El presidente Javier Milei enfrentará el miércoles una huelga general convocada por la mayor central sindical de Argentina, en el primer gran desafío a las reformas ecónómicas que emprendió desde que llegó al poder hace un mes y medio.
La Confederación General del Trabajo (CGT), de orientación peronista, rechaza en particular los cambios por decreto del régimen laboral que impulsa Milei, que limitan el derecho de huelga y afectan la financiación de los sindicatos.
"Ningún gremio está en posición de ceder ni un centímetro de lo logrado", advirtió Facundo Moyano, cosecretario general de la CGT, que rechaza también la llamada "Ley Ómnibus" de reducción de gastos y desregulación de la economía que trata el Congreso, donde el oficialismo está en minoría.
También adhirió a la convocatoria la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA), segunda central sindical, así como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Organizaciones ciudadanas y sindicales internacionales llamaron a movilizarse a favor de los manifestantes en Argentina y se esperan actos en Montevideo, Madrid, Londres, Berlín y París, entre otras ciudades.
Será la primera manifestación de alcance nacional contra el gobierno y sus draconiananas medidas de ajuste con las que busca contener una inflación anual de 211%, récord en 30 años.
En diciembre, el consumo se contrajo 13.7% anual y la producción de las pequeñas industrias cayó 26.9%, según la cámara empresaria CAME.
Además, la devaluación del 50% y la liberación del precio de los combustibles, entre otras decisiones de Milei, recortaron fuertemente el poder adquisitivo de asalariados y jubilados, y el descontento se trasladó directamente a las calles.
Este martes, un centenar de personas se manifestaban -una vez más- llevando ollas vacías frente a la residencia presidencial de Olivos, en el norte de Buenos Aires, como un preludio de lo que será el día después.
Mariano Marín, un activista de Barrios de Pie, que organiza comedores populares, contó a la AFP que "muchas personas que no estaban viniendo a los comedores ahora se están acercando para completar una comida".
Sin embargo, varios sondeos muestran que el presidente mantiene entre 47% y 55% de imagen positiva.
La huelga durará 12 horas a partir del mediodía, y arrancará con una marcha desde la sede de la CGT, a pocas calles de Plaza de Mayo, hasta el Congreso.
"El paro del miércoles lo que te va a mostrar es que hay dos Argentinas. Hay una Argentina que se quiere quedar en el atraso, en el pasado, en la decadencia", dijo el presidente sobre la huelga.
El gobierno afirmó que descontará el día a los trabajadores estatales que se unan al paro. "Quien no trabaja, es razonable que no cobre", afirmó el vocero Manuel Adorni.
El Ejecutivo también abrió una línea telefónica "gratuita y anónima" para "todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados u obligados a parar" por sus sindicatos. En Argentina, uno de cada cuatro trabajadores está sindicalizado.
La práctica fue estrenada en diciembre, ante incipientes protestas contra el gobierno. En las estaciones de trenes suburbanos se difundieron todo el día mensajes invitando a denunciar presiones para sumarse a marchas y actos, un recurso tachado de "orwelliano" por los opositores.
Desde su creación, la línea recibió 53,300 llamadas con denuncias y para esta primera huelga nacional otras 3,000, afirmó el martes Adorni, aunque el gobierno nunca entregó el detalle a la justicia.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que puso a prueba en diciembre su llamado "protocolo anti-piquete" o contra los cortes de rutas, reiteró antes de la huelga de la CGT que el mecanismo de control de multitudes "está vigente".
Entre otras cosas, este protocolo impide cerrar calles y exige a los manifestantes que se limiten a reunirse en aceras y plazas.
"¿Quiere que lleve 40,000 camioneros a upa [cargados] o en fila india?", desafió Moyano, e hizo "responsable" a la ministra "de cualquier inconveniente".
El mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de 366 artículos dictado por Milei apenas asumió, introduce varios cambios de fondo en la antigua y consolidada legislación laboral argentina, en particular sobre el ejercicio del derecho a huelga.
Milei exige coberturas mínimas de 75% en servicios esenciales como educación, transporte y alimentación, entre otros, e impulsa despidos con causa a huelguistas.
El DNU también regula asambleas laborales, condiciona la recaudación de fondos sindicales y reduce indemnizaciones por despido.
La CGT cuestionó la inconstitucionalidad del capítulo laboral del megadecreto ante la justicia, que suspendió provisoriamente sus efectos. La decisión fue apelada por el gobierno y el caso ya fue elevado a la Corte Suprema, actualmente en receso.
Para Milei, "esta es la primera vez que (con un DNU) se devuelven libertades a los ciudadanos, que se arma un sistema para que los mercados sean más competitivos y además se eliminan tongos [amaños]. Y ahí tenés por qué están tan enojados".
