La táctica es sencilla, incluso básica, pero extremadamente eficaz: ganar tiempo. A fuerza de apelaciones, con argumentos a veces sorprendentes, Donald Trump se propone evitar la mayoría de sus juicios penales antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
El candidato republicano, que se enfrentará en las urnas al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones del 5 de noviembre, hace cuanto puede por retrasar los juicios que tiene pendientes, cuatro de ellos en el ámbito penal.
Incluso cuando no gana el caso, el tiempo que se tarda en dirimir cada una de sus apelaciones acerca al expresidente (2017-2021) a la meta.
Cuando las acusaciones se formalizaron, el año pasado, todo indicaba que el calendario parecía estar contra el magnate: cuatro juicios penales en cuatro ciudades, todos en el mismo año en que se postula para presidente. Pero ha ocurrido exactamente lo contrario.
Hasta el momento, la estrategia de Trump le ha dado resultados.
Donald Trump logró aplazar indefinidamente su juicio a nivel federal en Washington, por injerencia electoral en 2020, el cual debía comenzar el 4 de marzo, al conseguir que la Corte Suprema examine si tiene la inmunidad penal que él reclama como expresidente. Pero no se espera que el máximo tribunal se pronuncie antes de junio o julio.
En Florida, los fiscales pidieron el 11 de marzo a la jueza que rechazara sin posibilidad de apelación la petición de Trump de cancelar su procesamiento en nombre de la supuesta "inmunidad" presidencial por el asunto de los documentos clasificados, para "no fomentar tales tácticas dilatorias".
En este caso, la defensa llegó incluso a invocar la regla no escrita del Departamento de Justicia de abstenerse de presentar acusaciones con posibles repercusiones políticas en los 60 días anteriores a elecciones importantes.
Los fiscales aclararon inmediatamente que esta norma se aplica al inicio de un proceso, no a la celebración de un juicio.
En Georgia, Donald Trump y otros 14 coacusados por presuntos intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020 en este estado clave del sureste obligaron al tribunal a examinar durante semanas un posible conflicto de intereses de la fiscal a cargo porque mantuvo una relación íntima con un investigador del equipo de trabajo.
Finalmente, el juez desestimó bajo condiciones el desistimiento de la fiscal el 15 de marzo, pero aún no se fijó fecha para este juicio, más de siete meses después de la publicación del auto de procesamiento.
El caso en Manhattan, donde el fiscal de distrito acusó al exmandatario de encubrir un escándalo sexual durante y después de la campaña presidencial de 2016, ha sido el único que no se ha sumido en los retrasos, aunque no ha sido por falta de intentos de la defensa de Trump.
El 9 de abril, Trump perdió su segundo intento desesperado en otros tantos días de retrasar su juicio del 15 de abril por cargos penales derivados del dinero pagado a una estrella del porno para mantener su silencio.
Los abogados del expresidente estadounidense argumentaron en una audiencia en un tribunal de apelaciones estatal de nivel medio que el juicio debe retrasarse para darle la oportunidad de impugnar una orden de mantener silencio sobre el caso.
La jueza asociada Cynthia Kern denegó con rapidez la solicitud de aplazamiento, pero un panel completo de jueces de apelaciones considerará más tarde la impugnación subyacente del candidato presidencial republicano a la orden de mordaza.
Otro juez denegó un día antes la petición de Trump de retrasar el juicio mientras trata de trasladar el caso fuera de Manhattan, una zona fuertemente demócrata. Sus abogados dijeron que un sondeo realizado a los residentes de Manhattan mostró que el 61% de los encuestados piensa que Trump es culpable y que el 70% tiene una opinión negativa de él.
En una audencia previa, el abogado de Trump, Emil Bove, dijo que la orden del juez Juan Merchán que restringe sus comentarios públicos debería modificarse para permitirle responder a las críticas públicas formuladas por posibles testigos en el caso.
El juicio dio inicio el lunes 15 de abril con la selección del jurado, que se prolongó hasta el viernes 19 de abril. La defensa de Trump dijo
Los 12 miembros del jurado, junto con seis suplentes, examinarán las pruebas en el primer juicio de la historia de Estados Unidos en que se busca determinar si un expresidente infringió la ley.
El jurado está compuesto por siete hombres y cinco mujeres, en su mayoría empleados en profesiones de cuello blanco: dos abogados de empresa, un ingeniero informático, un fonoaudiólogo y un profesor de inglés. La mayoría no son nativos de Nueva York, sino que proceden de todo Estados Unidos y de países como Irlanda y Líbano.
Los alegatos iniciales iniciaron este lunes. La fiscalía acusa a Trump de conspirar para alterar los resultados de la elección de 2016. Se espera que el juicio dure seis semanas.
Si es condenado, Trump aún podría presentarse a las elecciones y ejercer como presidente si gana. Una encuesta de Reuters/Ipsos reveló que la mitad de los independientes y una cuarta parte de sus correligionarios republicanos no le votarían si es declarado culpable.
El exfiscal federal Andrew Weissmann reconoció que la mayoría de los acusados no quieren ir a juicio e intentan "retrasarlo lo más posible", pero lamentó las "demoras excesivas" de algunas jurisdicciones.
Weissmann consideró "inexcusable" que la Corte Suprema no haya fijado un calendario acelerado sobre el tema de la inmunidad y denunció los errores del magistrado en el juicio federal en Florida (sureste), donde el expresidente está implicado por la forma en la que gestionó documentos clasificados después de finalizar su gestión en la Casa Blanca.
"Se trata de tácticas clásicas para un acusado que no quiere ir a juicio", coincidió Daniel Richman, otro exfiscal federal y profesor de la Universidad de Columbia.
"Pero cuando implica a un expresidente, los asuntos que hay que resolver no tienen necesariamente precedentes y requieren una mayor participación de los tribunales, o incluso de la Corte Suprema", explicó a la agencia AFP.
"Así que cualquiera que piense que los abogados de Trump son una especie de magos o genios se equivoca", añadió.
"Los tribunales no deberían prestarse a estas estratagemas", declaró a la cadena CNN el legislador demócrata Adam Schiff, exmiembro de la comisión parlamentaria de investigación sobre el ataque contra el Capitolio —sede del Congreso—, perpetrado el 6 de enero de 2021 por una multitud de partidarios de Trump para impedir la certificación de Biden como presidente.
Al igual que los dos exfiscales, Schiff cree que el Departamento de Justicia tendría que haber iniciado antes un procedimiento federal contra Trump.
Este retraso ha contribuido a la posibilidad de que no tenga lugar ninguno de estos juicios pero "todavía creo y espero que al menos uno o dos puedan comenzar antes de las elecciones", afirmó.
Si fuera elegido de nuevo, Donald Trump podría, tras la investidura en enero de 2025, ordenar el abandono de los procedimientos federales en su contra.
