La respuesta a las protestas en Perú ha ido de la estigmatización a “masacres”

Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica han publicado antes informes en el mismo sentido. Estos son algunos de los principales hallazgos de estos reportes.

¿Qué pasó en Perú?

El 7 de diciembre de 2021, el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue destituido y detenido luego de haber informado que cerraría el Parlamento e instauraría un gobierno de excepción basado en decretos para restablecer el estado de derecho y la democracia. Castillo fue acusado tramar un golpe de Estado para evitar un juicio político por cargos de corrupción.

Depuesto Castillo, quien fuera electo en julio del 2021, su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo, según lo dispone la Constitución del país. Boluarte es la sexta mandataria de Perú a partir de julio de 2016.

“Estos acontecimientos desataron en todo el país una ola histórica de movilizaciones que encontraron como respuesta medidas de represión y uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden”, indicó la ONU en un comunicado.

Estigmatización de la protestas

Amnistia Internacional acusó al presidenta Dina Boluarte de estigmatizar a los manifestantes en sus discursos.

"El Poder Ejecutivo de Perú, incluyendo la presidenta y el presidente Consejo de Ministros, estigmatizaron a los manifestantes como radicales violentos y ninguna vez pidieron cuentas públicamente a la Policía y al Ejército", señaló la secretaria general de AI, Agnès Callamard, en una rueda de prensa en Lima.

"Aunque muchos protestas eran pacíficas, la presidenta deliberadamente difundió desinformación sin evidencias, y en lugar de condenar la actuación policial alabó a las fuerzas del orden llamándola 'impecable', causando un significante sufrimiento víctimas y familiares (...) lo que creo las condiciones en las que los ataques se legitimaron en los ojos de la sociedad", indicó.

A la presentación del informe también acudieron familiares de víctimas fallecidas en enfrentamientos con la fuerzas del orden.

"En reiteradas veces hemos escuchado a la presidenta mencionar que Puno no es el Perú, nos ha tildado de ponchos rojos (supuesto grupo radical boliviano), de narcotraficantes y contrabandistas. Una serie de términos que, después de la muerte de nuestros seres queridos ha ido ahondando más en nuestro dolor", dijo a EFE con lágrimas en los ojos Raúl Samillán.

Samillán es hermano de uno de los 49 fallecidos y el presidente de la asociación de mártires y victimas del 9 de enero de Juliaca, fecha y ciudad en la que 18 personas perdieron la vida en enfrentamientos con la Policía.

Expresó que se puede ver claramente la estigmatización hacia su pueblo, porque las fuerzas del orden mataron a personas de extrema pobreza y que viven en los Andes, algo que no han hecho en Lima.

El relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, Clément Nyaletsossi Voule, denunció en su informe la exclusión, el racismo y la discriminación que existen de manera muy arraigada en Perú, considerando que afectaron la respuesta gubernamental a las movilizaciones.

Volue detalló que las comunidades indígenas que protestaron fueron estigmatizadas y llamó al gobierno a reconocer que se les reprimió de forma violenta y desproporcionada.

“Las poblaciones indígenas y rurales se sienten particularmente excluidas y no representadas en los sistemas económico, social y político del país. Son las más impactadas por la exclusión y la pobreza y no se han beneficiado de los años de democracia”, señaló.

Voule planteó la necesidad de que Perú aborde las profundas injusticias sociales y económicas, y las disparidades que afectan a las comunidades rurales e indígenas, garantizando su acceso a la justicia, la educación y los servicios de salud.

El país debe aceptar que la solución a esta crisis reside, en gran parte, en la inclusión y justicia hacia esas comunidades, apuntó.

Ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció en mayo la eventual ejecución y masacre de manifestantes durante la represión.

El organismo de la OEA señaló en un informe a los agentes del Estado por su presunta responsabilidad en "múltiples" muertes de civiles y pidió a la justicia peruana "investigar, juzgar y sancionar" a los responsables.

La respuesta de los efectivos de seguridad "no fue uniforme en todo el territorio nacional y hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos", señaló la CIDH.

En ese sentido, detalló lo ocurrido en la ciudad de Ayacucho (sur), donde murieron diez manifestantes, ocho de ellos durante el intento de toma del aeropuerto local el 15 de diciembre.

"Al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, (las muertes) podrían calificarse como una masacre", señaló la Comisión.

Según la CIDH, "al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales".

Las víctimas recibieron "impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones, en la parte superior del cuerpo".

El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, señaló también la organización Human Rights Watch (HRW), de acuerdo con un informe de 117 páginas, publicado el 26 de abril.

“Durante semanas, mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes, el gobierno de Boluarte parece haber mirado hacia otro lado”, señaló César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch. “Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.

Con información de AFP y EFE