El presidente de Ecuador, el derechista Guillermo Lasso, se enfrenta a tres posibles escenarios en el marco de un juicio político en su contra: Ser destituido, disolver el Congreso o permanecer en el cargo con un Legislativo dominado por la izquierda.
El mandatario, de 67 años, encarará este martes el segundo intento de Congreso —compuesto por una sola cámara— por destituirlo en casi un año, ahora bajo la acusación de presunta corrupción.
El juicio político se da en el momento de mayor debilidad del presidente en sus casi dos años de mandato, luego de sufrir una dura derrota en la cita electoral del 5 de febrero, donde el gobierno perdió el referéndum planteado para aplicar reformas a la Constitución y, al mismo tiempo, el correísmo fue el gran triunfador de las elecciones locales, cuyas autoridades electas asumieron sus cargos ayer.
En los primeros dos años de los cuatro para los que fue elegido no ha conseguido un acuerdo con la izquierda preponderante en el Legislativo, lo que ha derivado en una inestabilidad política que recuerda la registrada entre 1997 y 2005, cuando tres presidentes fueron derrocados.
"Lamentablemente a eso nos ha llevado un presidente indeciso, muy blando, yo le diría hasta pusilánime, como Lasso", dijo a la AFP el constitucionalista y analista político Rafael Oyarte.
La oposición sostiene que Lasso debe ser despojado de su cargo al considerarlo responsable político de presuntos actos de corrupción ocurridos supuestamente en la administración estatal bajo su mandato, aunque en el trasfondo los portavoces de la oposición también lo plantean como un juicio sobre su gestión.
En un inicio, la acusación fue formulada por concusión y peculado (malversación de fondos), pero la Corte Constitucional sólo aprobó la realización del juicio político por peculado.
Con ello se quedó fuera del caso el capítulo más mediático y que había centrado la opinión pública durante los primeros meses de 2023, ante una supuesta trama de corrupción en empresas públicas que involucraba al empresario Danilo Carrera, cuñado de Lasso.
La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales para el Estado de un contrato suscrito por la naviera estatal Flopec con la firma privada Amazonas Tankers y que no actuó para rescindirlo.
Según los señalamientos, el mandatario no ordenó la culminación de un acuerdo suscrito antes de que se posesione para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker, pese a que dejó pérdidas por más de seis millones de dólares.
Por su parte, la defensa del presidente alega que los contratos fueron suscritos bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que, ya con Lasso en el poder, se requirió a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) un análisis cuyas recomendaciones fueron acogidas a la hora de renovar los contratos.
Son diversas fuerzas de distinto signo político las que impulsaron el juicio político. Por un lado está el correísmo a través de la bancada Unión por la Esperanza (Unes) y por otro el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso en las últimas presidenciales.
A ellos se les suman algunos integrantes del movimiento indígena Pachakutik, de Izquierda Democrática y de un grupo de legisladores independientes.
Dos asambleístas presentarán la acusación y, seguidamente, el presidente hará su alegato de defensa antes de que se abra el debate en el hemiciclo, donde los 137 asambleístas tienen derecho a intervenir por diez minutos.
Una vez concluido el debate, se convocará en el plazo de cinco días a una nueva sesión del pleno de la Asamblea para presentar la moción de censura contra Lasso y votarla inmediatamente.
Para lograr la destitución del presidente, la oposición necesita 92 votos, equivalentes a dos tercios de la Cámara. Es aún una incógnita si lograrán reunir esos votos al registrarse en las últimas semanas dimisiones dentro del PSC y una división interna dentro de Pachakutik, brazo político del poderoso sector indígena..
El oficialismo tiene una representación pequeña en el hemiciclo y requiere el apoyo de otros grupos para evitar la destitución. Para ello necesita que al menos 46 no voten a favor.
La Asamblea debe reunir el voto de las dos terceras partes de sus miembros (92) para destituir al presidente, que por ley puede hacerse en caso de delitos contra la seguridad del Estado, de corrupción y por genocidio o desaparición de personas.
En caso de ser removido, Lasso será reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero, con quien fue elegido en binomio. El nuevo presidente, que deberá completar el actual período de cuatro años, en 2025, presentará ante el Congreso una terna para la designación de vicepresidente.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido en juicio político luego de que 1933 fuera cesado Juan de Dios Martínez (1932-1933).
Lasso tiene la opción constitucional de disolver el Congreso, por una sola vez y en los tres primeros años de administración, para dar paso a elecciones generales anticipadas de donde saldría un gobernante encargado de terminar el actual período.
Esa opción, llamada "muerte cruzada", la puede decretar antes de la votación en el juicio.
El mandatario ha señalado que apelaría a la causal de obstrucción de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, que no requiere dictamen previo de la Corte Constitucional, para disolver el Congreso.
La ley también le permite hacerlo por grave crisis política y conmoción interna, y por arrogación de funciones.
"Ese es el mejor escenario para el correísmo porque en los próximos 45 días tendríamos elecciones", sostuvo Oyarte. Esa corriente política aspira retomar el poder a pesar de que su líder está condenado en Ecuador a ocho años de cárcel por corrupción.
"Sería notoriamente una irresponsabilidad política del presidente la mal llamada 'muerte cruzada'. Es decir, para evitar su destitución, permanece en el cargo tres o cinco meses más, dependiendo si hay o no segunda vuelta presidencial, y le entrega la banda presidencial a alguien de izquierda", añadió Oyarte.
De permanecer en el cargo, el mandatario, cuyo partido cuenta con una docena de curules y suma un total de 25 con los de aliados, deberá seguir enfrentando a inestabilidad institucional.
"¿Qué va a hacer el presidente Lasso los siguientes dos años? Porque tendrá que trabajar con esta Asamblea, con una situación de un presidente que ha roto todos los puentes y canales de comunicación con los demás partidos", sostuvo Oyarte.
Con información de AFP y EFE
