Según las denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que llegara a la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso.
En una sesión el martes, donde se debatía su destitución, el presidente Lasso proclamó su "total, evidente e incuestionable" inocencia.
"Esto no es fiscalización, es una obstrucción que ha generado una grave crisis y conmoción interna", señaló Lasso, quien sostiene que el juicio en su contra es "contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo".
Tras doce horas, la sesión fue suspendida por el presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, hasta este miércoles, cuando se reanudaría hacia las 09:30 locales (8:30, hora de Ciudad de México).
Gobierno bajo decreto
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
"A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado", dijo al avanzar que ya ha firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía.
Lasso subrayó que los servicios públicos atenderán con normalidad, que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad y que el sector privado "tiene todas las garantías para desarrollar sus actividades y seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del país".
La sede del Congreso amaneció bajo resguardo militar, mientras que en el palacio de gobierno en el centro histórico de Quito estaba custodiado por un puñado de uniformados, de acuerdo con periodistas de la agencia AFP.
Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato.
Con información de AFP y EFE