El fenómeno de Javier Milei ganó fuerza en Argentina en 2020. En plana pandemia, centenas de sus jóvenes seguidores salieron a las calles a protestar contras las medidas de aislamiento social implementadas por el gobierno del peronista Alberto Fernández y reivindicaron su derecho a tomar la vías públicas.
Pero, una vez en el gobierno, Milei anunció medidas para impedir que las protestas se adueñen de las calles.
Manifestaciones que corten la circulación tendrán "consecuencias", advirtió este jueves el gobierno de ultraderecha de Javier Milei en el anuncio de un "protocolo antipiquete" que endurece medidas del orden público para Argentina.
"Las calles no se toman... si se toman la calle va a haber consecuencias", dijo en rueda de prensa la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. "Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz".
El anuncio llega en el cuarto día del gobierno de Milei, que asumió el domingo, y a menos de una semana de manifestaciones en conmemoración de la crisis económica y protestas de 2001, que dejaron 38 muertos producto de la represión policial.
"Hemos vivido muchos años en prisión bajo un desorden total y absoluto", insistió Bullrich, que según medios anunció un plan similar cuando ejerció el mismo cargo en el gobierno del derechista Mauricio Macri (2015-2019).
Con ese protocolo, el gobierno advirtió de que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) no permitirán cortes de calles y carreteras ni bloqueos a empresas como forma de protesta social o sindical.
Bullrich también dio su mensaje solo dos días después de que Milei anunciara las primeras medidas de un plan de shock para tratar de atajar la crisis argentina.
Tres días después de asumir el poder, Milei, un economista de 53 años que durante la campaña blandía una motosierra para simbolizar su idea de recortar el gasto público, inició el tratamiento de "shock" que cree que sacará a Argentina de la crisis.
Propone realizar un ajuste fiscal equivalente a 5% del Producto Interno Bruto. El gobierno no oculta el hecho de que el país estará peor antes de ver una mejoría.
"A este gobierno no le han dejado un paciente con un dolor de muelas, hemos encontrado un paciente en terapia intensiva a punto de morirse. No estamos dispuestos a que se muera", dijo este miércoles el portavoz del gobierno, Manuel Adorni.
Los cortes van desde una devaluación de 50% del peso hasta un recorte de los generosos subsidios al transporte, energía y al combustible, y la suspensión de la obra pública.
El objetivo es recortar unos 25,000 millones de dólares de gasto público, 5% del PIB del país, en un intento por revertir un déficit fiscal crónico en la tercera economía más grande de América Latina.
Milei advirtió contra los piquetes y manifestaciones, parte del ADN de Argentina con fuertes movimientos sindicales y sociales. "El que corta no cobra" ayudas sociales, dijo cuando asumió el poder.
"Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación", añadió Bullrich y anunció "sanciones a aquellos que lleven niños" a marchas, que según el gobierno son usados como "escudos" contra la fuerza pública.
Advirtió además que "todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables". "El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad".
El protocolo, publicado en el Boletín Oficial de Argentina el 14 de diciembre, consta de los siguientes 12 puntos.
1. Que las cuatro fuerzas federales intervendrán frente a cortes, piquetes o bloqueos, ya sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple.
2. Las fuerzas podrán intervenir sin orden judicial, como lo determina el artículo 194 del Código Penal para los delitos en flagrancia.
3. No se tomará en cuenta que hayan vías alternativas al tránsito o la circulación. Si se corta la vía principal, se libera la vía principal.
4. Se actuará hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación
5. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia.
6. Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito.
7. También se identificarán a los vehículos utilizados para registrar una infracción administrativa y/o penal.
8. Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondientes.
9. También se dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Por ejemplo: la quema de cubiertas.
10. En el caso de participación de niños y adolescentes se dará aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a aquellos que lleven niños a los piquetes.
11. Los costos vinculados a los operativos de seguridad serán cubiertos por las organizaciones o individuos responsables. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones.
12. Se creará un registro de las organizaciones que participan en este tipo de hechos.
La ministra de seguridad dijo que así queda derogado el "protocolo garantista de Nilda Garré", en alusión a la exministra de Defensa (2005-2010) y de Seguridad (2010-2013) con los peronistas Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
Bullrich se refiere a la resolución de Garré de 2011, que aspiraba a resolver conflictos sin "daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación". Para ello, prohíbe que los agentes porten armas de fuego, restringe el uso de porras de goma y obliga a que los uniformados estén identificados.
Este anuncio generó críticas inmediatas desde varios sectores de la población argentina, así como fuera del país, pues dicen que la medida puede derivar en abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
"Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza". "Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, dijo Clément Voule, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de Naciones Unidas.
“Silenciar las voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales”, aseguró.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo —un colectivo que busca a los hijos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar— calificó esta medida como "violenta, inconstitucional y fascista", e hicieron en las similitudes que encuentran con comunicados pasados de la dictadura.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también rechazó el protocolo y adelantó que pedirá la "derogación por vía judicial".
Para el organismo, el protocolo "es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri —del que también Bullrich fue ministra de seguridad—, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal".
La APDH también que el protocolo es "inconstitucional y rotundamente antidemocrático", y anunció que “postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar”.
Con información de AFP
