Dos años después de las manifestaciones antigubernamentales en Cuba, por las que cerca de 500 personas han sido condenadas, la isla comunista sigue sumida en una profunda crisis económica y social que alimenta el descontento, pero también la represión contra voces disidentes.
Las calles de La Habana permanecieron en calma este martes, con sus habitantes dedicados a las actividades cotidianas habituales, constató AFP.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos se habían volcado a las calles al grito de "Tenemos hambre" y "Abajo la dictadura", después de meses de estricto confinamiento por la pandemia y de una crítica situación económica ante la ausencia de turistas, en unas protestas inéditas desde la Revolución de 1959.
Entre los más de 1,500 detenidos por esas marchas casi 700 siguen en prisión, según la ONG Justicia 11J, ahora con sede fuera de la isla. De acuerdo con autoridades, Cerca de 500 presos han recibido condenas, algunos de hasta 25 años.
El gobierno acusó este martes nuevamente a Estados Unidos de haber orquestado las marchas para derrocarlo.
"Desde Estados Unidos se orientó e incitó a que en Cuba se cometieran actos de violencia y provocaciones contra las autoridades. Se montó una campaña para generar durante semanas la imagen de un país en crisis social", dijo en Twitter el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.
De su lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, urgió en un comunicado a "la comunidad internacional a unirse a nuestra demanda al gobierno cubano para que libere a cientos de estudiantes, periodistas, artistas, jóvenes y otros injustamente encarcelados".
Aunque el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró hace un año que el país de 11 millones de habitantes superaría la "compleja situación económica", Cuba sigue luchando por salir del atolladero.
La inflación incontrolable, la lenta recuperación del turismo, la caída de la producción azucarera, los altos precios internacionales que agudizan la escasez, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y una emigración récord son factores internos y externos que se han combinado para llevar al país a su peor crisis desde los años noventa.
Para Yaneysi, una vendedora de artesanías de 31 años, "la situación económica está como antes del 11 de julio, quizás peor, porque hay menos, menos comida, menos medicamentos, los precios por el cielo".
"Hay que volverse mago para conseguir lo necesario", dice a la AFP.
Ante estas dificultades, el gobierno aceleró la apertura económica, que es esencialmente estatal, hacia el sector privado, que alivió ciertas carencias, pero aumentó las desigualdades debido a los altos precios.
Las actividades cotidianas se realizaban con normalidad este martes en La Habana, bajo la observación de un sinnúmero de agentes de la seguridad del estado vestidos de civil apostados en muchas calles, constató la AFP.
Yoani Sánchez, periodista y fundadora del sitio de noticias 14ymedio, dijo en un tuit que "desde muy temprano se ha desplegado un operativo de la policía política" abajo de su edificio para impedirle salir a la calle.
Mientras que el opositor Manuel Cuesta Morúa dijo que estaba "sin internet y con una patrulla" frente su domicilio.
Pese a las duras condenas impuestas a los manifestantes del 11 de julio, los cubanos, atrapados en una situación material muy precaria, dudan menos en expresar su descontento con las autoridades.
En 2022 estallaron manifestaciones esporádicas contra los cortes de electricidad en varias provincias y en La Habana. En mayo, decenas de personas se manifestaron contra la escasez de alimentos y medicinas en Caimanera, una pequeña localidad 1,000 km al este de La Habana.
"Las protestas son un reflejo de esa caída de la credibilidad" del gobierno, que se esfuerza por proponer salidas a la crisis, dijo el sociólogo Rafael Hernández.
Opositores y activistas denuncian regularmente detenciones arbitrarias, hostigamiento o presiones para abandonar su país. Justicia 11J lanzó recientemente una campaña para alertar sobre el arresto de "diez activistas y disidentes cubanos" que siguen encarcelados, bajo una "nueva ola de represión".
Jóvenes activistas que fueron el rostro de la movilización, entre ellos el dramaturgo Yunior García y la historiadora del arte Carolina Barrero, se vieron obligados a abandonar Cuba. Otros fueron detenidos, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años y que el viernes inició una huelga de hambre.
Mientras que 15 organizaciones de derechos humanos latinoamericanas, entre las que está Civil Rights Defenders y Artículo 19, pidieron a la Unión Europea y a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que "exijan" a La Habana "garantizar el derecho a la protesta y liberar" a los manifestantes presos.
El Vaticano y la Unión Europea han pedido también la liberación de los manifestantes encarcelados.
