¿Cómo le ha ido a Bolivia con la elección directa de jueces?

La iniciativa no solo incluye a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también a los magistrados de circuito, los jueces de distrito y a los ministros del Tribunal Superior electora.

Solo en un país de América Latina se contempla la elección directa de los jueces que conforman los principales tribunales. Se trata de Bolivia, donde desde 2011 se llevan a cabo elecciones judiciales para elegir a los 28 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Esto es lo que sabemos sobre este modelo de selección de parte de los integrantes del poder judicial en Bolivia y los problemas que ha enfrentado.

¿Qué dice la constitución de Bolivia sobre la elección de jueces?

En 2009, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia introdujo el sistema de elección popular de cortes más altas de la justicia de este país sudamericano. De acuerdo con esta normativa, se lleva a cabo un proceso de preselección por las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el parlamento boliviano.

El artículo 178 de la Constitución de Bolivia establece que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídica, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.

La designación de las autoridades en las altas cortes se hace por voto popular: magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Agroambiental y de los consejeros del Consejo de la Magistratura.

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con el artículo 182 constitucional, son elegidos por sufragio universal con base en una preselección que hace la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de sus miembros presentes.

El proceso inicialmente incluía la evaluación de los méritos de cada aspirante y realizar entrevistas públicas a los interesados por la Asamblea Plurinacional. El proceso de 2011 recibió críticas por la falta de criterios uniforme sobre la selección de aspirantes, por que fue reformada para incluir a la Universidad Boliviana en el proceso de 2017.

La ley manda que los candidatos no tengan militancia política, no hayan sido parte de gobiernos dictatoriales ni hayan estado involucrados en violaciones a derechos humano

El proceso electoral es celebrado por el Órgano Electoral.

En este proceso electoral existe una prohibición para los candidatos o terceras personas de realizar campaña electoral y de pertenecer a organizaciones política. El Órgano Electoral es el encargado de difundir los méritos de os candidatos.

En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional se incorpora el criterio de plurinacionalidad en su elección. Esto quiere decir que tiene. Que existir participación de representantes del sistema ordinario de justicia y del sistema indígena originario campesino.

El voto en estas elecciones es obligatorio.

Cómo han sido las elecciones de jueces en Bolivia

Hasta el momento, solo se han realizado dos elecciones judiciales en Bolivian, en 2011 y 2017.

En el primer proceso, el país eligió por primera vez a los 28 integrantes titulares y 28 suplentes de los cuatro tribunales nacionales de justicia. Los candidatos de las elecciones eran 116 preseleccionados por la Asamblea Plurinacional de entre 600 postulantes originales.

En 2017, fueron 96 aspirantes para ir a las urnas aunque el número de puestos se redujo de 56 a 26 por una reforma.

Debido a las limitaciones para hacer campaña, el proceso no fue difundido de manera adecuada en 2011, lo que no permitió conocer las propuestas de los aspirantes y provocó una baja participación electoral.

“Existe unanimidad en que el resultado de ambos procesos de elección no ha logrado resolver los grandes problemas de la justicia boliviana”, como la corrupción y la falta de certidumbre jurídica, indican los abogados Fernando B. Escobar Pacheco y Alfio M. Russo en el artículo "Elección Popular de jueces en Bolivia: aportes del derechos constitucional comparado al debate”.

Los autores señalan que el principal problema de este sistema de selección que no está debidamente estructurado con los otros componentes del sistema judicial boliviano, como la designación de los jueces de instancia, el control disciplinario de las autoridades judiciales, la evaluación y la promoción de jueces, entre otros.

“Si la garantía de independencia judicial radica en la carrera judicial, ¿por qué las altas autoridades judiciales se deben elegir por voto popular? parece difícil tener un sistema judicial cuya autoridad no podrá llegar a ser una alta autoridad de la judicatura, en el marco de la propia carrera judicial y cuya nominación dependa de instancia exteriores”, como el voto popular, señalan los abogados.

Otros especialistas indican que tanto en las elecciones de 2011 como en las de 2017 no se pudo atenuar la intervención del poder político en la selección. Ya que la participación de la Asamblea Legislativa, controlada entonces por el partido Movimiento Al Socialismo (MAS), de Evo Morales.

“La experiencia boliviana demuestra que, pese a que el discurso democratizador situaba el eje del nuevo mecanismo en el voto popular, la toma de decisiones estuvo a cargo de la Asamblea Legislativa en la etapa de preselección de aspirantes”, indica Luis Eliud Tapia Olivares, abogado y profesor universitario, en un artículo para la revista Nexos.

Una crisis judicial

Los procesos de selección de jueces en Bolivia se deben realizar cada seis años, por lo que el año pasado debieron celebrarse las terceras elecciones para seleccionar a los magistrados de las principales cortes bolivianas, pero no fue así.

La falta de acuerdos en el Congreso postergó la realización de las elecciones judiciales en 2023, pues el proceso de preselección de los candidatos quedó trabado. Por esta razón, el Tribunal Constitucional prorrogó su mandato y el de los otros órganos judiciales para evitar el vacío de poder.

Los sectores más cercanos al expresidente Evo Morales dentro del partido MAS exigían la renuncia de los magistrados de los máximos tribunales del país, que debieron dejar su puesto el 31 de diciembre de 2023.

Morales acusa al gobierno de Luis Arce —un antiguo colaborador del que está distanciado desde 2021— de boicotear las elecciones judiciales y avalar la prórroga de magistrados y consejeros.

La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha manifestado su preocupación por el retraso en el proceso de elección de las principales autoridades judiciales de Bolivia.

“La realización de estas elecciones judiciales es uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia en Bolivia. Con esto en mente, insisto en la importancia de realizar un proceso transparente, participativo e integral para preseleccionar a las y los candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y avanzar en la celebración de elecciones”, dijo Sattewrwhite, de acuerdo con un comunicado.

"Dado que hasta el momento no se ha fijado una fecha para las elecciones judiciales, me preocupa que esta falta de acuerdo político pueda socavar la independencia del poder judicial en el país y que los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido", dijo Satterthwaite.

El 8 de febrero de 2024, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que las elecciones judiciales se podrían realizar el 22 de septiembre de este año si el Congreso emite la convocatoria, después de que el presidente Arce promulgara una ley a respecto.