El gobernante izquierdista acudió entonces al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de estar a su servicio, para pedirle "certificar" la elección del 28 de julio.
"Sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la Sala Electoral (del TSJ) que pueda validar el fraude electoral que se pretende imponer", señaló el documento divulgado en redes sociales por la líder opositora María Corina Machado y González Urrutia.
"Los magistrados" del TSJ "estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa", añadió la carta, avalada por la coalición Plataforma Unitaria.
El texto acusa a la autoridad electoral de incumplir sus funciones: "La Sala Electoral (...) no puede atribuirse las funciones y facultades del órgano electoral, pues no le competen”.
"El CNE (Consejo Nacional Electoral) es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos de los venezolanos y a publicar las actas de escrutinio de esos votos. Sin embargo (...), esa institución no cumplió con los lapsos previstos y se ha negado a presentar los resultados por mesa", continuó.
La oposición publicó en la web copias de las actas electorales que sostienen que prueban el triunfo de González Urrutia. El gobernante chavismo, no obstante, ha desestimado la validez de estos documentos.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen la proclamación de Maduro.
"No aceptaremos la judicialización del cambio democrático que el pueblo decidió", sentenció la carta publicada por la oposición.
