2021 una cacería de brujas que llevó a la detención de siete precandidatos presidenciales.
El 2 de junio, la periodista Cristiana Chamorro, aspirante presidencial con mayores posibilidades contra Ortega, fue puesta bajo arresto domiciliario, acusada de lavado de dinero. Es hija de la expresidenta Violeta Barrios y de Pedro Joaquín Chamorro, héroe de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza (1937 a 1979).
En los días y semanas subsiguientes fueron detenidos otros seis aspirantes presidenciales: el politólogo Félix Madariaga, el economista Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana), el ex diplomático Arturo Cruz, el periodista Miguel Mora, el líder campesino Medardo Mairena y el dirigente conservador Noel Vidaurre.
También fueron arrestados otros miembros de la familia Chamorro y destacados disidentes sandinistas, como la excomandante Dora María Téllez, así como dirigentes empresariales y sociales.
El gobierno acusa a los opositores detenidos de "traidores a la patria" y "golpistas" financiados por Estados Unidos. Washington, que tilda a Ortega de "dictador", la ONU y la Unión Europea exigen su liberación.
Elecciones cuestionadas
El 7 de noviembre, Nicaragua vivió unas elecciones las que todo el mundo sabía de antemano que Daniel Ortega ganaría por cuarta vez la presidencia.
Las elecciones con ningún observador internacional y todas las acreditaciones para la presa extranjeras fueron prohibidas. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina consideraron que los comicios no tenían ninguna legitimidad.
Ortega, que se impuso con 75% de los votos, se enfrentó a cinco candidatos derechistas, desconocidos y tachados de colaboradores del gobierno, que en total obtuvieron el restante 25% de los sufragios.
